21/07/2021

Salud pública: todos los gobiernos la destruyen

A propósito de las declaraciones del exministro de Salud de Macri.

Adolfo Rubinstein “confesó” esta semana que “la salud pública no fue prioridad para el gobierno de Macri”. Las declaraciones del exministro y exsecretario de Salud, quien cumplió funciones de 2017 a 2019, se dan en medio de la campaña electoral en la que pretende retornar a la política luego del fracaso estrepitoso de su gestión sanitaria durante el gobierno macrista. El médico espera presentar este jueves una tercera lista en la Ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, donde ocuparía la candidatura a diputado nacional.

Según Rubisntein, “a mediados de 2018 hubo un profundo cambio de prioridades” debido a la crisis, cuando apuntaron todos los cañones a “contener la macroeconomía”. Incluso declaró que estuvo “profundamente en contra» de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de convertir el Ministerio de Salud en una Secretaria. Con estos dichos, el exsecretario pretende separarse del macrismo -aunque justificando las decisiones de aquel entonces con la situación más general.

De más está decir que “el cambio de prioridades” no logró “contener” nada, sino que devaluaron cada aspecto de las condiciones de vida económica de los trabajadores a la vez que contribuyeron al deterioro sistemático de la salud pública, que hoy los coloca como corresponsables de la catástrofe sanitaria que vivió Argentina estos últimos meses.

Pero el gobierno de Mauricio Macri no es el primero ni el último en marcar una línea de continuidad entre el ajuste y el desfinanciamiento de la salud, raíces fundamentales del deterioro sanitario. De allí se desprende que el presupuesto en salud es uno de los más golpeados por la crisis, gobierne quien gobierne. En el periodo de 2018 a 2019, durante el gobierno macrista, la reducción fue del 20% en términos nominales, de $46.100 a $37.700 millones, a lo que se sumó la inflación interanual del 50%, dando como resultado una disminución del 60% para salud. En el presupuesto 2021, en plena pandemia, el gobierno de Alberto Fernández y la administración de González García aprobaron un presupuesto que contenía un 10% de ajuste en términos reales, que incluyó la reducción de las partidas extrapresupuestarias destinadas al combate del coronavirus.

Este no es el único problema del manejo de los presupuestos de salud. Si la plata dirigida desde Nación es poca, la de las provincias es aún menor cuando se tiene en cuenta que se destina un gran porcentaje al pago de las deudas jurisdiccionales. La distribución del mismo entre las provincias es motivo de controversia incluso entre la propia burguesía. Cristina Fernández de Kirchner hizo mención de esto en diciembre del año pasado cuando declaró que “la pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos mientras que a otros les faltan”. Como si la falta de recursos fuese una novedad, la vicepresidenta apuntó a la coparticipación provincial, haciendo alusión a que los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires deberían moverse a otros lugares del país ya que solo 3 de cada 10 usuarios son porteños. Una política de este tipo, expandida al resto del país, no daría solución al acceso a la salud, sino todo lo contrario: serviría para profundizar la privatización del sistema y la expulsión de cientos de miles de habitantes.

Los grandes beneficiarios son las prepagas y las obras sociales, que de todas maneras no pueden escapar de la crisis del sector. El chantaje de ambas durante este año puso de rehenes no solo a quienes utilizan el sistema privado, sino también a los trabajadores de la salud, quienes hoy están en medio de un conflicto por la paritaria de sanidad que las prepagas se niegan a abrir. Esto derivó en que el gobierno accediera a aumentos en las cuotas y otros beneficios, como la restricción de la libre elección de las obras sociales. Las reorganizaciones mencionadas no tienen nada que ver con una optimización del sistema privado, sino que es usado como ofrenda o castigo de las direcciones de las obras sociales y prepagas, según como convenga en el momento. Con el periodo electoral por delante, al gobierno le conviene tener tanto a prepagas como obras sociales de su lado.

Así, la política de Estado predominante es la de avanzar en el fraccionamiento del sistema, utilizando las privatizaciones a mansalva. Una de sus consecuencias más tangible es la reducción de las políticas de prevención de enfermedades por parte del Estado, sobre todo de las de transmisión sexual (particularmente HIV) y las infectocontagiosas, entre las que se incluye al Covid-19. Esto costó que en 2019 volviera a aparecer un brote de sarampión en el país, enfermedad erradicada 20 años atrás, o que, en 2018, 23 provincias denunciaran la falta de vacunas y materiales descartables para su aplicación. La administración de Ginés García y luego de Vizzotti no fue mucho mejor: ya se superaron los 100 mil muertos por coronavirus y diariamente se suman un promedio de 400 nuevos. Los testeos están muy por debajo de los necesarios, lo que determina una positividad actual del 16%, aunque durante la segunda ola alcanzó el 33%. El detrimento de los hospitales nunca fue tan acelerado como en el último año y medio, producto de que no hubo reforzamiento, y al menos el 88% de los profesionales de la salud sufre síntomas de agotamiento.

Que se priorice el tratar la enfermedad (con un sistema desfinanciado) por sobre prevenirla explica en gran parte por qué Argentina está entre los puestos más altos de muertes y casos en el mundo. Lo defendido por los gobiernos es la medicina de mercado, que busca tratar solo las patologías más redituables en vez de apuntar a que el acceso sea universal y gratuito. Por eso, las luchas en defensa de la salud pública cobran una relevancia mayor en este periodo. Son las encabezadas por los trabajadores del Garrahan por un aumento salarial, por Enfermería por el pase a la carrera profesional y por residentes y concurrentes por mejoras condiciones laborales y derechos básicos aún no reconocidos. De conjunto, el reclamo va de la mano del verdadero reconocimiento como “esencial” de la salud pública, con el aumento presupuestario y la inversión que en consecuencia debería tener.

 

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