Políticas

12/12/2022

Un blanqueo generoso con los evasores para pagarle al FMI

No pasa de la improvisación de un gobierno en crisis que difícilmente prospere.

Sergio Massa y Marc Stanley firmando el acuerdo de intercambio de información fiscal.

Tras la firma del acuerdo de intercambio automático de información tributaria entre Estados Unidos y Argentina, de éxito improbable, el gobierno local intenta poner en marcha el nuevo blanqueo de capitales que deberá someter a votación en el Congreso. Un premio a los evasores en función de recabar divisas para pagarle al FMI.

Como hemos señalado, poco podemos esperar del memorándum con Estados Unidos, comenzando por el hecho de que se trata del país que más favorece el ocultamiento de fondos de capitalistas no residentes, por encima de Reino Unido y Luxemburgo, según un informe internacional elaborado por la Red de Justicia Fiscal. A su vez, tenemos el antecedente de otros acuerdos del mismo tipo entre EE.UU y más de cien países, donde prima la demora en la entrega de datos (Ámbito, 12/12).

Por otra parte, las cuentas off-shore no están incluidas en el intercambio de información. Asimismo, solo se otorgarían los datos de los intereses, dividendos, rentas y regalías que repercuten en las cuentas bancarias que poseen los residentes argentinos en el territorio norteamericano, pero no del patrimonio -propiedades, acciones, títulos, etc.- que esté por fuera de esas cuentas; lo que resulta sumamente sesgado.

En cuanto al blanqueo, el proyecto de ley que trascendió, titulado “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, ofrece todo tipo de beneficios para quienes se adhieran. Por un lado, aquellos que ingresen en el primer tramo (cuyo cierre estimado es el 31 de marzo 2023) pagarán una alícuota preferencial. Además, la misma se reducirá a la mitad para las personas que no hayan sido gravados por el impuesto a la riqueza y repatríen tenencias en efectivo, en tanto y en cuanto el monto no supere el 35% del ingreso anual promedio de los últimos tres períodos fiscales, con un tope de U$S 50.000.

A su turno, dichos fondos quedarán eximidos de impuesto a las Ganancias, impuestos internos, IVA y Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas. Y, por supuesto, se libera a los sujetos de toda acción legal en su contra por no haber declarado esos bienes previamente. Como si fuera poco, el proyecto no obliga a quienes participen del blanqueo a repatriar la totalidad de los bienes que tienen radicados en el extranjero sin declarar. Un enorme jubileo a la clase capitalista que estafa al fisco y fuga divisas de manera compulsiva.

La iniciativa oficial contempla que el 20% de lo ingresado se destine a pagarle al FMI, el 20% al programa de becas Progresar, el 20% a subsidiar a las Pymes y el 40% a estímulos dirigidos a los empresarios que intervienen en toda la cadena del gas natural (petroleras y compañías encargadas del transporte y la distribución). Quiere decir que el propósito central del blanqueo es cumplir con las metas fondomonetarista -tanto fiscal como de acumulación de reservas- ya que ese ingreso extra le permitirá al gobierno, por un lado, achicar el gasto público sobre las áreas mencionadas; y, al mismo tiempo, obtener dólares.

A todas luces, cumplir con el organismo es la prioridad absoluta del gobierno, sin importar que eso implique recompensar a los evasores y lavar el dinero proveniente de actividades delictivas como el narcotráfico y la trata de personas. Lo cual pone en evidencia el grado de descomposición al que asiste el régimen político.

Lo cierto es que la medida, a pesar de la voluntad del gobierno, difícilmente logre prosperar. Por un lado, la probabilidades de devaluación hacen que nadie quiera deshacerse de sus dólares para ingresar a un blanqueo. Además, lo más seguro es que el proyecto no reúna los votos necesarios en el Congreso, debido a la crisis que ha escalado en su interior entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, como se vio en la escandalosa sesión fallida en la Cámara de Diputados.

En definitiva, consiste en una improvisación destinada al fracaso, protagonizada por un gobierno en crisis que aboca su gestión a congraciarse con el gran capital y el Fondo Monetario. Nuevamente, salen ganando los fugadores que saquean al país, bajo el amparo del poder político.