Ha trascendido que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el superintendente de Salud, Daniel López, evalúan un nuevo cronograma de aumentos de las cuotas de las prepagas en aras de facilitarle a la medicina privada el pago de la suba salarial de los trabajadores de la salud. De esta manera, buscan evitar que se lleven adelante medidas de fuerza el día de mañana, tras vencer la conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo ante el reclamo del 45% de aumento por parte del gremio de Sanidad.

El gobierno nuevamente sale al rescate de los empresarios de la salud privada, tomando por cierta su complicada situación financiera. No sorprende puesto que las concesiones estatales al sector han sido la norma, las cuales son a costa de los usuarios y de los fondos públicos. En primer lugar, los nuevos aumentos de las cuotas de las prepagas se suman a las subas autorizadas del 3,5% en marzo y el 10% en abril de este año. A su vez, vienen recibiendo cuantiosos subsidios por parte del Estado: el ATP durante el 2020 y el Repro II que continúa hasta la facha. Como si esto fuera poco, la medicina privada está exenta del pago de aportes patronales.

Esto sin mencionar el rescate indirecto que operó durante la pandemia desde el sistema de salud público hacia el privado, debido a que este último colapsó antes con lo que los hospitales absorbieron gran parte de la demanda de pacientes Covid. Además, el encarecimiento mensual de las prepagas provocó un éxodo de usuarios, quienes pasaron a atenderse en el sistema público de salud.

Los recursos que el gobierno destina en beneficiar a la medicina privada contrastan con el ajuste que impera en el ámbito público. Sin ir más lejos, el presupuesto de salud de este año contiene un recorte nominal del 10% en relación al 2020, el cual se suma a la reducción en términos reales del 60% durante la gestión presidencial de Macri. Este ajuste, en medio de una crisis sanitaria de envergadura, ha contado con el voto favorable del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional, lo cual es la demostración palmaria de que el vaciamiento en el terreno de la salud pública es una política de Estado. Vaciamiento que, a su turno, ha fomentado el avance de la privatización.

Por otra parte, el gobierno premia a un sector que no le ha temblado el pulso a la hora de atacar al personal de salud y a los usuarios. Con la excusa de la crisis, solamente en el conurbano bonaerense han cerrado 13 clínicas privadas, dejando en la calle a cientos de trabajadores y privando a la población de poder contar con el equipamiento de las mismas para hacer frente a la pandemia. Ni Alberto Fernández, ni el gobierno provincial de Kicillof ni los gobiernos municipales han movido un dedo para garantizar la reapertura de estos centros de salud por la vía de la estatización, desaprovechando así más de 700 camas (72 al menos UTI) que hubieran sido de gran utilidad en un cuadro de saturación.

Muchas de estas instituciones, además, recibían pacientes de Pami y de otras obras sociales. Es decir, los trabajadores financian a las clínicas privadas a través de los aportes que realizan durante su vida laboral, sin embargo, se quedan sin atención médica cuando estas deciden cerrar sus puertas. Los convenios entre las obras sociales y los sanatorios privados son otra arista del avance capitalista en la salud, que deja a trabajadores activos y jubilados a merced de la voluntad de los empresarios.

Las empresas del rubro han mantenido a sus trabajadores y a los pacientes de rehenes mientras presionaban al gobierno para que autorice un ajuste en las cuotas. Por un lado, negándose a abrir la discusión paritaria, y, por otro, brindando un servicio cada vez más deteriorado. Las demoras entre 30 y 90 días para otorgar un turno son habituales, forzando a quienes necesitan atención urgente a abonar un “copago”.

Indudablemente la decisión oficial de habilitar nuevos aumentos representa un recule por parte del oficialismo, sin embargo, no aliviana tensiones con las patronales nucleadas en la Unión Argentina de Salud quienes exigen mayores prebendas. Recientemente elaboraron un “plan de sustentabilidad” donde reclaman, entre otras cosas, dejar de tributar Ingresos Brutos y otros impuestos, la creación de una partida de fondos del Estado proveniente del Tesoro Nacional para financiar coberturas más costosas establecidas por leyes de los últimos años, ajustes mensuales en las cuotas, extensión del Repro II y la reducción de aportes patronales mientras perdure la emergencia económica y sanitaria y trasladar los costos laborales al gobierno y que este se haga cargo de pagar bonos mensuales y los viáticos al personal de salud.

Es lógico que el “grifo” de reclamos patronales permanezca abierto a sabiendas que están negociando con un gobierno que sistemáticamente cede ante los capitalistas. Por lo pronto, lo seguro es que habrá aumentos en las cuotas -sobre todo luego de que la Justicia se pronunciara en ese sentido- lo cual implicará un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores. No olvidemos que de 6 millones de suscriptos que tienen las prepagas, tan solo 1,5 millones pagan la “cuota plena”; es decir, la inmensa mayoría son trabajadores que cuentan con obra social, y, debido al vaciamiento de las mismas, pagan un plus para acceder a una prepaga.

Este salvataje, además, se realiza a libro cerrado. La prepagas aducen una crisis, generada por la suba de los costos debido a la devaluación, el incremento de la inflación y el alza de los precios de los medicamentos; sin embargo no dan a conocer sus libros contables ni cuáles son sus ingresos. Pese a esto, el gobierno les concede subsidios y aumentos sistemáticos.

El fracaso de este esquema salta a la vista, la desigualdad que existe en el acceso a la salud y la pésimas condiciones laborales de sus trabajadores son fruto de un sistema fragmentado y desfinanciado por todos los gobiernos. Es necesario dar lugar a un sistema único, que integre a la salud pública, privada, las obras sociales y la industria farmacéutica, centralizado por el Estado y gestionado por el personal de salud. De este modo, los recursos disponibles serán distribuidos bajo un criterio sanitario, dejando de lado el ánimo de lucro de los empresarios de la salud privada, de los burócratas sindicales que vacían las obras sociales y de los laboratorios que venden los medicamentos a precios siderales.

A su vez, para garantizar una atención gratuita y de calidad es fundamental la triplicación del presupuesto de salud, en función de dar respuesta a los reclamos de los trabajadores del sector y equipar adecuadamente cada centro de salud. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio a una deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.