Si bien los casos descendieron y los indicadores epidemiológicos mejoraron, el coronavirus continúa representando una alarma, como demuestra el salto de casos en Europa y sectores de Asia. No hay dudas de que una de las principales causas detrás del descenso de casos es la vacunación, que demostró ser sumamente eficaz para combatir las formas graves de la enfermedad, pero que sin embargo deberá ser reforzada -probablemente- año a año.

En Argentina hay seis proyectos de desarrollo nacional de vacunas prometedores, cuatro de ellos a punto de ingresar a las fases clínicas con la esperanza de ser aprobados a mitad del año que viene. Aun así, el financiamiento que recibieron del Estado es escaso, lo que provocó no solo que estuviesen paralizados por varios meses o avanzando a pasos lentos, sino también hayan tenido que acordar convenios con laboratorios y empresas de biotecnología privadas para conseguir la financiación requerida en las últimas etapas. Por lo general, este tipo de convenios propone que los investigadores y científicos desarrollen una vacuna para que luego comercialice el laboratorio sin que haya garantías de adquisición para el Estado nacional más que ser un comprador más en la lista de países en espera.

Dentro de las más avanzadas, Arvac lidera la carrera por la obtención de una vacuna nacional (La Nación, 3/11). Se desarolla conjuntamente entre la Universidad de San Martín (Unsam), el Conicet y el laboratorio privado Pablo Cassara, quien fue el primero en firmar en 2018 bajo la órbita de Macri un convenio que le dio exclusividad para la comercialización de los medicamentos del PAMI. Ese mismo año adquirió un convenio con la provincia de Salta para colaborar en el desarrollo de la vacuna de la rabia. Además, es productor líder de uno de los medicamentos más utilizados durante la pandemia, el atracurio, un relajante neuromuscular que tuvo un aumento de más de 400% en un año autorizado por el gobierno nacional, cuando la demanda (y la necesidad) era grandísima. No hay dudas de que fue uno de los laboratorios beneficiados durante la pandemia y que seguirá recolectando ganancias en torno a la producción de vacunas.

Otro proyecto surge del Instituto Leloir y el Conicet, quienes obtuvieron alentadores resultados con su vacuna CoroVaxG.3, la cual generaría una respuesta inmune aún más potente que las vacunas similares del mercado con una sola dosis. Sin embargo, para conseguir el financiamiento para generar una segunda generación o versión renovada de la vacuna tuvieron que aliarse con la empresa californiana de biotecnología Vaxinz. Solo luego de ello el Ministerio de Salud se acercó a conocer el proyecto y les entregó un subsidio de $60 millones. Además, se hace cargo de la totalidad de los salarios de los investigadores del Conicet, quienes no reciben remuneración por trabajar con las empresas. Es decir que el gobierno no solo le propicia el terreno para generar un negocio de características monumentales, poniendo a disposición de las empresas plantas enteras, centros de investigación y profesionales, sino que directamente las subsidia y les brinda mano de obra barata y precarizada.

No sorprende entonces que otro de los proyectos a cargo de desarrollar la vacuna argentina, en este caso denominada Argenvac, cuente con la participación de Sinergium Biotech, la planta de Hugo Sigman, quien armó un negocio fenomenal produciendo la vacuna AstraZeneca en Argentina y vendiendo 22,5 millones de dosis al Estado que aún no terminó de entregar. En su caso, el Estado le entregó en 2012 $79 millones de dólares en materia de subsidios y créditos. Recientemente se conoció que el empresario está encarando el desarrollo de una vacuna latinoamericana con tecnología ARN mensajero, aunque tampoco hay garantía de entrega al país, incluso aunque se produzcan en la provincia de Buenos Aires.

El hecho de que muchos de estos proyectos iniciaron hace dos años, es decir prácticamente al mismo tiempo que el resto de los laboratorios productores que hoy venden vacunas al país, es demostrativo del poco apoyo gubernamental que tuvieron, privilegiando la firma de acuerdos con las grandes empresas farmaceúticas y favoreciendo la privatización de todo el sistema científico.

La cuestión de fondo es el ajuste en ciencia y técnica del “gobierno de científicos”. La ley de “financiamiento” que supuestamente iba a compensar el ajuste macrista solo sirvió para legalizar el vaciamiento del sector, buscando llevar el presupuesto de ciencia a 1% del PBI…en 2032. El presupuesto 2022 sigue esta regla, lo que augura un incremento que sin dudas se verá perseguido por la inflación, calculada en un falso 33%. Mientras, a los trabajadores les entregan una apertura de la paritaria igual al 10%, una miseria para quienes desarrollaron la mayoría de las herramientas diagnósticas, de tratamiento y prevención para el coronavirus.

Ajustes presupuestarios, vaciamiento, salarios de miseria y precarización laboral es el combo que el gobierno puede ofrecerle a la ciencia y técnica nacional. En contraposición, planteamos un aumento urgente del presupuesto en ciencia y técnica, recomposición salarial para los trabajadores y paritarias indexadas a la inflación. Para que la industria farmacéutica esté al servicio de las necesidades del pueblo trabajador planteamos su estatización bajo control de los trabajadores y una producción nacional de medicamentos y vacunas.

 

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