Políticas
7/7/2025
Vencen las facultades delegadas, tras un año de cheque en blanco en el ajuste al pueblo
El gobierno avanzó con despidos y cierres de programas y organismos, y espera profundizar esa línea con o sin “facilidades”.
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Milei en el Congreso.
Este martes 8 de julio vencen las facultades delegadas por el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, que facilitaron el avance del ajuste de Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, con la disolución, transformación y recorte de organismos, programas, fondos, empresas del Estado y recursos. Un aval otorgado por peronistas y radicales contra la población, con despidos y supresión de derechos, que el gobierno se dispone a utilizar hasta el último día y que apunta a seguir por otras vías, con la colaboración de las fuerzas patronales.
Las facultades delegadas, que habilitan al gobierno a legislar por medio de decretos en materia administrativa, económica, financiera y energética, fueron otorgadas por el Congreso de la Nación con la sanción de la Ley Bases y la colaboración de la oposición patronal –incluido el PJ-, para que el Ejecutivo avanzara con su plan ambicioso de recortes y ajuste.
Gracias a estas facilidades, sumada la colaboración de los partidos políticos patronales y la burocracia sindical, el gobierno produjo 52.340 despidos en el sector público, reduciendo un 15,2% el empleo público, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, según datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Ni sin que esto suscite una respuesta de los trabajadores, como ocurre actualmente en Vialidad Nacional y el Inti y el Inta.
Con las facultades delegadas, el gobierno pudo avanzar en la disolución de organismos como el Inadi (contra la discriminación); el ente que intervenía en la gestión de la Hidrovía; la Afip para dar lugar a la Arca; el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec); el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, entre otros; quedándole en carpeta, a la espera de novedades en las próximas horas, la supresión del Inti y el Inta, la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, además de los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar, campesina e indígena, el de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Todo esto con sus respectivos despidos y ataques contra los trabajadores.
Ahora acaban de anunciar la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas): más ajustes y reestructuraciones con achique en medio de los cortes de gas y luz que se acumulan sin solución alguna, ni inversión.
Por esta vía también se eliminaron alrededor de 20 fondos fiduciarios y fondos de financiamiento, entre ellos el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar, Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y Fondo Fiduciario del Programa Pro.Cre.Ar. Se ampliaron potestades represivas del Estado y funciones de las fuerzas de seguridad. Se avanzó en la venta y entrega de tierras y bienes del Estado y en el proceso de privatización de empresas públicas con diversas modificaciones (Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, Enarsa, Banco Nación, YCRT). Y en la desregulación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y la telefonía móvil, la actividad aerocomercial, la navegación y la marina, minería y la tenencia de armas.
La desregulación de sectores completos de la economía opera en beneficio directo de los grandes capitalistas, eliminando controles del Estado y satisfaciendo las demandas patronales, como acaba de ocurrir con la modificación de la ley de Inversiones Mineras para acelerar los proyectos de cobre, oro y litio.
A la fecha, el Ejecutivo dictó 157 decretos de carácter legislativo: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se amparan directamente en las delegaciones previstas por la Ley Bases (Cepa). Todas estas medidas se emplearon para transferir los recursos de los trabajadores y la población al pago de deuda y a los negocios capitalistas.
Se trata de una orientación que fue acompañada por la oposición patronal e incluso reivindicada como una “necesidad”: Cristina Kirchner llamó a su militancia a empezar a pensar en términos de un “Estado eficiente”, que no es más que el recorte y ajuste contra los trabajadores, eliminado puestos de trabajo y derechos laborales, como lo viene haciendo Milei.
Milei ha venido imponiendo un régimen de excepción, a la carta, que la oposición patronal no ha cuestionado ni impedido o bloqueado en el Congreso ni en las calles, lo que da cuenta de una unidad profunda de intereses de clase para que se avance en la actual dirección antiobrera. Esta colaboración también se extiende a la burocracia sindical, que dejó pasar las principales medidas antiobreras -incluida la reforma laboral en la Ley Bases- y que se aviene al ajuste del techo paritario impuesto por Milei y a los despidos.
Cabe agregar que el fin de las facultades delegadas no implica necesariamente la estación final del ajuste, sino que éste seguirá operando por otros medios, entre ellos el propio Congreso de la Nación que ha acompañado, de una u otra forma, al Ejecutivo con el grueso de su política, con excepción de la izquierda.
Hay que enfrentar y derrotar a este gobierno y a sus colaboradores, uniendo la fuerza de los trabajadores y partiendo de una deliberación común del activismo y los sindicatos y agrupaciones combativas, como así lo plantea la convocatoria a un plenario obrero combativo nacional.
