Un informe del Indec, basado en la Encuesta Permanente de Hogares realizada en el 2020, refleja algunos indicadores que ilustran una profunda crisis habitacional en el país. Sin ir más lejos, son casi 1,4 millones los argentinos que viven en condiciones de hacinamiento crítico. El estudio comprende a 9,3 millones de hogares y a 28,5 millones de personas de 31 aglomerados urbanos de Argentina.

Se considera hacinamiento crítico cuando habitan más de tres personas por cuarto. Esta es la realidad de 238 mil hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, el 16,8% de los encuestados carece de vivienda propia.

Por otro lado, el 13,3% de las viviendas -1.230.000- están construidas con una calidad de materiales parcialmente insuficiente; esta situación afecta al 15.8% de la población, es decir, a 4,5 millones de habitantes. A su vez, 726.000 viviendas -el 7,8%- poseen una calidad de materiales insuficientes, en ellas habitan 2,7 millones de personas, que es el 9,6% de la población relevada.

Los datos arrojan que 600 mil hogares -6,6%-, en los cuales viven 2,3 millones de personas -8%-, se ubican cerca de basurales. Asimismo, un millón de viviendas se hallan en zonas inundables -11,1%-, esta situación involucra a 3,6 millones de habitantes -12,8%.

 

En cuanto al acceso a los servicios públicos, el informe muestra que 1,01 millón de hogares, en los cuales viven 3,5 millones de personas, no cuentan con agua potable. Esta realidad involucra al 10,9% de los hogares del país y al 12,5% de la población. Al mismo tiempo, el 33,8% de los hogares y el 39,4% de las personas no tienen conexión de gas. Esto afecta a 3,1 millón de hogares y a 11,2 millones de habitantes. Por último, la falta de cloacas abarca al 31,2% de las viviendas -2,8 millones- y al 35,4% de la población -más de 10 millones de personas-. De conjunto son 4,4 millones los hogares y 15,2 millones las personas que no tienen acceso a algún servicio público, lo cual representa el 47,7% de las viviendas y el 53,6% de la población.

Frente a este panorama, la política habitacional de Alberto Fernández y del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, no tiene como horizonte resolver la problemática de la vivienda precaria. Sin ir más lejos, la reciente línea de créditos a tasa cero -Casa Porpia- anunciada por el gobierno, solamente otorga 65 mil créditos para refacción, cuando son 238.000 familias las que viven en condiciones de hacinamiento. Además, solo pueden acceder al préstamo aquellas familias cuyos ingresos superen los $53.000 (cuando el salario mínimo hoy se encuentra en $23.544), dejando por fuera a un amplio sector de la población, que precisamente vive en condiciones de hacinamiento por percibir montos inferiores a esa suma de dinero. La iniciativa, por otra parte, contempla 22 mil créditos para la construcción de viviendas en lotes propios, lo cual también resulta restrictivo para quienes no poseen tierra para construir ni salarios suficientes para recibir el crédito.

Lo mismo ocurre con el plan Procrear lanzado el año pasado. Fueron 190 mil microcréditos, con una tasa fija del 24%, otorgados para el mejoramiento y refacción de viviendas, cuyo monto máximo no superaba los $500.000. De hecho, 120 mil de esos créditos alcanzaban apenas los $50.000. A su vez, contar con un ingreso familiar equivalente a dos salarios mínimos era un requisito excluyente para ingresar al programa. El Procrear 2020 incluyó también 14 mil créditos para comprar viviendas terminadas, sin embargo, las familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos no podían solicitarlo.

Al no existir entonces una política de acceso universal al crédito hipotecario, la finalización de 55 mil viviendas a través del Programa Reconstruir, anunciado recientemente, no implica que los sectores populares vayan a poder adquirir esas viviendas. Por lo tanto, no constituye una solución al déficit habitacional.

Es un gobierno que viene de recortar en un 20% los fondos destinados a obras públicas el año pasado, es decir, es responsable de la falta de servicios públicos elementales en los barrios pobres. Por otro lado, del Plan Nacional de Suelos, impulsado en el 2020, solo reservó 10 mil lotes fiscales con servicios para que fueran utilizados en la construcción de viviendas, mientras los pulpos inmobiliarios permanentemente se hacen de las tierras estatales a precios de remate, encareciendo así, el valor del suelo. Este negociado genera que proliferen los asentamientos precarios en zonas inundables o insalubres. Como se ve, la gestión oficial prioriza destinar los recursos del país en el rescate de una deuda usuraria y acordar con el FMI, a costa del derecho a la vivienda de las mayorías.

Esta política de ajuste y de defensa de la especulación inmobiliaria es lo que empuja a cientos de familias a protagonizar tomas de tierra en todo el país, frente a lo cual, los gobiernos reaccionan reprimiendo a quienes no tienen un lugar donde vivir, sin ofrecer ninguna solución, como ocurrió en Guernica.

Es preciso resolver la crisis habitacional urbanizando las villas y asentamientos, construyendo las viviendas populares -bien edificadas- que sean necesarias y extendiendo la infraestructura de servicios públicos a todos los barrios. Ese plan debe llevarse adelante bajo gestión de los trabajadores, empleando mano de obra que se encuentre desocupada, registrándola bajo convenio colectivo de trabajo. Por otra parte, se tiene que implementar un Banco de Tierras, el cual reúna a toda la tierra ociosa y fiscal para que sea utilizada en la construcción de estas viviendas. En ese sentido, es necesario el acceso irrestricto al crédito hipotecario a tasa cero, cuyas cuotas mensuales no superen el 10% del ingreso familiar. También la suspensión inmediata de desalojos y congelamiento de los alquileres hasta fin de año. Hay que avanzar en a ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital, en función de garantizar, entre otras cosas, vivienda en condiciones para todos.