El debate entre las organizaciones guerrilleras que precedió a la fuga del penal de Rawson ilustra sobre las insuperables limitaciones políticas de éstas.

Para los Montoneros, la fuga era perjudicial para el proceso electoral en curso; para las FAR, por el contrario, lo favorecería, al obligar a los militares a hacerlas rápidamente y con menores limitaciones políticas. Queda en claro que, para unos y para otros, el objetivo estratégico era la realización de las elecciones.

El Cordobazo de mayo de 1969 había puesto a la dictadura en una crisis mortal; con la pueblada cordobesa comenzó una generalizada irrupción de las masas en la escena política (que se manifestó de una manera aguda en las puebladas que la siguieron, el Mendozazo, el Viborazo, el Choconazo). El ascenso del clasismo estaba mostrando la tendencia de la clase obrera a emanciparse de la tutela de la burocracia sindical y de los partidos patronales.

¿En qué consistía entonces la política revolucionaria? En desarrollar a fondo la tendencia de los trabajadores y la juventud a la rebelión y a la organización independiente, y en alertar a los trabajadores de que las elecciones –que estaban negociando el alto mando lanussista, la oposición burguesa encabezada por la UCR, y Perón– tenían por objeto encauzar el alza popular detrás de Perón y liquidar, por la vía democrática, la crisis abierta por el Cordobazo. Las elecciones, como lo denunció entonces Política Obrera, eran el arma de la burguesía y el imperialismo contra el levantamiento popular.

Treinta años después, el Argentinazo abrió una crisis de poder que se caracteriza por una inusitada acción independiente de las masas, en particular del movimiento piquetero y de las Asambleas Populares, en el cuadro de un agudo derrumbe económico. Contra este levantamiento, el régimen recurre, otra vez, al arma electoral para desarmar políticamente al pueblo.