Este martes se espera la presentación en la justicia de las empresas de la medicina privada en reclamo por un aumento en las cuotas de los afiliados. Reclaman una actualización del 35%, apoyándose en los gastos de la pandemia que, según ellas, cubrieron en su totalidad y que hoy las deja en una situación financiera complicada.

Este mismo conflicto se desató a principio de año, donde luego de idas y vueltas con el gobierno nacional, acordaron un aumento del 10% en total. Es una discusión que se dio puertas adentro, sin inclusión de los afiliados ni los trabajadores de las prepagas (en su mayoría profesionales de la salud tercerizados) y sin la apertura de los libros contables de las empresas, de manera que no se conoce su balance financiero del 2020.

En este marco, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este lunes en un acto junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud”. Planteó que, “de hecho”, el sistema de salud ya está centralizado, ya que los pacientes “van de lo privado a lo público y de lo público a lo privado”. Sin embargo, lo cierto es que el sistema público ha absorbido la mayoría de la carga durante la pandemia, ya que los centros de salud privados colapsaron antes. Esto no impidió que continuaran cobrando las sustanciales cuotas de los afiliados y los beneficios recibidos por el Estado.

Según las prepagas, actualmente habría un desbalance del 60% entre los ingresos y egresos debido a los gastos en servicios por Covid y, particularmente, el uso de medicamentos, algunos de los cuales aumentaron hasta un 1.300% en el último año. También es cierto que durante el 2020, debido a la crisis económica y social que obligó a la población a elegir entre una prepaga y otras necesidades básicas como la comida o los servicios esenciales, una porción importante de los afiliados abandonó la medicina privada por el alto costo que conlleva acceder a esta. Esto significó un pasaje de una gran parte de la población a la salud pública y, entonces, mayor estrés para un sistema que no se acondicionó durante la pandemia.

La raíz del colapso sanitario que se vivió estas semanas es que el gobierno nacional reforzó poco y nada el sistema de salud e incluso avanzó en un recorte de esta cartera en el presupuesto 2021. Sin embargo, no escatimó en beneficiar a las empresas privadas con importantes subsidios y planes del Estado, como el ATP y el Repro II. Evidentemente tiene una vara distinta para la salud pública que para la privada. Ahora, además de reclamar la actualización de los planes, las prepagas buscan suspender las paritarias 2021 de los trabajadores del sector, nuevamente encubiertas detrás de los gastos de la pandemia. Es un conflicto entre el gobierno y privados que deja como rehenes a trabajadores, profesionales y afiliados.

Pero sobre todo deja al descubierto la crisis más general de un sistema sanitario que no tiene respiro. Las camas de terapia intensiva, si bien ahora disminuyen la ocupación producto de la baja en los casos, se verán nuevamente ocupadas por las patologías y los pacientes que tuvieron que dejar de atenderse por la segunda ola y que obligó a posponer todo tipo de procedimientos. Nunca se avanzó en la integración de un sistema que permita saber cuales son los recursos disponibles, por lo que los magnates de la salud privada aprovecharon para despedir profesionales y cerrar servicios y centros de salud. Esto, en lo concreto, significa cientos de pacientes sin atención, profesionales sin trabajo y recursos como camas, respiradores e instalaciones abandonados.

Por otro lado, el salario de los profesionales de la salud no puede competir con la inflación. En muchos casos no superan los $60 mil, es decir que se ubican muy lejos de la canasta básica familiar. Ni siquiera se les retribuyó su labor fundamental como primera línea de defensa contra el Covid con un bono como el que recibieron el año pasado, que el gobierno anunció hace dos meses pero el cual todavía no vieron. Continúan trabajando bajo el mismo estrés, a lo que se suma que desde principios de 2020 no tienen vacaciones y se les suspendieron las licencias. De hecho, quienes fueron contratados temporalmente por Covid están renunciando debido a lo precario de su labor y el sueldo de miseria que se les ofrece, que apenas roza los $40 mil. Esto generó en el hospital Durand una huida masiva de 50 enfermeros y enfermeras, hoy en día de las profesiones más necesitadas.

En este marco, una eventual tercera ola sería fatal para el sistema de salud en tanto la experiencia de otros países muestra que cada vez se generan cepas más contagiosas, virulentas y letales. Pero el gobierno no tiene intenciones de reforzar el sistema de salud, y la “integración” que plantea solo se dará negociando los términos y condiciones con la medicina privada y las direcciones de las obras sociales, nucleadas en las burocracias sindicales que se encargaron de cerrar paritarias de miseria para los trabajadores del sector. Es por eso que la centralización del sistema de salud tiene que darse bajo control de los trabajadores de la salud y la clase obrera en general, para que lo que se priorice sea la salud y no el beneficio de quienes lucran con la pandemia. Esto tiene que darse junto con la recuperación de las obras sociales y los sindicatos por parte de los trabajadores, para encabezar un proceso de lucha por un salario igual a la canasta básica familiar y todos los derechos laborales perjudicados.

 

https://prensaobrera.com/salud/prometen-lluvia-de-vacunas-pero-las-muertes-siguen-subiendo/

https://prensaobrera.com/sindicales/santiago-cafiero-los-salarios-y-la-inflacion-la-unica-verdad-es-la-realidad/