Al momento de escribirse este artículo, según las cifras del propio Ministerio de Salud, en nuestro país solo el 8% de la población tiene ambas dosis de las vacunas aplicadas. Un 46,8% -casi la mitad- con la Sinopharm, el 34,6% con la Sputnik V, el 18,3% con la AstraZeneca y un 0,3% con la Covishield.

Esto reviste una enorme gravedad, mientras en el día de ayer se batió un nuevo récord en muertes diarias y ya se superaron las 90 mil desde el inicio de la pandemia. Esto con el agravante de que, presuntamente, los casos se “amesetaron” a la mitad del récord de contagios diarios (40 mil), lo que presentaría de ser así que aunque los casos “bajen”, la mortalidad se mantiene. Así, el país se ubica en el puesto número 12 con mayor tasa de letalidad por Covid-19.

Cabe entrecomillar que los casos se “amesetaron” o que “bajaron” después del pico. Porque de lo que se puede tener absoluta seguridad es que lo que sí se redujo -además del ritmo de vacunación, o el presupuesto en salud en el último año- también fueron los testeos por millón de habitantes. Estas cifras cuestionan la fidelidad de los datos oficiales que se publican.

Lo que es todavía mucho más grave respecto de esto es que las nuevas cepas como la Delta, más contagiosas y aún en estudio si más letales, no son paliadas en el desarrollo de síntomas siquiera por el esquema de vacunación que se consideraba “completo” al momento. En todo el mundo se registraron rebrotes con el arribo de las nuevas variantes incluso entre la población que recibió doble dosis.

Esto complica todavía más la provisión de vacunas y el ritmo de aplicación. Más de 6 millones de personas (un 13% de la población total del país) se encuentran esperando la segunda unidad de Sputnik V, cuyo esquema no puede ser completado por una dosis de otro laboratorio. Por este panorama internacional, el abastecimiento de la vacuna rusa se está viendo detenido: desde Moscú priorizan ahora reforzar el esquema vacunatorio a la población local, que podría incluso implicar un refuerzo cada 6 meses. De esta manera, los compromisos con otros países deberán esperar que Rusia satisfaga su demanda interna.

No obstante, esta situación podría ser revertida con una verdadera producción local de Sputnik Vida, la réplica del fármaco elaborado en el Instituto Gamaleya. Pero lo que ocurre, y nuevamente vuelve a ser una traba, es que su fabricación está en manos del laboratorio Richmond, del empresario Marcelo Figueiras, cuyo contrato fue sellado con un secretismo absoluto. El pasado sábado se terminaron de producir en su planta en Pilar un primer lote con 448.625 dosis, cuyo principio reactivo depende de la importación desde Rusia; lo que da cuenta que en este cuadro el proceso se dará a cuentagotas. Y esto porque el gobierno sigue con una misma política de delegar la elaboración de vacunas a los laboratorios privados, sellando contratos bajo la más estricta confidencialidad, lo que le permitió a su turno a mAbxience de Hugo Sigman exportar más de 60 millones de dosis de AstraZeneca para envasar en el exterior -cuando hay en el país capacidad técnica para hacerlo de sobra-, que ahora regresan “a paso de tortuga” a la Argentina.

Si se pone la lupa sobre Richmond, esto se ve a las claras. El contrato confidencial que selló Figueiras con el Instituto Gamaleya implica la construcción de una nueva planta que estaría lista recién en 2022. Mientras tanto, la producción tuvo inicio en la planta que ya tiene el laboratorio, pero que tiene una evidente capacidad productiva menor. Está claro que no obtuvo la licitación entonces por un criterio sanitario, sino por ser un empresario cercano al gobierno que es desde hace ya varios años un proveedor -y defraudador- de fármacos al Estado. El régimen de patentes y de negociados capitalistas sobre la producción de las vacunas son un verdadero lastre para combatir la pandemia, cuando nuestro país camina derecho a las 100 mil muertes por Covid-19.

Mientras Vizzotti se apura en asegurar que esta semana arribarán nuevos lotes de Sputnik al país -aunque sin poder precisar cuántas vacunas serán-, más de 200 mil personas han superado ya el plazo de 90 días de aplicación de la primera dosis sin tener noticias certeras sobre cuándo recibirán la segunda. El avance de las nuevas cepas no hará más que complicar el escenario.

Volvemos a insistir entonces con el mismo planteo, que ya es, como se puede ver, una cuestión de vida o muerte. Hay que hacer añicos el régimen de patentes, abriendo los contratos confidenciales al control popular y declarando de utilidad pública a las vacunas. Sobre esta base, hay que dar pie a una producción masiva poniendo a disposición de un comité de científicos y médicos electos popularmente todos los recursos del país -es decir, centralizando los laboratorios privados y públicos-.

De igual forma, el desfinanciamiento en salud, ciencia y tecnología choca de fondo con esta orientación. Por eso es que el Conicet ha desarrollado proyectos de vacunas realmente muy eficaces, pero no puede comenzar una producción masiva porque las partidas presupuestarias a la ciencia y la tecnología por parte del Estado son miserables. Lo propio con el sistema de salud, que se refleja en el colapso sanitario que no da tregua a la tasa de mortalidad. Ello demanda a su vez una verdadera centralización de toda la salud pública.

Es cuanto menos criminal el papel de un gobierno que ante tamaña masacre sanitaria se comprometió en el día de ayer a gatillar 430 millones de dólares de las arcas públicas a los especuladores financieros del Club de París. La base de este planteo que presentamos se debe dar sobre el desconocimiento y el no pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta, por el cual se machacó el presupuesto de la salud, la ciencia y la tecnología.