27/12/2021

La medicina privada presiona por nuevos aumentos

Las empresas prestadoras de salud anunciaron el cobro de un copago para acceder a los servicios médicos.
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Los prestadores de salud -hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etc.- anunciaron que a partir de enero comenzarán a cobrar un copago del 9% por cada prestación médica realizada. La medida afectará a los pacientes que se atienden a través de prepagas y obras sociales, víctimas de los sucesivos aumentos de la medicina privada y de un servicio cada vez más deteriorado.

Los prestadores aducen que las transferencias que reciben por parte de las empresas prepagas y las obras sociales están completamente desactualizadas en relación a los costos elevados que deben afrontar, particularmente en el rubro medicamentos cuyos precios se han disparado. Las prepagas y obras sociales, por su parte, se respaldan en el mismo argumento para justificar los atrasos en los pagos y la negativa a aumentar los montos que abonan por dichos servicios.

En definitiva, un tironeo entre los distintos eslabones de la medicina privada que tiene como rehenes a los pacientes, muchos de ellos trabajadores cuyas obras sociales, como sucede en la mayoría de los casos, no cuentan con una estructura propia y tercerizan en los prestadores privados toda la atención médica.

La amenaza de un copago inminente, además, constituye un pedido encubierto de más subsidios estatales. El gobierno tomó nota de la extorsión y hoy mismo se reunirá con las empresas prestadoras, donde seguramente cederá a sus reclamos. Recursos, que, sin embargo, no se destinan al sistema público de salud, donde los recortes presupuestarios son la norma.

De este modo, la población se ve obligada a pagar los platos rotos de la supuesta insolvencia del sistema de salud. La cual no podemos dar por cierta en la medida que no se procede a abrir de los libros de las empresas involucradas a fin de evaluar los costos reales y constatar que exista tal crisis. De cualquier manera, si fuera real, tampoco debería descargarse sobre el bolsillo popular ya que los responsables de este cuadro de situación son los empresarios de la medicina privada, la industria farmacéutica que incurre en subas siderales de los medicamentos, la burocracia sindical que desmantela las obras sociales y el propio gobierno que vacía el sistema público de salud -y las obras sociales a partir de reducir los aportes patronales-, y, por otro lado, habilita cada uno de los negociados mencionados anteriormente.

No obstante, todos estos sectores capitalistas salen indemnes. Sin ir más lejos, el gobierno autorizó que las prepagas aumentaran sus cuotas un 9% en cuatro oportunidades durante el 2021. En ese sentido, cabe destacar que los prestadores de salud recibieron parte de esos aumentos, aunque reclaman una porción mayor de la torta. Como si fuera poco, la medicina privada está exenta del 90% de las contribuciones patronales y hasta el día de hoy abona parte de los salarios con subsidios estatales a través de los Repro. Como vemos, Alberto Fernández es el primero en velar por los intereses de las empresas de salud.

Es necesario poner fin a la transferencia de recursos desde la esfera pública a la privada y al lucro capitalista en el ámbito de la salud. La única manera de avanzar en esa dirección es mediante la creación de un sistema único estatal, que unifique a los centros públicos, a las prepagas, a los prestadores de salud, a las obras sociales y a los laboratorios. El mismo debe estar bajo control del personal de salud, quienes mejor van a defender los intereses sanitarios de la población. Así se logrará optimizar los medios disponibles y priorizar la salud de las mayorías.

Por otro parte, es fundamental ir por la triplicación del presupuesto de salud, en función de recomponer el salario y las condiciones laborales de sus trabajadores y abastecer de infraestructura e insumos suficientes a todos los centros de atención, así como también, posibilitar la fabricación estatal de medicamentos y vacunas y contribuir al desarrollo médico-científico del país. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria.

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