Como anticipamos en Prensa Obrera, la audiencia convocada por el Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, para mediar en el conflicto entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y la gestión de IOMA, culminó con la satisfacción del 90% de las exigencias de las corporaciones y capitalistas de la salud privada, en detrimento de la obra social y sus los afiliados de la región.

Ante la presión de la AMP, el gobierno de Kicillof y la presidencia de Ioma retrocedieron en chancletas, acordando “retrotraer el conflicto entre las partes al 6 de abril”, es decir al momento previo en que la obra social dispusiera la baja del convenio con la Agremiación, y que ésta retrucara ordenando a los médicos el cobro de las consultas y atención de los afiliados como si fuesen “particulares”. En esta disputa quedaron atrapados durante varios días, sin cobertura médica, unos 300.000 trabajadores de la región, agravando la crisis sanitaria en plena pandemia.

Asustados por la agitación de las corporaciones capitalistas y la oposición derechista, Kicillof y Homero Giles, titular de Ioma, dieron marcha atrás reponiendo el convenio con la AMP por otros 60 días, después de haberla denunciado como un foco de corrupción y estafas (la entidad recauda mayores ingresos conforme aumenta la facturación). En el medio quedó en ridículo el ministro de Salud Daniel Gollán, tras sus dichos sobre que “aseguraba” la cobertura del Ioma, la cual quedó paralizada. La “salida” de Kicillof y Giles es el aumento de los bonos de práctica y consulta, mayores costos de los aranceles y de los copagos a los estatales, docentes y trabajadores de la salud provincial.

Los recursos en danza son millonarios. La recaudación de Ioma -que proviene de los aportes de los trabajadores del Estado provincial- supera el presupuesto de varios ministerios. La “agremiación” es en verdad una poderosa corporación dirigida por los representantes y socios de los grandes sanatorios y clínicas privadas, que tiene a 5.000 médicos platenses como adherentes cautivos, y que ha hecho negocios con todos los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires. La AMP factura al Ioma 1.300 millones de pesos anuales, recaudación de la cual los administradores retienen un jugoso porcentaje en concepto de aportes de los profesionales adheridos, gastos administrativos, contribución de la Caja de Médicos, cuotas sociales varias y una suma total que oscila entre los 11 y 17 millones de pesos mensuales.

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El grueso de las prestaciones facturadas al Ioma corresponde a clínicas y sanatorios privados que crecieron al amparo de su asociación con el Estado, entre los que se encuentra Raúl Tassi, propietario de los principales nosocomios de La Plata y la región. Se trata de un negocio redondo y a dos puntas del que se benefició la AMP por años, con la vía libre de las distintas direcciones del Ioma. En su condición de operadora de los grupos que monopolizan los negocios con las obras sociales, la “agremiación” impone todo tipo de condiciones a los médicos asociados bajo la amenaza de bloquear su trabajo en los sanatorios y sus certificados de ética. En su condición de intermediaria de los grupos de la salud privada, la AMP se opone firmemente a una unificación del sistema de salid bajo el comando del Estado frente a la pandemia.

El acuerdo promovido por Lorenzino y Kicillof está hecho a la medida de los capitalistas de la salud, y por eso mismo puede tener todavía modificaciones más regresivas para los afiliados a Ioma. En el acta firmada se establece que el convenio actual va a continuar por dos meses, al cabo de los cuales la obra social y la agremiación deberán firmar uno nuevo. El kirchnerismo y las burocracia sindicales de las CTAs lo presentan como “una tregua” para retomar el funcionamiento de Ioma. Es un discurso falso y encubridor, porque en realidad es una concesión al que es desde tiempos de la exgobernadora Vidal un reclamo de los grandes prestadores, para aumentar los aranceles a costa de los afiliados (“modificación del nomenclador de prácticas y jerarquización de los médicos”).

Otro punto importante del acta es el compromiso de incorporar los “módulos Covid-19”, más caros, en el marco del programa de “sustentabilidad de los sanatorios y clínicas” anunciado por Kicillof para rescatar a los nosocomios privados. El convenio en negociación incorporaría una “auditoría mixta” y ya no única de la Agremiación Médica Platense. La conformación de estas auditorías está por verse, tratándose de un gobierno que reculó al primer tiro y que cede al chantaje de los capitalistas de la salud que controlan la mayor cantidad de camas de terapia intensiva. Incluso si avanzara esta variante de auditoría conjunta entre la AMP y el Ioma el resultado sería a expensas de los afiliados, para un encubrimiento mutuo de los hechos de corrupción sobre facturaciones y coimas.

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El trasfondo de este tironeo es la disputa por los 400 millones de pesos mensuales para subsidiar a los empresarios de la salud. En esto radica el enfrentamiento que tuvo como rehenes a 300.000 trabajadores afiliados de La Plata, pero también las tendencias a un pacto para que la crisis del Ioma y los subsidios al capital los paguen los trabajadores. Tanto la Agremiación Médica como las cámaras patronales saludaron este paquete millonario de préstamos de Kicillof a tasa cero, mientras presionan para que se conviertan en subsidios directos y sin devolución en la “emergencia”. El nuevo convenio será la expresión de esta tendencia al acuerdo, y su resultado un mayor encarecimiento de las prestaciones de la obra social.

La convalidación del acta acuerdo por el gobierno de Kicillof, su ministro de Salud y las autoridades de Ioma anuncia nuevas capitulaciones y vaciamientos. El Partido Obrero ganó la calle junto al sindicalismo combativo para denunciar el saqueo de la obra social, exigir la apertura de los libros de Ioma y de los capitalistas de la salud privada, para reforzar la lucha por la centralización del sistema de salud. Por un impuesto al capital para financiar el aumento del presupuesto para salud, y para que se cumpla con los pagos atrasados del Ioma con los profesionales y pequeños prestadores que son trabajadores tercerizados por el Estado provincial.

¡Plata para la salud pública y no para el pago de la deuda externa¡ ¡Qué el estado reponga los fondos del Ioma para garantizar la atención de todos los afiliados!

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