La ministra de Salud, Carla Vizzotti, acaba de presentar un informe donde alerta sobre la posibilidad de que la variante Delta aumente su circulación en el país dentro de tres o cuatro semanas debido a que ya tiene circulación comunitaria en países limítrofes como Paraguay. Sin embargo, no se dispusieron medidas para hacer frente al impacto de esta nueva cepa, el gobierno solo se limita a esperar la llegada de nuevas dosis y completar lo más posible el esquema de vacunación para los mayores de 50 años.

Atar el destino sanitario de Argentina únicamente al arribo de vacunas es como mínimo irresponsable. Si bien en el último tiempo se aceleró notoriamente la entrega por parte de los laboratorios, el porcentaje de personas que recibieron ambas dosis sigue siendo bajo. Al momento, solo el 13,40% de la población completó el esquema de vacunación, es decir, 6.352.840 habitantes. En los últimos 7 días se aplicaron en promedio 343.593,86 dosis diarias en todo el país. El promedio semanal fue de 77.062 diarias en el caso de las segundas dosis. A este ritmo, llevará al menos 232 días (33 semanas) terminar de inocular con segundas dosis a aquellos que poseen solo la primera. Así y todo no estamos hablando de la población total del país sino de 24.302.432 personas. Ahora bien, si se resuelve utilizar de acá en más todas las vacunas disponibles como segundas dosis, las 17.949.592 personas que solo cuentan con la primera completarán el esquema en aproximadamente 52 días (siete semanas).

Los plazos de tiempo a los que hacemos referencia superan las 3 o 4 semanas que estipula el informe oficial para que la circulación comunitaria de la variante Delta en suelo local ya sea un hecho, ante el cual es necesario contar con ambas dosis para tener una barrera sanitaria más eficaz. A su vez, continuar con un promedio diario vacunación como el mencionado dependerá de la cantidad de lotes que lleguen al país, algo sobre lo que el gobierno no ejerce ningún tipo de control y depende exclusivamente de los tiempos que manejen los laboratorios. Esto, sin mencionar el atraso que existe con los segundos componentes de Sputnik que deja en una situación delicada a las 6 millones de personas que fueron inoculadas con la primera dosis de la vacuna rusa.

Además, sabemos que estos pulpos farmacéuticos saldrán airosos en caso de incumplimiento, ya que están protegidos por la impunidad que les confiere el carácter confidencial de los contratos que firmaron con el Estado nacional, razón por la cual no recibieron punitorio alguno tras el retraso en la entrega de dosis durante el 2020 y la primera parte del 2021.

Como se ve, se avecina la tercera ola y el gobierno solo apuesta a una carrera contrarreloj en materia de vacunación que sabe de antemano que va a perder. Mientras tanto mantiene un presupuesto de salud recortado en un 10% con respecto al 2020, no reabre las 13 clínicas cerradas ni reactiva las obras para finalizar los hospitales inconclusos que existen en el conurbano bonaerense. Tampoco resuelve los reclamos laborales de los trabajadores de la salud, quienes están exhaustos y mal pagos, ni da lugar a una ampliación de camas de terapia intensiva en pos de evitar un cuadro de colapso. El ajuste también se refleja en un nivel de testeos diarios por debajo de lo recomendado, como lo muestra la tasa de positividad del 14,85% cuando lo aconsejable según la OMS es que no supere el 10%.

Como si esto fuera poco, Alberto Fernández redujo este año un 80% las “partidas especiales” para paliar los efectos económicos y sociales del Covid, exponiendo a los sectores más vulnerables al contagio. A su turno, los anuncios aperturistas de Larreta y Kicillof –pase sanitario, fin de la virtualidad educativa, menos restricciones a la circulación- apuntan a una normalización de la actividad económica haciendo de cuenta que la pandemia finalizó. Esto tendrá su impacto en una flexibilización aun mayor de los protocolos de bioseguridad al interior de los lugares de trabajo a fin de reducir los costos para las patronales.

Evidentemente las decisiones gubernamentales han ido en sentido contrario a las necesidades que impone la crisis sanitaria. A sabiendas que esta nueva variante dará lugar a rebrotes, como sucedió en el resto del mundo, de todas formas no se avanza en un plan integral para mitigar las consecuencias de ola venidera. Lo único que explica la quietud de la política oficial ante un agravamiento anunciado de los contagios es la ruta de ajuste que ha escogido el gobierno para mostrar garantías de repago al FMI y la subordinación completa de Alberto Fernández hacia las patronales.

Un ejemplo de esto último es su negativa a centralizar el sistema de salud a pesar de que la pandemia mostró la importancia de que se avance en ese sentido. Lo cierto es que se trata de una gestión incapaz de tocar los intereses de la medicina privada; por el contrario, los empresarios de la salud vienen recibiendo cuantiosos beneficios por parte del Estado, como subsidios y exenciones impositivas, pese a que brindan servicios cada vez más deficitarios y mantienen sin aumento salarial a sus trabajadores.

La totalidad del Frente de Todos prioriza el rescate de una deuda usuraria por sobre reducir los efectos de la pandemia. Muestra de esto han sido las recientes declaraciones de CFK, quien luego de haber hecho demagogia sobre los Derechos Especiales de Giro afirmando que esos fondos se destinarían a enfrentar la situación sanitaria, terminó apoyando que ese dinero sea utilizado para el pago de vencimientos de deuda.

Esta orientación nos ha conducido a superar el umbral de las 100 mil muertes por coronavirus y a ocupar lamentables primeros lugares en los rankings de cantidad de casos y fallecidos. Dentro de los 20 países de Latinoamérica con al menos 100 casos detectados, Argentina se halla en primer lugar en cantidad de casos cada 100 mil habitantes y en cuarto lugar en cantidad de personas muertas por Covid.

Vizzotti ahora se jacta de haber retrasado la circulación comunitaria de la variante Delta, por medio de cierre de fronteras terrestres y el cupo en los vuelos, puesto que hasta ahora solo se registraron 46 contagiados con esa cepa en el país. No obstante, existe un informe oficial con fecha aproximada de aumento de casos y no hay ninguna planificación para abordar ese panorama; es como si un médico te diagnosticara una enfermedad sin indicar cuál es el tratamiento correspondiente. La indefensión de la población ante este escenario es total.

Nuevamente aparece la necesidad de que emerja un control popular sobre el manejo de la pandemia que dé lugar a la creación de un sistema único de salud, que reúna los recursos sanitario que hoy en día están dispersos en el ámbito público, privado y obras sociales. A su vez, la triplicación del presupuesto es fundamental para recomponer el salario del personal de salud, ampliar la disponibilidad de camas, proveer de insumos suficientes a todos los centros de salud y multiplicar los testeos.

Terminar con el secretismo que envuelve a los contratos con los laboratorios, liberar las patentes e impulsar una producción estatal a gran escala de la vacuna, bajo control de un comité medico-científico poniendo a disposición todos la capacidad técnica del país -tanto pública como privada-,  son requisitos clave para lograr la mayor inmunidad, y, al mismo tiempo, dejar de ser rehenes de los monopolios farmacéuticos

En cada lugar de trabajo, los protocolos de bioseguridad deben ser elaborados por los propios trabajadores bajo un criterio sanitario, quienes podrán frenar la producción en caso de incumplimiento. Este plan debe ser financiado mediante la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad consideramos que estas medidas son fundamentales para combatir la inminente llegada de la tercera ola.

 

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