Frente a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires manifestó una novedosa preocupación ante la suba de los contagios de coronavirus, alertó sobre el inminente colapso sanitario y llamó a profundizar las restricciones, el gobierno nacional respondió señalando que el último DNU sancionado, que amplía la Emergencia Sanitaria, faculta a las provincias a endurecer las medidas preventivas sin necesidad de que el jefe de Gabinete lo autorice. Se trata de un intento por parte de Nación de desligarse de todo tipo de responsabilidad sobre el manejo de la pandemia, delegando la toma de decisiones al libre albedrío de cada provincia.

De este modo, la gestión de Alberto Fernández se evita tener que tomar la decisión incómoda de decretar un nuevo aislamiento social y, sobre todo, las políticas de asistencia correspondientes para garantizarlo. Por el contrario, las medidas integradas en el nuevo DNU son completamente inocuas para hacer frente a un escenario donde las cifras de contagiados por Covid-19 en el país ascienden a 2.517.300 casos, con picos de 24.000 infectados diarios y 57.647 muertes producidas hasta el momento. En ese sentido, el grueso de la actividad económica y la clases presenciales permanecen sin modificaciones.

La reticencia oficial a impulsar una nueva cuarentena responde, por un lado, a que es una iniciativa repelida por las patronales, las cuales se niegan a alterar los ritmos de producción, al punto de incumplir permanentemente con los protocolos sanitarios en los lugares de trabajo. Por otra parte, la orientación gubernamental de llegar a un acuerdo con el FMI tiene como contrapartida el rechazo rotundo a lanzar nuevas medidas estatales de asistencia social, vitales a la hora de profundizar las restricciones, para paliar la situación de 6,5 millones de personas sin empleo y 8,5 millones de trabajadores sumidos en la informalidad laboral. De modo que este llamado a “provincializar” las iniciativas para aminorar la transmisión del virus no es otra cosa que la negativa de impulsar a nivel nacional medidas tales como un seguro al desocupado, o bien, exigirles a las empresas la aplicación de protocolos sanitarios adecuados y el otorgamiento de licencias por cuidado a los trabajadores, a fin de suspender las clases presenciales.

Aquí radica la impostura de quienes nos gobiernan, quienes depositan la responsabilidad del agravamiento de la situación sanitaria en el “comportamiento social”, cuando en definitiva, dicho comportamiento está sujeto a las directrices de un Estado que no es capaz de tocar los intereses de las empresas, ni de reponer un mísero IFE para los más postergados. Esto sin mencionar que son el gobierno nacional y los gobiernos provinciales los responsables de no reforzar el sistema de salud mediante un aumento presupuestario, de someter al personal de salud a pésimas condiciones laborales, de testear muy por debajo de lo que indican las recomendaciones internacionales y de la falta de vacunas.

No es la primera vez que el gobierno intenta descargar en las provincias el fracaso de su propia política en relación a la pandemia. Algo similar ocurrió con la provisión de vacunas cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, instó a los gobiernos provinciales y municipales a requerirlas por su cuenta en el mercado, con el objetivo de socializar el costo político de no haber cumplido con los objetivos de vacunación, puesto que fueron aplicadas en el país 5.390.000 vacunas (solo el 11% de la población) y apenas 728.915 personas (el 1,6% de la población) recibieron ambas dosis. Incluso, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, parece desconocer esta situación cuando afirma que no esta planteada una vuelta al ASPO, ya que a diferencia del 2020 ahora habría vacunas disponibles.

La propuesta de Cafiero soslaya algo fundamental: la escasez de vacunas a nivel mundial a causa de la monopolización de su producción en un puñado de farmacéuticas y la acumulación a manos de los Estados imperialistas de la mayor parte de las dosis. Es decir, el hecho de que las provincias comiencen a comprar de manera autónoma no solo generaría un aumento en los precios de las vacunas, sino que, además, su entrega estaría pautada para dentro de un año. El propio Estado nacional compró 65 millones de dosis, de las cuales solo llegaron al país 7.085.797. Hasta el mismo ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, descartó la idea manifestando “que la compra de vacunas las tiene que hacer la Nación porque tiene que autorizarlo la ANMAT. Guarda con comprar vacunas en cualquier lado porque va a aparecer el mercado negro” (Infobae, 12/4).

A su vez, el gobierno propone esta odisea sabiendo que en Argentina el laboratorio mAbxience, propiedad de Hugo Sigman, produce millones de vacunas contra el Covid-19 para la empresa AstraZeneca, el cual solo entregó al país 590.000 dosis de las 22 millones acordadas, aduciendo un atraso en el envasado, a cargo de una empresa mexicana. Un gobierno que priorice la salud de la población por sobre los negociados de los laboratorios debería proceder de la siguiente forma para abastecerse de vacunas: declarar de utilidad pública el laboratorio mAbxience, avanzar en su intervención garantizando la continuidad y la ampliación de la producción; prohibir la exportación del principio activo de AstraZeneca; completar el envasado de la vacuna en territorio nacional, afectando para ello todos los recursos técnicos y científicos disponibles en el país tanto públicos como privados; realizar un registro de todos los laboratorios públicos y privados que puedan contribuir a la producción de la vacuna; junto con la liberación de las patentes.

El gobierno se muestra impotente frente al desastre epidemiológico que se aproxima, dado que prioriza congraciarse con el gran capital, y es por este motivo que ensaya distintos discursos para eludir su responsabilidad en el abordaje del pandemia. Las medidas adecuadas en esta etapa van en sentido contrario a la orientación oficial y están atadas a que exista un control obrero de la pandemia, que priorice el pan y la salud de las mayorías.

Exigimos, además de la política en relación a las vacunas antes mencionada, la centralización del sistema de salud bajo control de los trabajadores; la estatización y puesta en marcha de las clínicas que han cerrado; la ampliación de las camas de terapia intensiva con los respiradores y personal especializado necesario; la suspensión de las clases presenciales en aquellos distritos donde el semáforo epidemiológico esté en rojo; la provisión de conectividad y computadoras por parte del Estado para que ningún estudiante se quede sin cursar; la elaboración por parte de los trabajadores de protocolos obreros que incluyan las políticas de aislamiento, transporte a cargo de la empresa y testeos a contactos estrechos; la puesta en pie de Comités de trabajadores que dispongan del cierre total de aquellos distritos donde se avecine un colapso del sistema sanitario; la ampliación del sistema de transporte público; ninguna rebaja salarial, apertura de los libros de las empresas que planteen estar en crisis; prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; salario mínimo equivalente a $60.000; paritarias libres, con aumentos atados a la inflación; un seguro al desocupado de $40.000; aumento de emergencia a los jubilados de $15.000.

Este plan debe ser financiado mediante la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda externa usuraria, junto con la aplicación de un impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos y propiedad terrateniente, de carácter permanente.

 

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