Mientras la segunda ola del Covid-19 empieza a golpear fuerte en las provincias del norte argentino, el gobernador Morales parece estar en una carrera contra el tiempo -y la velocidad del virus– con el único interés de llegar a las elecciones del 27 de junio como si nada sucediera. Los datos de la última semana encendieron las alarmas y la meta del gobernador está cada vez más lejos, cargando en su fracaso la salud del pueblo jujeño.

La “segunda ola” ya llegó

La última semana arrojó los peores números (casi 40 mil casos y 700 fallecidos diarios) desde que llegó la pandemia a nuestro país. En Jujuy los contagios aumentaron un 15% en una semana, saltando de 590 casos del 4 al 11 de mayo a 709 en esta que acaba de terminar. A su vez la positividad de la provincia (42%) es un 4% más alta que la nacional (38%) –datos aportados por el Monitor Público del Ministerio de salud de la Nación.

A pesar de estos números, Gerardo Morales decidió no sumarse a los ya escuetos e improvisados anuncios de Alberto Fernández aduciendo que Jujuy se encuentra en “riesgo medio” y por lo tanto se sostendrá toda la actividad económica y escolar abierta. La desesperación del gobernador radical por llegar a las elecciones en las condiciones más “normales” posibles representa una política criminal para el pueblo jujeño. El nivel de testeos es de los más bajos del país –200 diarios aproximadamente– por lo cual no se puede conocer la real gravedad de la situación epidemiológica. A esto se le suma la débil capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud provincial debido al enorme ajuste que hizo Morales en su gestión y que hoy vemos la consecuencia en los altos índices de letalidad en los contagiados de Covid-19. La “Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública” (Apuap) denunció en una carta abierta que el Plan Estratégico de Salud “Primero la gente” que se anunció en 2018 resultó un plan de vaciamiento y precarización laboral. El personal de salud no alcanza –sus miserables salarios menos- , las camas tampoco y, en todos los hospitales, los médicos denuncian falta de insumos elementales para enfrentar la pandemia.

Las imágenes del colapso de salud de septiembre de 2020 vuelven a estar presentes en un cuadro de un sistema de salud tan débil y el aumento exponencial de contagios. No tomar ninguna medida para bajar la circulación del virus ni asistencia económica en una provincia donde el trabajo informal es de los más altos del país resultan una política criminal.

La salud de los trabajadores vale más que cualquier calendario electoral

Los datos grafican que los más afectados por el Covid-19 siempre son los trabajadores: el mayor predominio de contagiados se da entre las personas de 30 y 39 años. Es innegable que los lugares de trabajo, el transporte y las escuelas son la gran causa del crecimiento de la curva. Los docentes fallecidos ya son más de 15, mostrando que la presencialidad, en este contexto, mata.

Frente al camino de tipo “negacionista” que toma el gobernador Morales, el Partido Obrero llama a los trabajadores a proteger la salud de la mediante la organización y la movilización política con un programa de medidas concretas: la vacunación masiva de la población, exigiendo la incautación de la producción que se fabrica en argentina; reforzar de manera urgente el sistema de salud con presupuesto para salarios, respiradores, oxígeno y camas; el paso a la virtualidad de la escolaridad garantizando conectividad y computadoras a estudiantes y docentes; el cierre de actividades económicas no esenciales, cumpliendo el pago del 100% de los salarios por parte de las patronales y la prohibición de despidos y suspensiones. Un seguro al desocupado de 40 mil pesos para los desocupados y un IFE del mismo monto para todos los trabajadores informales.

Los recursos para estas medidas deben ser costeados mediante un impuesto progresivo a las enormes ganancias de los bancos, los capitalistas y la suspensión del pago de la deuda externa.