30/07/2021

Prepagas: aumento para los afiliados y miseria para los trabajadores

Otro recule del gobierno ante el lucro de la salud.

Los gremios de Sanidad llegaron a un acuerdo paritario del 45% en 4 tramos: 15% en julio, 15% septiembre, 10% en noviembre y el 5% restante en febrero de 2022. El hecho de que la paritaria se haya cerrado luego de que el gobierno autorice el aumento de las cuotas de los afiliados es clarificador del chantaje que la patronal estuvo llevando adelante estos meses de conflicto y del rol conciliador de la burocracia de Daer, que una vez más firma una paritaria que deja a los trabajadores de la salud con salarios de miseria.

Vale mencionar que el promedio salarial del sector ronda los $60 mil en los mejores casos. Así, la gran mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza: una enfermera profesional cobra un sueldo de $56 mil, mientras que un camillero puede llegar a los $50 mil. Con el aumento, recién en febrero de 2021 el promedio se ubicará en $87 mil, muy por detrás de los $100 mil que establece la canasta de consumos mínimos de ATE Indec. En septiembre de 2020, el gremio conducido por Daer también firmó una paritaria por debajo de la canasta básica que establecía cifras fijas no remunerativas hasta marzo de este año.

Quienes sufren las consecuencias son los trabajadores de la salud, que no solo cobran un salario bajísimo sino que, después de un año y medio de pandemia, están extremadamente agotados y estresados. No han tenido licencias ni vacaciones y las contrataciones fueron mínimas, por lo que tuvieron que ponerse el sistema sanitario y la salud de la población al hombro sin haber recibido el verdadero reconocimiento que se merecen. El bono que les prometió el gobierno llegó tarde y fue solo de $6.500 en tres meses, insuficiente para recomponer años de salarios por debajo de la inflación.

El hecho de que en el comunicado emitido por la Federación Argentina de Prestadores de Salud se remarque que el acuerdo sólo se alcanzó gracias a la actualización de aranceles por parte de la medicina prepaga revela la pretensión patronal de trasladar el peso de los salarios del sector de salud al bolsillo de los afiliados. Hay que recordar que debido al “descreme” de las obras sociales y las nuevas limitaciones a la libre elección de la prestación de salud, muchos de los usuarios no tienen otra alternativa más que utilizar el sistema privado.

La excusa patronal para aumentar los aranceles parte de que sus números estarían en rojo ya que se tuvieron que hacer cargo de los gastos de la pandemia. Pero lo cierto es que no solo recibieron ayuda estatal y distintos subsidios, como el ATP y el Repro II, sino que el gobierno autorizó en el primer semestre 3 actualizaciones por 13,5% en total. Si se suman los cuatro aumentos nuevos de 9% cada uno (agosto, septiembre, octubre, enero), las cuotas incrementarán casi 50% en un año y 76% desde 2020.

Un sistema de salud inviable

El chantaje del sector privado responde a una realidad que se agudizó en la pandemia: la crisis del sistema de salud. Durante el año pasado, mientras los hospitales colapsaban y la salud se desplomaba, fue el sector público el que aceptó la mayoría de la demanda de la población, mientras el sector privado recortaba prestaciones y cerraba 13 clínicas. Otro punto importante que explica la situación es el éxodo de afiliados que sufrieron las prepagas durante el 2020, tras el aumento de las cuotas y la profundización del descalabro económico que llevó a que muchos usuarios tuvieran que elegir entre seguir pagando una prestación privada u otros servicios básicos. Sin embargo, nunca dejaron de cobrar sus cuotas ni de recibir los beneficios que les daba el Estado, como la reducción de los aportes patronales.

La crisis se volvió tan evidente que la propia Cristina Fernández de Kirchner tuvo que salir a plantear la centralización del sistema de salud, que luego se vio reflejada en un proyecto de la Campora que tenía como principal objetivo salvar al sector privado y de las obras sociales de su propio pozo. Ante el contundente rechazo de las prepagas, la respuesta del gobierno es que el Estado y los aportes de los trabajadores vayan a pagar los salarios que las empresas dicen “no poder hacer frente”, pero todo a libro cerrado. Por otro lado, el gobierno prioriza el lucro de las privadas al permitir que se apoyen en un sistema de salud público vaciado y desfinanciado, descargando sobre este la demanda creciente mientras todo indica que en los meses venideros tendrá lugar la tercera ola de coronavirus.

La experiencia de la primera y segunda ola debería, al menos, alertar al gobierno para avanzar en un reforzamiento de la salud, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que la variante Delta tenga circulación comunitaria en pocas semanas, si no la tiene ya. Pero la orientación es la contraria: cada vez libera más actividades económicas, plantea el regreso de las clases presenciales en escuelas que no tienen agua ni jabón, flexibiliza los protocolos en los lugares de trabajo y aumenta el aforo de personas en bares y restaurantes como si la pandemia estuviese terminada. Sucede que detrás de la política sanitaria del gobierno se esconde el ajuste, necesario para poder cumplir con los vencimientos de deuda con los acreedores. En este sentido, la vicepresidenta admitió que el gobierno destinó los Derechos Especiales de Giro no para combatir la pandemia, sino para pagarle al FMI.

De conjunto, la prioridad del gobierno no es la de cuidar a los trabajadores, su salario, su salud y sus condiciones de vida, sino lograr un acuerdo con el FMI. El rescate a las privatizadas obedece al «ahorro» en el desarrollo del sistema sanitario y la salud pública de la población. Partiendo de allí, la organización independiente de los trabajadores de la salud en los hospitales tiene que ser la raíz de un movimiento que impulse las principales reivindicaciones del sector, como el salario básico de $100 mil en blanco. También la centralización del sistema de salud y su transformación en uno gratuito, único, universal y bajo control de los trabajadores, de manera que toda la población pueda acceder a la atención, junto con el reforzamiento y triplicación de su presupuesto para hacerle frente a la pandemia y a la variante Delta.

 

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