El martes, un apagón dejó sin luz a 700 mil usuarios del Área Metropolitana durante varias horas. Aun hoy, 15 mil clientes de Edenor y Edesur seguían sin energía. El gobierno nacional lo calificó como una “contingencia”, absolviendo de culpas a las distribuidoras, pero lo cierto es que desde comienzos de año se vienen produciendo cortes masivos.

Algunos periodistas han observado que el apagón se produjo a pesar de que hay mucha gente de vacaciones, sin usar el servicio. Por tanto, en un mes normal, incluso si las temperaturas no llegaran al nivel sofocante de la víspera, cortes semejantes podrían volver a producirse.

En forma descarada, los voceros de las empresas condicionan la realización de inversiones a nuevos tarifazos o mayores subvenciones estatales. “No existe otra forma de sostener la mejora del servicio que requieren nuestros clientes, sin recursos tarifarios o subsidios”, dice Claudio Cunha, directivo de Enel -dueña de Edesur- en un comunicado (La Nación, 12/1). Es una confesión del completo parasitismo que caracteriza a estas firmas. De una u otra manera, o directamente dejando que se deteriore el servicio, el negocio está asegurado.

En la situación actual, mientras presionan por mayores desembolsos o aumentos, las empresas se limitan a gestionar la crisis. Según la metáfora de un periodista de La Nación, “en vez de cambiar los cables de toda la casa para evitar que haya un corto, se actúa sobre el evento” (ídem).

Desde las privatizaciones en la década del ’90, las compañías vienen siendo favorecidas por los sucesivos gobiernos. Bajo el menemismo, gozaron de tarifas dolarizadas. A partir de 2002, cuando las tarifas atadas a la moneda estadounidense se hicieron inviables como fruto de la devaluación, se fue abriendo paso un esquema de subsidios estatales multimillonarios a las empresas. Fue el rasgo dominante bajo el período kirchnerista.

A su llegada, el macrismo liberó las tarifas para ahorrarse el desembolso de subsidios. El precio para una vivienda mediana aumentó un 3.000% en apenas dos años (Tiempo Argentino, 17/12/17). En julio de 2018, Macri mismo admitía subas de al menos el 1.000% (Clarín, 31/7/18). Fue un mazazo sobre la población trabajadora que ni siquiera redundó en una mejora del servicio.

Menem le dio a Edenor y Edesur tarifas en dólares. Néstor y CFK subsidios millonarios. Macri tarifazos. Y ahora Alberto Fernández les da tarifazos más subsidios. Pero lo que nadie da es electricidad a los consumidores.

— Gabriel Solano (@Solanopo) January 12, 2022

El gobierno de Alberto Fernández ha combinado subvenciones y tarifazos. Para 2022, autorizó un aumento del 20% (una referencia que puede implicar cifras más altas en el interior) y se discute una “segmentación” que podría llevar a aumentos de hasta el 500% para algunos sectores de la clase media.

Edesur se encuentra en manos del grupo multinacional Enel, de mayoría de capitales italianos, desde los ’90. En el caso de Edenor, un trío inversor integrado por los empresarios José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y Daniel Vila (dueño del grupo América) compró recientemente en 100 millones de dólares la mitad de las acciones al grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

Frente al último apagón, el gobierno nacional y Juntos por el Cambio salieron a responsabilizarse mutuamente por sus respectivas políticas energéticas. Pero lo notable es que ninguno de los dos apuntó contra las distribuidoras, lo que muestra el nivel de complicidad de los dos con las mismas.

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Las distribuidoras que son responsables del vaciamiento energético acumulan también una deuda de más de 200 mil millones de pesos con Cammesa, el ente mixto del Estado y los integrantes de la cadena que administra el mercado eléctrico mayorista. De ellos, casi 40 mil millones corresponden a Edesur y poco más de 30 mil millones a Edenor (Econo Journal, 27/7/21). Para facilitar la cancelación de estas deudas, el gobierno impulsa mejores planes de pago e incluso la asignación de créditos.

Debido a los últimos cortes, los legisladores porteños del Partido Obrero en el Frente de Izquierda han presentado un proyecto en la Legislatura porteña para la creación de cuadrillas que atiendan los cortes de luz y el resarcimiento de los usuarios afectados en el distrito. Frente a los negociados empresarios y los apagones, planteamos el rechazo de todo tarifazo, la apertura de los libros de las empresas y la nacionalización del sistema eléctrico, bajo control de los trabajadores.

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