Hace casi dos años que en Argentina se aprobó la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos. Esta ley establece que se coloque un octógono negro a los productos y alimentos que cuenten con exceso de grasas, sodio, calorías y azúcar.

En enero de este año se venció la prórroga que pidieron algunas empresas, la cual habilitaba a las mismas a seguir lanzando envases sin sellos. Es por esto que se empiezan a inundar las góndolas de los distintos supermercados, kioscos y almacenes con octógonos negros en la mayoría de los productos.

Frente a este cambio fueron muchos los consumidores que se manifestaron impactados por el caudal de productos que presentaban excesos de nutrientes críticos. Una preocupación más que válida.

Pero cabe preguntarse por qué la mayoría de los productos a los que la población accede tienen sellos. Esto es una muestra de cómo la producción de alimentos está puesta al servicio de los intereses de la industria alimentaria y de los grandes ingenios azucareros, que en su momento hicieron un fuerte lobby en contra de la ley de etiquetados. Son estas empresas, de la mano de los gobiernos que hacen negocios con ellas, las que priorizan acrecentar sus ganancias a costa de la salud de la población, incorporando una gran cantidad de nutrientes críticos e ingredientes dañinos como los edulcorantes para abaratar los costos de producción.

Un ejemplo de esto es la gran campaña que el actual gobernador de la principal provincia productora de azúcar (Tucumán), Juan Manzur, llevó adelante en contra de la ley. Lo mismo vale para los diputados de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos que en su momento decidieron no dar quórum para postergar la sanción de la ley.

Otro motivo por el cual el etiquetado frontal generó tanto impacto fue la clarificación del tipo de alimentación al que puede acceder la mayoría de la población, una en la que abundan los nutrientes críticos, que son responsables de generar enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes o la hipertensión arterial. Esta situación tiene como base el aumento imparable de la inflación, que en mayo fue de 7,8%, consagrando un acumulado anual de 42,2% y una interanual de 114,2% y dentro de la cual el rubro de alimentos es el que mas aumentos viene percibiendo. Esto sumado a la devaluación de los salarios y el cierre de paritarias muy por debajo de la inflación, generan un impacto muy grande en el acceso a los alimentos.

Estas son las consecuencias de la orientación política de ajuste del gobierno, que a costa de implementar las medidas del FMI en nuestro país, golpea cada vez más las condiciones de vida de la población. Lo que necesitamos es que el salario sea igual a la canasta básica y que las paritarias estén indexadas a la inflación. La salud de la población no puede estar atada a los intereses de las grandes empresas y del Fondo Monetario Internacional.

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