La renegociación de la deuda de YPF es un capítulo clave de la crisis nacional. El sostenimiento del precario superávit comercial depende en buena medida de que no se fuguen divisas por la importación de gas en invierno, motivo por el cual el gobierno lanzó el Plan GasAr de subsidios millonarios a la petroleras; pero la inversión del rubro depende esencialmente del crédito internacional, por lo cual está condicionada al resultado de la reestructuración de los compromisos financieros de la compañía nacional.

Para intentar que ingresen al canje, YPF fue cediendo a las exigencias de los acreedores. En la última enmienda a la oferta agregó una serie de cupones en efectivo con intereses por sobre la media mundial, subió las tasas y acortó la vida promedio de los bonos. Para colmo, a las garantías fijadas sobre los saldos exportables sumó la entrega de la mitad del paquete accionario de la generadora eléctrica YPF Luz.

Aún con todos estos “endulzantes”, el grupo mayoritario de bonistas sigue rechazando la propuesta de canje. Se trata de fondos como Fidelity, BlackRock y Ashmore, que vienen de desplumar al gobierno en la negociación de la deuda externa nacional y apuestan a cobrar en marzo un vencimiento de más de 400 millones de dólares. La consideración es que YPF carece de la capacidad para garantizar el repago de su oferta, por la crisis de la compañía y por la sequía de las reservas internacionales del Banco Central.

Desde la petrolera afirman que el flujo de inversiones permitirá revertir el declive de la producción, y de esa manera podrán hacer frente a los compromisos de deuda. Sin embargo, la promesa de invertir unos 2.700 millones de dólares se ubica por debajo de todos los períodos desde 2012 (a excepción del año pasado por la pandemia). El cuadro es más complejo si consideramos los balances en rojo de la empresa de mayoría accionaria estatal, especialmente porque el derrumbe del consumo de combustibles afecta fuertemente su principal fuente de ingresos -las ventas de las estaciones de servicio están en torno al 75% de los niveles prepandemia.

Pero el panorama se completa además por la crisis del mercado mundial petrolero. Por la retracción del consumo y la caída de los precios internacionales del crudo, los principales pulpos del sector han reportado pérdidas en 2020. Shell anunció recientemente que al año que pasó concluyó con un rojo nada menos que de 21.700 millones de dólares, por lo cual planea despedir a 9.000 trabajadores en distintos países. Otro gigante como British Petroleum comunicó por su parte un saldo negativo de 20.300 millones de dólares. La constelación de empresas que explota los yacimientos no convencionales en Estados Unidos ha registrado decenas de llamados de quiebra.

Este telón de fondo relativiza el entusiasmo oficial por la reactivación de la producción en Vaca Muerta. Si bien los medios de comunicación registraron un rebote de las acciones de la petrolera argentina a partir del informe de la consultora energética noruega Rystad Energy, que destaca que dicha formación compite con las cuencas de Texas y Nuevo México, no es menor que dicho paper concluya que “seguimos siendo conservadores sobre las posibilidades de que la porción de gas crezca sustancialmente en el mediano plazo”. Esto cuando, para cumplir con los compromisos suscritos en función del Plan Gas, YPF debería duplicar su producción hacia mayo.

El único apoyo cierto de toda la política del gobierno de Alberto Fernández son los naftazos permanentes que sostiene desde agosto. Desde entonces los aumentos de los combustibles le ganan a la inflación, y suman solo en el primer mes del año casi un 10% de incremento. Lo más probable es que sigan nuevas subas en los próximos meses, especialmente por el cronograma de aumentos de los biocombustibles y por la depreciación del peso. Es un golpe al bolsillo popular por varias bandas, ya que además incide sobre la aceleración inflacionaria y suma presión a las tarifas de la luz, el gas y el transporte públicos.

Asoma entonces, a pesar de los subsidios y naftazos, un déficit energético que tendría altos costos en la ingeniería oficial que pretende conservar los dólares como garantía de repago al FMI. Es una crisis que carece de salida definitiva mientras YPF siga siendo una sociedad anónima que cotiza en bolsa, y por lo tanto rehén de los lobos de Wall Street. Solo la nacionalización de toda la industria de los hidrocarburos bajo control obrero permitirá desenvolver una política energética en función de un desarrollo nacional. Es incompatible con el rumbo fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández.

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