El jueves 22, la Unión Argentina de entidades de Salud (UAS), que nuclea a empresas de la salud privada y obras sociales que “cubren” el 70% de las prestaciones sanitarias de la población alcanzando 30 millones de personas, denunció que los fármacos esenciales para los tratamientos a contagiados de Covid-19 registraron aumentos de hasta el 1.187%. Enviaron una carta al Ministerio de Salud advirtiendo que los ajustes promedio superan el 500% y no responden estrictamente a las variaciones del tipo de cambio, deslizando razones especulativas. Las empresas de medicina privada apuntaron a los laboratorios y droguerías para presionar por aumentos en las tarifas o mayores concesiones por parte del Estado, ya que en el comunicado afirman que el financiamiento del sector está en una “crisis terminal”, dando a entender que con los ATP’s otorgados por el gobierno no alcanza.

Las entidades de la UAS se presentan como víctimas de la pandemia al aducir que a los aumentos de los medicamentos hay que sumarle la caída de la recaudación por la pérdida de empleos, la situación de las obras sociales y el PAMI, el congelamiento de las tarifas de las empresas de medicina prepaga y el efecto inflacionario que los movimientos cambiarios tienen sobre la tecnología y los insumos, muchos de los cuales son importados. En su comunicado solicita la intervención del gobierno nacional para intervenir sobre los responsables de estos sobreprecios.

Este episodio se trata de una disputa entre dos sectores capitalistas de la medicina donde las entidades privadas pretenden el auxilio del gobierno o el descongelamiento de las tarifas. Días atrás uno de los vocales de la UAS y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, señalaba que en la Argentina no existe “un clima de seducción” para que los empresarios abandonen el pesimismo que los apremia, habló de normas “muchísimo más claras” y “un escenario donde uno pueda conocer hacia dónde vamos”.

La situación de los trabajadores de la salud privada es muy diferente, los sueldos estuvieron congelados hasta el mes pasado y, luego de unos aumentos mínimos en sumas fijas, el básico no supera los $43.000 para una enfermera o enfermero de piso o el personal especializado de la Terapia Intensiva. A su vez el 50% de los salarios fue abonado por el régimen de ATPs, la incertidumbre a la que se refiere Belocopitt es la que tienen los trabajadores del Güemes, que hoy están luchando porque se le pague la totalidad del salario.

La orientación de las patronales de la salud privada es clara, avanzar en un tarifazo, luego de todos estos años en que han amasado una fortuna millonaria ya que los aumentos tarifarios de las coberturas privadas superaban ampliamente la inflación. Ahora ante una “avivada” de los laboratorios y droguerías, presionan para retomar ese camino. Ante este cuadro el planteo que realizó enfáticamente el Partido Obrero sobre la centralización del sistema de salud queda a la vista de lo vital que es para enfrentar estos episodios entre capitalistas. El gobierno nacional es incapaz de chocar con estos sectores y habrá que ver de qué manera actúa, ya que cada día tiene menos recursos para arbitrar en este tipo de crisis.