El improvisado retorno a la “fase 1” anunciado por Alberto Fernández luego de que el país rozara los 40 mil casos diarios de Covid-19 reafirma que llegamos a esta situación porque el gobierno corre detrás de la pandemia. Además de tardía, el hecho de que la medida de confinamiento estricto sea solo por nueve días, menos que el período en que se cursa la enfermedad, revela que es una completa improvisación.

El objetivo es afectar lo menos posible a las patronales, mientras las familias trabajadoras son abandonadas a su suerte. Las restricciones anunciadas a las actividades económicas no esenciales serán solo por tres jornadas hábiles, tras restablecer el feriado puente del 24 de mayo -que había sido suspendido días atrás para desincentivar viajes… y obligar a la gente a ir a trabajar. El presidente comunicó que “terminados estos nueve días (…) se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta hoy”. Independientemente de que llegado el momento las condiciones impidan consumar esta reapertura, hay que destacar que esta fecha de caducidad carece de toda fundamentación epidemiológica.

Lo mismo puede decirse del adelanto de que, en caso de retomar la actividad, se implementarán restricciones totales el siguiente fin de semana. Por supuesto que esto reduce enormemente la efectividad de cualquier disposición de asilamiento social para disminuir la circulación del virus, pero la máxima oficial sigue siendo: “andá a laburar, y después encerrate en casa en tu tiempo libre”.

No hay un criterio sanitario. El propio curso de la enfermedad determina un aislamiento de al menos 14 días. Es decir que quienes contraigan el virus el viernes 21, y probablemente contagien en sus casas, luego lo transmitirían cuando se reabra la actividad en el transporte y los lugares de trabajo. En este sentido Rodrigo Castro, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Simulación de Eventos Discretos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, declaró que el plan propuesto por el gobierno “no alcanzará para llevar la curva de regreso a un nivel de casos diarios manejable”, y que “es imprescindible extender el plan hasta haber logrado un éxito preestablecido y contundente” (Infobae, 21/5).

Que las medidas de restricción duren 9 días, de los cuales solo 3 son hábiles, está determinado por intereses económicos y no por razones sanitarias. Cuando fracasen ya sabremos por qué.

— Gabriel Solano (@Solanopo) May 21, 2021

A este escenario hay que sumar que el 25% de los trabajadores seguirán circulando, puesto que son considerados “esenciales”. El esquema de mantener cerrado por nueve días y luego abrir por doce hasta el 11 de junio no responde a la necesidad de disminuir los contagios en medio del colapso, sino al esfuerzo por mantener abierta la actividad económica capitalista sin que la situación se desmadre definitivamente, ya que esto repercutiría negativamente en la propia producción (como se vio en algunos sectores durante el mes de abril).

Esta política improvisada y sin recursos es lo que caracteriza al gobierno desde el inicio de la pandemia. Es por eso que el grueso de las medidas que se han tomado durante el último mes llegaron de manera tardía y fueron ineficaces, hasta llegar al escenario actual. Así es como hoy contamos con un índice de positividad por encima del 30%, lo que revela que probablemente los números informados sean solo una pequeña muestra del verdadero descalabro sanitario en el que estamos embebidos, y que la ceguera con que se manejan Alberto Fernández y los gobernadores es total.

Urge tomar medidas reales para resguardar la salud de la población trabajadora, como cerrar las actividades no esenciales por al menos dos semanas y luego reevaluar de qué manera continuar de acuerdo al impacto sobre la curva de contagios; la centralización del sistema de salud público, privado y de las obras sociales y el aumento de presupuesto; un seguro al parado de $40 mil, y que se garanticen los salarios para todos aquellos trabajadores no esenciales y la implementación de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo que permanezcan abiertos. A esto debe adherirse una campaña masiva de vacunación bajo control de los trabajadores de la salud y garantizada, en primer lugar, mediante la confiscación de las dosis del laboratorio del Grupo Sigman.

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