La situación sanitaria en Jujuy, como consecuencia del avance del coronavirus, es muy grave. La provincia ya suma más de 5.800 casos positivos y son 163 los fallecidos. El colapso de la salud pública es total en las principales localidades, donde los trabajadores han hecho sentir sus reclamos por la falta de personal y de elementos de seguridad adecuados, lo que ha generado que muchos de ellos se contagien.

Mientras tanto los funcionarios, del gobernador Morales, quien también se contagió, y directores de hospitales, tratan de negar la gravísima situación por la que se atraviesa, y siguen colocando la responsabilidad en la población. Sin embargo, el gobierno, que tomó la posta en la apertura de actividades, no ha parado sectores de la producción donde los contagios en los lugares de trabajo son masivos, como las empresas mineras o el Ingenio Ledesma, en este último ya se registran ocho casos fatales. Como se ve Morales está en sintonía con la política de Alberto Fernández, que ha ido cediendo frente a la presión patronal poniendo en peligro a la población.

Al tiempo que la situación se agrava y los trabajadores de la salud redoblan esfuerzos para atender la pandemia, el gobierno de Morales ha descontado el salario de los trabajadores que debieron ser aislados por estar contagiados, o por haber estado en contacto con casos positivos o por ser parte de los grupos de riesgo o tener familiares directos entre estos grupos. Esta denuncia la hizo pública el sindicato Apuap (Asociación de Profesionales Universitarios de la Provincia), que anuncia la posibilidad de realizar medidas de fuerza ante la situación. Por su parte, el Colegio de Enfermeros ha enviado una carta documento al presidente Alberto Fernández, reclamando que intervenga ante una situación de colapso absoluto del sistema sanitario, que tiene a casi la mitad de su personal parado por contagio o cuarentena preventiva.

Ante la situación de colapso y la falta de personal, el gobierno ha decidió colocar a disposición del Comité Operativo de Emergencia al personal de educación. Desde el sindicato docente Adep reclaman la provisión de elementos de seguridad sanitaria y plantean una movilización para el miércoles 26 de agosto. Esta medida no solo demuestra el colapso total en que se encuentra la provincia sino que expone a los contagios a una parte importante de los trabajadores que no han sido capacitados para realizar tareas sanitarias en medio de una pandemia, y donde no están garantizados los elementos necesarios ni siquiera para el personal de salud.

Es claro que somos los propios trabajadores quienes mediante nuestra organización debemos imponer los protocolos en los lugares de trabajo, como así también la satisfacción de los reclamos de los trabajadores de la salud, fundamentales para que puedan actuar frente a la crisis.

Es clave el planteo que venimos desarrollando desde el Partido Obrero, de que debe centralizarse el sistema de salud, público y privado, bajo gestión del Estado y control de los trabajadores. Al mismo tiempo garantizar un ingreso de por lo menos $30.000 a los desocupados o aquellos trabajadores que por la cuarentena han quedado sin ingresos, y el aumento inmediato del presupuesto de salud. Todo esto debería financiarse con un impuesto extraordinario a las grandes ganancias y fortunas como propusimos en el Congreso con nuestra diputada Romina Del Plá y el bloque del Frente de Izquierda.