La novela de Pfizer no tiene fin. En esta oportunidad, el gobierno a través de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió no haber comprado 8 millones de dosis de Pfizer por el mecanismo Covax para “ahorrarse” 60 millones de dólares. Es una política de austeridad muy diferente a la que ha tenido para con el FMI: desde que asumió Alberto Fernández se pagaron 2.000 millones de dólares, y solo en este año 601 millones. Una rápida comparación deja en evidencia dónde están puestas las prioridades del gobierno.

En el documento difundido dice expresamente que “se optó por un mecanismo del 10% de las dosis por una evaluación de costo-beneficio y oportunidad” y que “de haber sido una mayor cantidad de dosis, se debería haber anticipado mayor cantidad de dólares contra un contrato que no establecía, en ese momento, vacunas a entregar y condiciones contractuales”. Lo que realmente significa esta declaración es que el gobierno puso en la balanza la inmunización y la vida de millones de personas vs. el ajuste. Spoiler alert: eligieron el último.

También sale a la luz que su estrategia de compra fue regida por este “ahorro” en tanto compraron menos dosis que las requeridas para inmunizar a la totalidad de la población, teniendo contratos por 65 millones de dosis que, al ser necesaria una doble inoculación, pueden cubrir a 32,5 millones de personas aproximadamente.

El documento continúa: “si se hubiese elegido cubrir un 20% de la población, se tendría que haber anticipado más de USD 60 millones en aquel momento y la situación que tendríamos hoy sería igual a la actual”. Cómo se ve, hace especial hincapié en el hecho de que no había garantía en los plazos de entregas o el cronograma. Pero hay que recordar que esto no le importó al gobierno para cerrar acuerdos con otros laboratorios, como AstraZeneca. Este pulpo farmacéutico se había comprometido a entregar 22 millones de dosis en el primer semestre del año, y para “garantizarlas” se valió del uso de plantas privadas instaladas en América Latina, como la de Sigman en Garín; por supuesto que nada de esto sucedió, y recién la última semana de mayo comenzaron los envíos. En el mientras, el gobierno no llevó adelante ningún proceso de investigación, reclamo o intervención en relación a las dosis faltantes, profesando una profunda defensa de la confidencialidad de los contratos.

La solución para este meollo que encontró el gobierno de la mano de la oposición fue el de llevar adelante una convocatoria a los laboratorios para que informen por el retraso en la entrega de vacunas, impulsada por Massa, Máximo Kirchner y Negri. Desde el vamos es curioso que elijan este momento para hacerlo, cuando hace meses que están retrasadas las entregas para nuestro país. Es la crisis sanitaria, incapaces de resolver, lo que los corre.

Vale la pena preguntarse cuál es el rédito político de cada uno. Para la oposición es claro: arrancarle una convocatoria al gobierno luego de haber sido la propulsora de la novela de Pfizer. Además, les suma un punto en su intento de ponerse como opción de gestión, en vísperas de unas elecciones caracterizadas por el fraccionamiento hacia el interior de los partidos patronales. El gobierno, en cambio, espera que le confirmen que hicieron bien en no comprar en su momento porque las vacunas no habrían llegado. De cualquier lado que se vea, la salida es una impostura.

En primer lugar porque están convocando laboratorios a los que Argentina no les compró ni tiene un contrato, como Moderna, por lo que no existe ninguna razón jurídica para responder a su petición.

En segundo lugar, convoca a laboratorios con los que está negociando hace varias semanas, como los estadounidenses J&J y Pfizer. Si ya está negociando con ellos, ¿no debería el gobierno estar enterado de los plazos de entrega que ofrece cada laboratorio? Y si es así, ¿por qué no lo informa? Nuevamente se presenta el problema de los contratos confidenciales que ni Alberto Fernández ni Carla Vizzotti están dispuestos a romper.

Por último, resulta aún más llamativo cómo, a pedido de la oposición macrista y luego del “tole tole” que armaron los últimos días, el gobierno se puso rápidamente a disposición. Sin dudas no tuvo la misma voluntad de acción para las muchas personalidades que estuvieron meses reclamando por las vacunas de AstraZeneca que no llegaban mientras se fabricaban acá. Tampoco para las otras cientos de firmas que apoyaban la incautación de las dosis retenidas en la planta de Sigman y la intervención de la misma que el Frente de Izquierda presentó.

Es decir que, una vez más, el gobierno se pone en la vereda de enfrente de las necesidades de la población para garantizar el pago de una deuda que, con o sin acuerdo, condena a la clase obrera a la pobreza y miseria. Está en manos de los trabajadores superar esta política y plantear un verdadero gobierno de trabajadores que luche por la salud y la vida de los trabajadores.