Salud
30/10/2026
Reforma de la Ley de Salud Mental: Milei y Bullrich avanzan contra derechos conquistados
El Senado dio media sanción a una reforma reaccionaria de la Ley 26.657. El peronismo colaboró para habilitar su tratamiento. Hay que organizar la movilización para derrotarla en Diputados.

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En la madrugada del viernes 29, el Senado finalmente terminó dando media sanción -42 votos a favor, 21 en contra y 9 ausentes- al proyecto de reforma de la actual Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el gobierno de Javier Milei y promovido especialmente por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien en las últimas semanas y en medio de una crisis política por diferencias planteadas con el propio Milei, ha sido prácticamente la cara visible oficial del proyecto.
El proyecto es presentado por el gobierno liberfacho como una pretendida respuesta a la actual crisis de la salud mental -que tiende cada vez más a agravarse en nustro país-, pero no ofrece una salida a sus causas estructurales, sino todo lo contrario: esencialmente, refuerza la centralidad del saber médico-psiquiátrico (que la Ley 26.657, vigente hace 15 años había desplazado hacia los abordajes interdisciplinarios), modifica los criterios de internación involuntaria (muchas de las cuales pasan a ser "preventivas") y amplía las facultades de intervención coercitiva, debilitando garantías de pacientes, usuarios y profesionales no médicos y abriendo un camino regresivo en materia de derechos.
El proyecto se inscribe en un espíritu totalmente contrario a los paradigmas en salud mental establecidos en las últimas décadas por los organismos sanitarios internacionales (OMS, OPS) en el campo de la salud mental, a meses que Argentina decidió salir de la Organización Mundial de la Salud. Aunque el texto aprobado mantiene formalmente la prohibición de crear nuevos manicomios y neuropsiquiátricos, por otro lado promueve tratamientos e internaciones en instituciones monovalentes (en detrimento de los hospitales generales, establecidos en la actual Ley) y representa un retroceso hacia la perspectiva medicalizante y tutelar sobre el padecimiento subjetivo.
La responsabilidad política del peronismo también debe ser denunciada. El oficialismo no había conseguido reunir las firmas necesarias para habilitar el tratamiento en el recinto. La situación se destrabó cuando, días atrás, los senadores de Convicción Federal (uno de los bloques del peronismo "federal") Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada presentaron un dictamen de minoría, completando las condiciones parlamentarias para que avanzara el proyecto oficial. No alcanza con votar en contra en el recinto después de haber contribuido a abrirle la puerta a la reforma. Ocurre que mientras el peronismo discute su reunificación y reorganización electoral con vistas a 2027, vuelve a mostrar su doble juego: hace como el tero, que grita en un lado y pone los huevos en otro. Sus disputas internas y sus necesidades electorales no pueden estar por encima de la defensa de la salud pública y de los derechos de quienes padecen sufrimiento psíquico.
Desde el Partido Obrero, históricamente, defendimos los avances y conquistas contemplados en la actual Ley 26.657, a pesar de haber sido cautelosos en su aplicación frente a las condiciones políticas prácticamente al momento de su aprobación en el 2010. Sucede que representó avances importantes al reconocer derechos, cuestionar la lógica manicomial y establecer la interdisciplinariedad como principio de atención. Pero sus promesas quedaron largamente incumplidas -como lo anticipamos oportunamente- por todos los gobiernos capitalistas de "todos los colores": los dos mandatos del gobierno "progresista peronista" de Cristina Fernandez de Kirchner, el gobierno "de centro" de Mauricio Macri, el gobierno "centroizquierdista" de Alberto Fernández y desde luego el gobierno ultraderechista de Milei, quienes hicieron de la Ley una suerte de "menú a la carta" con la Ley a través de una aplicación parcial: lo que afectaba los intereses de la corporación capitalista médico hegemónica de la salud quedaba "cajoneado".
Sobre todas las cosas y como denominador común de todos los gobiernos, la falta de presupuesto (ninguno cumplió con el piso del 10% del presupuesto total de salud para salud mental), la insuficiencia de dispositivos comunitarios, la precarización de los equipos y las dificultades para garantizar tratamientos y acompañamientos dejaron a usuarios y familiares enfrentados con un sistema que muchas veces no puede dar respuestas. La responsabilidad no reside simplemente en los principios de la ley, sino en su aplicación fragmentaria y en décadas de abandono estatal.
Ahora, Milei pretende utilizar esas "falencias" de los gobiernos anteriores para imponer una restauración reaccionaria, mientras sostiene el ajuste sobre los servicios públicos y las condiciones de vida de la población trabajadora. No se resuelve la emergencia en salud mental con más encierro, más medicalización ni menos derechos, sino con presupuesto, equipos interdisciplinarios, dispositivos comunitarios y condiciones dignas de atención. Necesitamos discutir también los límites de una legislación cuyos principios progresivos no fueron acompañados por una transformación efectiva del sistema de atención ni por los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
Frente a esta ofensiva, la Asamblea abierta de Salud Mental convocada el miércoles 28 de octubre por el Comité Unitario en apoyo al Frente de Izquierda-Unidad resolvió impulsar dos iniciativas fundamentales: convocar próximamente a audiencias públicas con legisladores en el Congreso de la Nación y organizar una gran movilización para impedir que la reforma aprobada en el Senado sea sancionada en Diputados.
Es necesario poner en pie una acción común de trabajadores y profesionales de la salud mental, estudiantes, usuarios, familiares, organizaciones gremiales, centros de estudiantes y colectivos de derechos humanos. No podemos depositar ninguna confianza en las maniobras parlamentarias del peronismo ni en quienes pretenden administrar la crisis sin enfrentar el ajuste. Desde las universidades, los colectivos de usuarios, pacientes y familiares y los sindicatos debemos promover asambleas, pronunciamientos y acciones coordinadas para preparar esta movilización.
Frente a la contrarreforma de Milei y Bullrich, organicemos la lucha para defender los derechos conquistados en la Ley 26.657, conquistar el presupuesto necesario y construir una política de salud mental pública, gratuita, interdisciplinaria y al servicio de las mayorías trabajadoras.

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