Los prestadores de la salud dieron marcha atrás con el intento de cobrar un copago del 9% a partir de enero a los afiliados de prepagas y obras sociales que utilicen sus instalaciones y servicios. El anuncio se dio luego de la reunión entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Federación Argentina de Prestadores de la Salud (FAPS). En la misma ratificaron los aumentos previstos para enero equivalentes al 9% para las cuotas de los usuarios como parte del acuerdo que dio lugar a cuatro subas en 2021.

Según los prestadores -es decir las clínicas, sanatorios, servicios de emergencia y centros de atención odontológica privados-, la implementación del copago respondía a la falta de traslado de los aumentos en las cuotas, algo que estaba establecido en la misma resolución que habilitaba dichas subas. En este sentido, el gobierno nacional se comprometió a arbitrar las medidas para que se cumpla con el traslado este próximo mes.

Aunque las prepagas aceptaron la resolución del Ministerio, no dejaron de marcar la “crítica situación del sistema privado” debido a los costos que tuvieron que afrontar en la pandemia y la falta de medidas de fondo, algo que pone en peligro a “los pacientes que se quedarán definitivamente sin su cobertura de salud y los trabajadores del sector que verán amenazadas sus fuentes laborales”. Para justificar las subas la Unión Argentina de Salud se hace eco de que “el 70% de la población se atiende en el sistema privado”, aunque lo cierto es que durante los momentos más crudos de la pandemia -cuando el sector colapsó por años de falta de inversión- fue el sistema público el que se puso a la cabeza de sostener y atender tanto a quienes cuentan con cobertura privada como no, mientras que las prepagas recibieron financiamiento estatal a través de subsidios y exenciones impositivas. Es el Estado y los fondos públicos quienes rescatan a la salud privada, y no al revés como quieren imponer.

Lo que obvian mencionar es que muchas prepagas son, a su vez, dueñas de las clínicas y sanatorios prestadores, por lo que en realidad el reclamo funciona como un doble chantaje para garantizarse nuevos aumentos para el 2022, así como lo hicieron hace pocos meses atrás cuando pusieron de rehenes a los trabajadores de la salud amenazando con suspender su paritaria a menos de que se autoricen las subas.

Este tironeo entre las distintas partes de la medicina privada, como lo exponen las prepagas, deja a trabajadores y pacientes en el medio. A su vez, la crisis del sistema privado no pasó desapercibida, sino que la afrontaron recortando las cartillas, los servicios y el personal, repercutiendo directamente en la calidad de atención de los pacientes. Hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios transitaron los primeros meses de cuarentena sin asistencia médica -todos los servicios se pusieron frente al combate de la pandemia-, por lo que en cuanto descendieron los contagios se lanzaron a sacar turnos y a tratar enfermedades y condiciones crónicas que habían quedado relegadas, encontrándose con hospitales, clínicas y centros vaciados y hasta cerrados.

Por parte de los trabajadores de la salud, estos denunciaron en más de una oportunidad la falta de una actualización salarial, el recorte de personal y el vaciamiento de los centros asistenciales. Solo en la provincia de Buenos Aires cerraron 9 durante el año 2020. Aún hoy utiliza el subsidio Repro para pagar parte de los salarios de sus trabajadores, además de contar con la exención de los aportes patronales.

Esto no quita que las medidas del gobierno sean “artificiales”, tal como denuncia la Unión Argentina de Salud. Todo indica que durante el año siguiente continuará su intento de “regularizar” los aumentos, que hasta ahora solo sirvió para legalizarlos. Así, se sumarán a otros que deberán afrontar la población, como los tarifazos ya anunciados en la luz y el gas, mientras que los salarios siguen perdiendo contra la inflación.

A su vez, la salida planteada por las patronales condena a los trabajadores a aceptar los aumentos hasta que deban relegar su cobertura, algo que tampoco solucionará la crisis del sistema sanitario, sino que colapsará los hospitales públicos. En cambio, los aumentos deben analizarse a partir de la apertura de los libros de las empresas, de manera que se pueda saber con certeza cuales son los ingresos y los costos sin que perjudique al bolsillo de los trabajadores ni se descargue la crisis del sistema sanitario sobre ellos. Además, es fundamental la centralización del sistema de salud, que lograría combinar ambos sistemas de manera que se forme uno único, gratuito y de calidad que permita el acceso a toda la población bajo control de sus trabajadores y con financiamiento estatal.

Para ello, se debe aumentar el presupuesto sanitario, así como garantizar un salario mínimo igual a la canasta básica familiar para todos los trabajadores del sector, mejoras en las condiciones laborales y contratación de más personal. Reacondicionamiento de los hospitales, centros de salud y clínicas. Todas estas tareas son fundamentales en vísperas de la tercera ola de coronavirus, que sin dudas repercutirá en el sistema en su conjunto.