La escalada de contagios por Covid-19 en nuestro país crece a pasos agigantados. En los últimos días, el promedio de positivos fue entre 80 y 100 mil, producto de una propagación combinada entre la variante Delta (de la tercera ola) y la Ómicron. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales aprovecharon la baja de casos en el período anterior para desmantelar el sistema sanitario. A diferencia de las etapas anteriores, con un alto índice de mortalidad y ocupación de Unidades de Terapia Intensiva, ahora el sistema sanitario se encuentra colapsado por la alta demanda de testeos y consultas en las guardias. Quienes afrontan la pandemia en la primera línea y con los hospitales vaciados son los trabajadores de salud, más precarizados que nunca.

Violencia

Las brutales agresiones a médicos y enfermeros en centros de testeo y Unidades Febriles de Urgencia (UFU) son registradas a diario. Los profesionales de la salud están expuestos a la “bronca” social de quienes esperan, con insultos, agresiones y hasta golpes. Llegaron imágenes de varios centros urbanos, como en Mar del Plata y Córdoba: cuadras enteras de personas al rayo del sol, esperando para testearse en postas sanitarias atendidas por unos pocos trabajadores; cantidades limitadas de tests, lo que llevó a que muchas personas que hicieron cola para hisoparse tuvieran que volverse. El personal de salud es violentado por el que los gobiernos descargan sobre sus espaldas. En CABA finalizó el año con una medida de fuerza de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad, que llamó a suspender la atención en las 20 UFU porteñas el 25 de diciembre.

Precarización laboral y despidos

La situación de violencia de los usuarios del sistema público de salud hacia los profesionales, es responsabilidad del Estado. En palabras de un enfermero que trabaja en Plan DetectAR: “El gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional redujeron a un poco más de la mitad el personal de las sedes de testeo. Acá en Capital, los grandes centros de testeo como eran el Movistar Arena o el Colon fueron cerrados. No están en funcionamiento pleno”.

Los trabajadores de la salud habían advertido que el gobierno de Rodríguez Larreta estaba despidiendo a un gran número de profesionales que desempeñaron tareas durante los momentos más álgidos de la pandemia. Se calcula que aproximadamente no se renovó el contrato de 2.000 enfermeros y enfermeras de los hospitales, que se suman a otros tantos despedidos de las UFUs. “Hubo una reducción de personal y quedamos solo los del sector básico”. Es decir que en cada DetectAR de barrio hay, como máximo, cuatro puestos para testear, uno de los cuales está dedicado al examen de PCR. Al mismo tiempo, los resultados están tardando más de lo previsto. “Sucede que estallaron los laboratorios. El examen PCR que es el más específico se va a un laboratorio. El personal de laboratorio está reducido a la mínima expresión, por ende los resultados están tardando entre 48 y 72 horas” (Entrevista para Prensa Obrera, 24/12/21).

En Córdoba, que rankea entre las provincias con más casos de Covid, el gobierno también despidió profesionales de la salud meses atrás. No continuó prestando servicios el personal que trabajaba en el COE cumpliendo diferentes funciones como testear, haciendo PCR, trasladando muestras, dando turnos o realizando un seguimiento telefónico. A tener en cuenta que los contratos no eran permanentes sino temporarios de hasta un mes. Además, se dejó de contar con “la mano de obra gratuita” de estudiantes que cumplían funciones como parte de “pasantías” (Prensa Obrera, 23/12).

La falta de personal para afrontar esta ola de la pandemia, producto de los despidos en todas las provincias, es total. Por otro lado, los mismos médicos y enfermeros son víctimas de la enfermedad y deben faltar al trabajo. El Ministerio de Salud no tiene una estimación de la magnitud del ausentismo por enfermedad, y el Ministerio de Salud porteño lo ubicó entre el 20% y el 25%. La Unión Argentina de Salud (UAS), que representa a los prestadores privados, estima en un 30% el ausentismo entre los médicos por ser contacto estrecho o tener síntomas. En las unidades de cuidados críticos y las guardias, oscila entre el 20 y 30%, mientras que en el sector de enfermería es levemente más alta esa proporción (La Nación, 11/1). En muchos distritos, como provincia de Buenos Aires, directamente los profesionales no tienen licencia por contacto estrecho, lo que suma al estrés y la hiperexplotación laboral.

Exigimos al Estado la ampliación inmediata de la planta de trabajadores de la salud y de los centros de atención, partiendo de la reapertura de los centros cerrados previamente y durante la pandemia. Por salarios igual a la canasta y aumento de personal. Por el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y el cumplimiento estricto de las licencias y el aislamiento correspondiente a cada trabajador.