El Indec dio a conocer los números de la inflación del pasado mes de diciembre, con un aumento promedio de 5,1%, consolidando así la inflación final para todo el año 2022 en un 94,8%: la más alta en los últimos 31 años. Por esta vía, el gobierno aplica un ajuste selectivo contra los trabajadores, licuando el gasto público y social y beneficiando a diversos sectores capitalistas con políticas específicas.

Se trata de la publicación de los números del Índice de Precios al Consumidor, donde se destaca alza en los precios, para el mes de diciembre, de Transporte (5,8%), Bienes y servicios varios (5,7%), Salud (5,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%).

La medición interanual es quizás el dato más preocupante. Con estos números, la gestión de Alberto Fernández y el Frente de Todos batió récords en las últimas tres décadas, superando el 84% acumulado en 1991 y el 54% en el último año de Mauricio Macri. El gobierno también superó en tres años la inflación total de los últimos mandatos precedentes.

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Los precios al consumidor (#IPC) subieron 5,1% en diciembre de 2022 respecto de noviembre y acumularon un alza de 94,8% en el año https://t.co/kuHO0iuh4w pic.twitter.com/fZdwGFm3Gh

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 12, 2023

Las consecuencias del pacto con el FMI

Por fuera de lo que se quiere hacer pasar como un efecto solo de la especulación capitalista y de los formadores de precios, la escalada inflacionaria responde a la aplicación concreta de la agenda del FMI.

El gobierno es uno de los principales promotores de los aumentos, con la liberación de las tarifas de los servicios públicos, como el transporte, la luz, el agua y el gas; la autorización de sucesivos aumentos en las telecomunicaciones; los aumentos liderados por YPF en los combustibles; las alzas en salud y en la medicina privada, con todo un régimen de excepción; etc.

Todos elementos de la política de recorte fiscal a expensas del pueblo trabajador, ya que el gobierno ha decidido no afectar los intereses patronales, por ejemplo, abriendo los libros de las productoras y distribuidoras energéticas, o de las concesionarias del trasporte público, ni controlando la cadena de valor otras medidas.

Programas fallidos

El gobierno celebra una supuesta desaceleración de la inflación cuando aún se mantienen índices elevados. Gran parte de los analistas proyectan que la “mejoría” se debe a un fenómeno pasajero por la implementación de compromisos de regulación de precios (Precios Justos) que rebotaran más temprano que tarde, como ocurriera con los programas antecesores (Precios Cuidados, Super Cerca, etc.).

Las elevadas tasas de interés para colocar los bonos de deuda que el gobierno requiere para cumplir con las metas de emisión y/o absorber el dinero emitido también recalientan los precios y la financiación de los bienes de consumo.

A su vez, el gobierno tiene en agenda achicar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar libre, lo que tendrá consecuencias –muchas ya impactan- sobre toda la cadena de valor. Diferencia que se ha expresado en el reclamo patronal de políticas como el dólar soja –en sus ambas versiones- que impactaron en mayor inflación y en un encarecimiento de los alimentos.

La suba de los alimentos ha sido el tema clave –y lo sigue siendo- de toda esta política, impactando particularmente sobre los trabajadores y sectores más vulnerables. El gobierno, haciendo gala de su dependencia de los dólares que ingresan por los exportadores agropecuarios, ha privilegiado el mercado internacional por sobre interno, con el traslado de los precios a “la mesa de los argentinos”, incluso con el agravante del impacto de la guerra en Ucrania. Algo que, entre otras cosas, llevó a la caída histórica en el consumo per cápita de carne en el país.

El gobierno viene aplicando el pacto con el FMI con el consecuente ataque al pueblo trabajador: no se trata de una “situación obligada”, sino de una orientación que privilegia los negocios capitalistas contra las necesidades populares. La solución al problema de la inflación plantea invertir la ecuación, partiendo de desconocer el acuerdo con el FMI y colocar por delante los intereses obreros y populares, la recomposición general de los salarios, la apertura de los libros de las empresas alimentarias y estratégicas y el control por parte de la clase trabajadora de toda la cadena de valor, así como el comercio internacional.

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