Una sucesión de medidas improvisadas ilustra la preocupación del gobierno de Alberto Fernández por contener las subas de precios de los alimentos para evitar un desmadre inflacionario. Grafican, también, la impotencia de un gobierno cuya única ancla contra la inflación es la desindexación de los salarios y las jubilaciones, mientras el costo de la canasta alimentaria superó en casi 10 puntos el índice de precios de 2020.

El anuncio de una suerte de “hot sale” de una serie de cortes de carne vacuna se inscribe en esta situación, aunque más como una puesta en escena que como una medida de impacto real en el consumo popular. Es que las cámaras frigoríficas acordaron que pondrán a disposición unas 6.000 toneladas con descuentos en torno del 20-25%, lo cual apenas alcanza a cubrir un 3% del consumo mensual de carne en el país, cuando el promedio de las remarcaciones fue de 74,8% interanual. El descuento solo estaría disponible, para colmo, en grandes cadenas de supermercados. Por eso fue calificado como una “campaña publicitaria” por Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, quien opinó que “en los precios de carnicerías no tendrá ninguna incidencia” (El Cronista, 27/1).

Un mecanismo similar se evalúa para implementar en el rubro de frutas, verduras y hortalizas, pero en este caso los funcionarios reconocen que el factor estacional -que incide fuertemente en los precios- complica la implementación del esquema. Por otro lado, su producción y comercialización está mucho más atomizada que el sector cárnico, y contiene un amplio margen de informalidad. La variación promedio de precios en el caso de las frutas rondó el 64,4% y en el de las verduras un 58%. Son cifras descomunales, que para colmo en los productos de mayor consumo llegó a superar incrementos del 150%, como el caso del limón y la mandarina.

Más espinoso aún ha sido para el gobierno meterse con los cereales y las oleaginosas. Luego del recule con el cepo a la exportación de maíz, en la Casa Rosada siguen evaluando modalidades para “desacoplar” los precios internos con los precios de exportación en alza en el mercado internacional. Resulta que el maíz o el trigo son insumos esenciales para la producción de alimentos y la cría de ganado, y su costo incide en los precios de productos tan básicos como el pan o el pollo. Una posibilidad que barajan es otorgar créditos a tasas subsidiadas para que molinos y criadores no trasladen al producto final las subas de la materia prima.

También está en estudio, a sugerencia de las patronales, la formación de un fideicomiso con la recaudación extra que ingrese por las retenciones (por los mayores precios internacionales) para subsidiar a las empresas a cambio del “desacople”. Algo similar se debate en torno de los aceites. Esta rapiña por los fondos públicos entra en choque, de todos modos, con el compromiso de ajuste fiscal que exige el Fondo para arribar a un acuerdo.

La improvisación oficial es notoria, pero también la preocupación ante un posible desmadre inflacionario, cuando ni siquiera se fijaron aún los porcentajes de los tarifazos en los servicios que comenzarán a regir en marzo. No solo con la mira puesta en las elecciones el gobierno intenta contener los precios de los alimentos, sino también para evitar un estallido de todas las contradicciones de la política económica y del descontento popular -por lo cual debió echar lastre y aumentar un 50% los montos de la tarjeta Alimentar.

Según los datos del Indec, la incidencia de los alimentos en el Índice de Precios al Consumidor es enorme: explican un tercio de toda la dinámica inflacionaria. En el desagregado por regiones se ven casos extremos como el del noreste del país, donde la inflación anual fue del 42,2%, de la cual un 18,5% se debe a la incidencia de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Por lo tanto, sin capacidad de controlar estos precios, el gobierno carece hasta de previsiones favorables para presentar en la mesa de negociación con el FMI sobre el programa económico a implementar para garantizar el repago de la deuda externa.

Con todo, las medidas improvisadas apuntan a compensar a las patronales a cambio de moderar las remarcaciones, pero a los trabajadores se les informa que no habrá siquiera nuevas rondas del ya pobre IFE. Martín Guzmán agregó, para completar, que buscarán que los acuerdos salariales no superen en ningún caso el 29%, que es el IPC previsto en el Presupuesto 2021, cuando las consultoras pronostican un 50%. La jornada nacional lucha que el Frente Piquetero realizará el jueves 28, con acciones en 40 puntos de 22 provincias del país para reclamar la entrega de alimentos a los comedores, pondrá de relieve cómo vive la clase obrera esta situación.

La impotencia del gobierno se debe a su negativa a afectar los intereses del capital. Finalmente, para controlar los precios de los alimentos y desacoplarlos de la cotización internacional de las materias primas es necesario abrir los libros de toda la cadena de valor para dilucidar los costos reales de producción -y el costo empresario- y la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero. Son puntos que solo pueden formar parte de un programa de reorganización social, liderado por los trabajadores, cuyo punto de partida debe ser la derrota del actual rumbo fondomonetarista.