La ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que escaló al 73% en el Área Metropolitana de Buenos Aires con picos del 95% en algunos hospitales, devela un sistema de salud al borde del colapso ante el recrudecimiento de la pandemia. En este cuadro, tanto la orden por parte del gobierno bonaerense de que las clínicas públicas y privadas de la provincia suspendan todas las cirugías que no revistan urgencia, como la decisión del gobierno porteño de cederle respiradores y camas disponibles del Hospital Muñiz al sistema de salud privado, dan cuenta que es sumamente necesario dar paso a la centralización del sistema de salud para hacer frente a la crisis sanitaria en curso.

La resolución tomada por le Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estableció la puesta en funcionamiento de un Sistema de Gestión de Camas ante el cual deberán rendir cuentas los centros de salud públicos y privados del territorio bonaerense. Dichos establecimientos deberán realizar cuatro veces al día un censo de camas, relevando ingresos, seguimientos y egresos de pacientes de manera más rigurosa a los fines de tener una mayor claridad de la disponibilidad real. La medida se toma frente al hecho de que existe un diferencial de hasta un 24% entre la ocupación de camas informadas y las que efectivamente se hallan ocupadas o liberadas, fruto de un sistema de salud fragmentado entre lo público, lo privado y las obras sociales.

Además, el gobernador Axel Kicillof instó a que se le dé prioridad a las internaciones por Covid-19 y se posterguen las cirugías en caso de que sea posible. La disposición solo afecta a aquellos centros cuya ocupación de UTI sostenga a lo largo de dos días seguidos un porcentaje igual o superior al 70%. Hasta el momento, no se fijó ningún mecanismo para garantizar que la información que otorgue el sector privado sea certera, lo cual da un indicio de lo limitado de la medida.

Por lo visto, no está en la agenda del gobernador estatizar ninguna de las nueve clínicas privadas de la provincia que cerraron durante la pandemia, en función de ampliar la disponibilidad de camas. La lucha que vienen llevando adelante los trabajadores de la Clínica San Andrés, ubicada en el distrito bonaerense de Tres de Febrero, reclamando la reapertura del establecimiento pone de relieve lo irracional de que un centro de salud mantenga sus puertas cerradas, sobre todo, en medio de una pandemia. Asimismo, el conflicto evidencia el desprecio que tienen los gobiernos municipal, provincial y nacional para con el personal de salud, ya que permiten que los 144 trabajadores de la clínica pierdan su fuente de ingreso.

A su vez, la discrecionalidad con la que el gobierno de CABA le cedió 50 respiradores a la medicina privada es otra expresión de las consecuencias que acarrea la falta de centralización del sistema de salud. De esta forma, la distribución de insumos sanitarios no se rige bajo un criterio que toma en cuenta el escenario global, dando lugar a arbitrariedades que son muy riesgosas en un cuadro tan delicado.

Lo anterior se pone de manifiesto en la reciente habilitación de la sala 20 del hospital Muñiz para pacientes con Covid de Osde y Swiss Medical, por parte del gobierno porteño. Es una decisión que no está guiada por el interés de dar una solución a una situación de saturación general del sistema, sino a privilegiar la atención de los usuarios de estas dos prepagas en particular, por sobre el resto de los pacientes que se atienden en hospitales públicos, en obras sociales o en otras prepagas. Este suceso escandaloso es una expresión más del carácter desigual de un sistema de salud fraccionado.

Estas tensiones, al mismo tiempo, son el resultado de la escasez de recursos que caracteriza a un sistema de salud desfinanciado. El Presupuesto 2021 no contempla un aumento real en salud, ni se han destinado los fondos necesarios para ampliar el número de UTI y de respiradores disponibles. El ajuste también se refleja en que la cantidad de profesionales en terapias intensivas es insuficiente. Esto último, responde a que, por un lado, los cursos para acceder a dicha especialización son arancelados, y, en segundo lugar, implica trabajar jornadas de 24 horas seguidas por un salario de miseria, muchas veces bajo contratos precarios.

Pasado un año de pandemia, no se tomó ninguna iniciativa por parte del gobierno para formar médicos, enfermeros y kinesiólogos con especialización en terapia intensiva en pos de cubrir la demanda. La política oficial priorizó preservar el negocio de los cursos pagos y perpetuar los salarios de pobreza para el personal de salud, antes que garantizar un abordaje adecuado de la pandemia. Los ingresos de hambre es la norma para todos los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito público como en el privado, lo que da origen a luchas como la de los residentes y concurrentes del Sanatorio Güemes, quienes perciben sueldos de $44.000, monto que no llega a cubrir la canasta básica.

La descoordinación actual y la improvisación ante la emergencia deben ser resueltas por medio de la creación de un sistema de salud unificado que centralice la totalidad de los recursos sanitarios del país. El gobierno evita esta salida de fondo, más necesaria que nunca frente a la escalada de contagios, para no afectar los intereses capitalistas de la medicina privada y de la burocracia sindical que maneja las obras sociales; por lo tanto, rifa la salud de la población implementando medidas aisladas, tardías e insuficientes; o bien, dejando las decisiones a criterio de cada gobernador.

La centralización del sistema de salud, fundamental para distribuir los recursos disponibles según las necesidades populares y tomar las decisiones sanitarias con la diligencia que amerita el contexto, debe ir acompañada de la triplicación del presupuesto, la recomposición salarial de los trabajadores, la ampliación de camas de terapia intensiva y respiradores y la provisión de los insumos sanitarios necesarios en cada centro de salud. Por otra parte, dicha unificación debe ser gestionada por el personal de salud para garantizar su transparencia. Es preciso, en ese sentido, romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y aplicar un impuesto al gran capital de carácter permanente.

 

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