Superando la barrera de los mil casos de contagiados con Covid 19 y bajo circulación comunitaria en gran parte de la provincia, el gobierno viene tomando las peores decisiones: estableciendo los centros de “aislamiento” donde hacinan a la gente y conviven casos positivos con personas sanas, poniendo en peligros a todos. Como parte de la represión a quienes denunciaron esta situación, llegó al extremo de apresar a dos concejalas opositoras y desató un escándalo.

Esto lo advertimos desde un principio, con los centros de alojamientos para los formoseños que volvían desde otras provincias donde amontonaban a miles de personas, y derivaron en verdaderos centros de contagios. El ejemplo más paradigmático de esto fue el Juan Pablo ll.

Sin embargo, parece que el gobierno no aprendió la lección. Ahora insiste con disponer de las personas que fueron detectadas como contactos de algún caso positivo y alojarlos en centros, exponiéndolos al contagio por hacinamiento. Hay testimonios de personas que fueron a hacerse voluntariamente el hisopado y aún antes de tener el resultado fueron aislados junto a otros ya confirmados.

Estas medidas del gobierno son totalmente contraproducentes y agravan la crisis sanitaria. Espanta a la población y desincentiva a hacerse los hisopados voluntariamente, una herramienta clave para detectar de forma más rápida la circulación del virus. Otro resultado es que reduce drásticamente las consultas por otras dolencias, ya que las personas temen a quedar aisladas. La salud en general de la población se va deteriorando.

El gobierno viene de fracaso en fracaso. Además los alojamientos y los centros de aislamiento preventivo, tenemos el ejemplo del hospital de Ingeniero Juárez que se convirtió en un foco de contagios de la zona oeste. Ahora, con principio de circulación comunitaria, libera igual varias actividades. Diez meses de cuarentena fueron desperdiciados por Insfrán sin preparar un buen sistema de salud ni una estrategia integral, solo medidas penales y reclusiones.

Miedo y protestas por los centros de “aislamientos”

Los centros de alojamientos han provocado una serie de protestas, como lo sucedido en el estadio Cincuentenario, tanto por los peligros que conllevan como por las arbitrariedades y el autoritarismo con que se lleva adelante. Familias divididas en diferentes centros; personas movilizadas de una localidad a otra a cientos de kilómetros de distancia, entre otros agravios. Todo esto llevó a que en varios centros se produjeran disturbios y hasta amenazas de quemas de colchones por parte de madres desesperadas.

Las protestas también estallaron en la ciudad de Ingeniero Juárez, donde miembros de comunidades wichi se quejaron por ser sacados de sus domicilios sin que les diera explicación ni le informaran a donde irían. También denuncian discriminación en el hospital. Por estos reclamos fueron detenidos tres mujeres y un hombre. En otra localidad del oeste, María Cristina, a los reclamos sanitarios le sumaron la necesidad de una boca de Banco para poder cobrar sus ingresos, ya que al estar aislados no pueden desplazarse a otra localidad; por el reclamo también fueron reprimidos, detenidos y penalizados 14 Wichi.

Las contradicciones del gobierno y la oposición

El Consejo del Covid, encabezado por el gobernador Insfrán, ha decretado la vuelta a la fase uno desde el 5 de enero, prorrogada hasta el 2 de febrero para la capital provincial y otros departamentos. La medida fue tomada en vista a los nuevos casos que surgieron y frente a la circulación comunitaria del virus que el gobierno tardó en reconocerla. Sin embargo, en una reciente resolución habilitaron la vuelta de varias actividades laborales y comerciales, aumentando la circulación de personas y con ellos las posibilidades de mayores contagios.

Al decretar la vuelta a la fase uno, no lo hizo con ninguna medida económica para los miles de trabajadores que quedan parados. De este modo, la vuelta a la fase uno es insostenible para este sector de trabajadores. Sin el IFE ni ningún tipo de asistencia por parte del gobierno, los laburantes changarines y en negro quedaron sin ingresos. Con hambre no hay cuarentena posible.

Esta decisión de no poner los recursos necesarios para garantizar la cuarentena lo lleva a levantar gradualmente las restricciones. De esta forma queda en claro que los “defensores de la salud y la vida” anteponen el ajuste y las cuentas fiscales.

Al mismo tiempo, con la visita del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, se refuerza la presión por la vuelta a la presencialidad de las clases. Lo que ya hicieron con los centros de aislamientos y en algunos hospitales, lo quieren hacer con las escuelas. Se activaría una “bomba” de contagios de estudiantes y docentes.

Desde la oposición (UCR-PRO-PJ disidentes) vienen militando desde hace mucho tiempo por levantar la cuarentena sin medir las consecuencias sanitarias catastróficas que pudieran contraer una liberación total de actividades. Con un sistema de salud colapsado desde antes de la pandemia, tener a la población infectada solo agravaría la situación. Después de acompañar y sostener al gobierno antipopular de Macri, está claro que la intención de esta oposición es encubrir su pasado y tratar de re armar una base electoral a costa de las penurias del pueblo trabajador.

Nuestro planteo

Reclamamos, como lo hicimos desde un principio, testeos masivo para frenar la circulación. Asistencia inmediata a todos los trabajadores parados con un aporte de 30.000 pesos. El cese de los aislamientos compulsivos en los centros de alojamientos preventivos. Libertad y desprocesamiento de los wichi detenidos. Con la misma fuerza pedimos la renuncia del ministro de Gobierno y Justicia, Jorge González, por ser el ejecutor de la política de represión y atropellos bajo régimen de Insfrán, contra los pueblos originarios y del conjunto de la población.

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