La última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tuvo como punto central el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo creando una empresa bonaerense de emergencias en salud. Este proyecto fue ingresado a principios de año junto a otro que plantea la creación de una empresa farmacéutica, en ambos casos bajo la figura de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, permitiendo el ingreso de capitales privados al sistema público de salud de la provincia. Para pilotear la crisis provincial y hacer frente al recorte de fondos que el Estado nacional le envía a la provincia, Kicillof busca fortalecer los negocios capitalistas incluso en el terreno de la salud para buscar nuevos fondos.

El proyecto obtuvo media sanción gracias a los 37 votos del oficialismo y los 9 del bloque “Unión Renovación y Fe”, quienes habían rechazado en minoría en las comisiones pero cambiaron su voto en la sesión. Cabe destacar que estos 9 diputados fueron electos por las listas de Milei en la provincia, pero desde la asunción de las bancas conformaron un bloque propio con “buen diálogo” con el peronismo. Aún con el rechazo, bajo argumentos muy diversos, del interbloque de Juntos x el Cambio (UCR, PRO, Coalición Cívica), del bloque de La Libertad Avanza, el PRO-Libertad (bullrichistas), la UCR-Acuerdo Cívico (Manes) y del interbloque del Frente de Izquierda, el proyecto recibió 46 votos sobre 90 diputados presentes (faltaron 2 diputados de Juntos x el Cambio).

El proyecto en cuestión

Para la creación de la empresa de emergencias, los argumentos “progresistas” del gobierno provincial hablan de una situación crítica por la descentralización de los servicios de SIES, de la dirección provincial de hospitales, y el SAME provincia, que es gestionado desde los municipios tal como se acordó con los intendentes al momento de su aprobación bajo el gobierno de Vidal, y por la falta de un sistema “integrado” de información. El planteo de una centralización del sistema de salud y de un sistema integrado intenta ser usado, en este caso, como la pantalla para abrir un negociado con capitales privados que de ninguna manera actuarán sobre ese problema.

El proyecto establece que la empresa prestará “por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros” el servicio de atención de urgencias, logística y transporte de usuarios, insumos críticos y residuos patógenos, y el manejo de un sistema de información integral de Emergencias en Salud. La prestación del servicio, además, será de “carácter oneroso”, es decir pago, con la excepción de los servicios gratuitos que puede establecer, según el texto, el Poder Ejecutivo al redactar el estatuto de la empresa.

Uno de los puntos centrales para el gobierno en este proyecto es que la empresa tendría la potestad de asociarse con privados, celebrando “todo tipo de contratos”, e incluso contraer préstamos con bancos y organismos nacionales o internacionales y emitir títulos de deudas “en cualquier moneda”. Es decir, una plataforma para tomar deuda sin pasar por la legislatura y establecer negociados de todo tipo y color en relación a la salud de la población.

Los recursos para que la empresa funcione serían fundamentalmente un aporte del Estado que, según dichos del ministro de Salud, ya tiene reservadas las primeras ambulancias para destinar a tal fin. Pero todos los bienes de los que se dispongan no serán públicos sino privados y podrán ser vendidos, embargados, permutados o cedidos a decisión de la empresa S.A. Los empleados que contrate se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, y no por las leyes de empleo público y la Ley del Personal del Sistema Público de salud de la Provincia de Buenos Aires, lo que presume un régimen de precarización laboral.

El gobierno de Kicillof y la salud pública

El gobierno bonaerense busca aprobar este proyecto y el de una industria farmacéutica mientras la situación del sistema de salud en la provincia es de verdadero colapso. Los hospitales se encuentran en crisis producto de la desinversión de años, con falta de personal, insumos, camas de terapia intensiva. A eso se suman los despidos que en los últimos días afectaron al Hospital Posadas, que depende del gobierno nacional pero que atiende una zona de influencia de 6 millones de personas en el oeste del conurbano bonaerense.

La situación de IOMA, la principal obra social de los trabajadores de la provincia, se integra al cuadro de crisis de la salud bonaerense. El vaciamiento ha llevado a crisis de atención en numerosas ciudades, a la generalización de los co-pagos que deben hacer los afiliados para atenderse, y, en sintonía con los proyectos de creación de sociedades anónimas de negocios desde el Estado en el rubro, el gobierno quiere avanzar en una transformación del IOMA al esquema de prepagas.

Con la empresa farmacéutica, que aún no tuvo tratamiento en comisiones, se ve más claramente la intención de abrir un negocio con la salud pública. Luego de fracasar en su intento de privatizar el Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, el gobierno de Kicillof avanzó en un vaciamiento total de esa dependencia donde se producían insumos clave para el sistema público como vacunas, sueros, test de diagnóstico de Co-Vid, entre muchas otras cosas. El paso siguiente, al haber encontrado resistencia para “reconvertirlo”, es reemplazarlo con una nueva empresa estatal con capitales privados, en favor de grandes empresarios de la salud como Sigman.

Por una defensa del sistema de salud desde una perspectiva de los trabajadores

La votación del proyecto en Diputados fue dividida y el oficialismo alcanzó la aprobación por escasos votos, problema que deberá afrontar nuevamente en el Senado. Sin embargo, dentro de los votos en rechazo hubo diversidad de opiniones. A la hora de justificar su voto, el PRO (ambos bloques) y La Libertad Avanza optaron por denunciar un supuesto intento de “hacer crecer el Estado” por parte de Kicillof, contrario a los negocios privados.

Se trata en un punto de una impostura, porque la sociedad anónima busca dar mejores condiciones a los privados para hacer sus negocios, pero también de un reclamo de avanzar más a fondo a una privatización a gran escala del sistema público de salud. Como contrapunto, dentro del sector político que votó la Ley Bases de Milei y sus privatizaciones, la UCR se opuso argumentando que “no se puede privatizar la obligación del Estado sobre el sistema de salud”, aunque aclarando que estaban dispuestos a discutir “cierto grado de privatización si el gobierno fuera responsable”.

El único contrapunto desde una perspectiva de los trabajadores provino del Frente de Izquierda, cuyos diputados Guillermo Kane (PO) y Laura Cano (PTS) denunciaron el vaciamiento del sistema de salud y la creación de esta empresa como una plataforma para negociados y un primer paso para que los capitales privados copen la salud pública. En la comisión de salud, Cano presentó un dictamen alternativo atendiendo que se trata de una problemática real, pero creando un organismo estatal encargado de prestar el servicio de emergencias en toda la provincia de Buenos Aires. 

Para recomponer el sistema de salud no hace falta una sociedad anónima, ni utilizar los fondos públicos para subsidiar negocios privados. Lo que hace falta es una verdadera inversión para recomponer los salarios de los profesionales y brindar estabilidad al personal de salud, para hacer las obras de infraestructura en los hospitales y comprar el equipamiento e insumos faltantes, y para poner en pie un sistema centralizado e integrado de salud pública en todo el territorio bonaerense. Y, para poder hacer esa inversión, indudablemente hay que tocar los intereses de los grandes pulpos económicos que operan en la provincia con impuestos progresivos a las grandes fortunas y capitales, planteo que solo defiende el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

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