Un nuevo informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) revela, una vez más, la precarización laboral que abunda en el sistema de salud y que se profundizó durante la pandemia. En esta oportunidad, la encuesta mostró que casi la mitad de los médicos y jefes de terapia intensiva son monotributistas, es decir que no tienen una relación de dependencia laboral con el centro de salud para el que trabajan.

Antes de la pandemia, esta forma de trabajo precario se daba principalmente en las obras sociales y prepagas, en las cuales se contratan médicos como “particulares” tercerizados aunque ejerzan hace décadas en el mismo centro y bajo la misma patronal. También en el sistema público, particularmente en aquellas áreas donde la precarización es la regla como enfermería y demás licenciaturas profesionales.

Durante la pandemia y ante la exigencia hacia el sistema sanitario, el gobierno se vio obligado a contratar más personal profesional. Sin embargo, lejos de hacerlo con un contrato de relación de dependencia, lo hizo mediante acuerdos basura que ponen al trabajador en lugar de tercerizado y monotributista, además de que son contratos temporales. Esto llevó a que en la primera mitad de 2021, solo en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 1.000 enfermeros y enfermeras renunciaran, producto de las malas condiciones laborales y salariales, ya que les ofrecían un sueldo básico de $40.000 cuando la canasta básica se ubica por encima de los 60.

El resultado es el pase de miles de trabajadores al sector privado en busca de una oferta mejor, o directamente tener que someterse al régimen de pluriempleo y mantener un trabajo en ambos lugares para poder llegar a fin de mes.

Otro de los puntos a destacar del informe es la falta de profesionales terapistas intensivos, lo que lleva a que el 69,4% de ellos deba cubrir guardias de hasta 24 horas y, el 30,6%, de 12 horas. La situación del personal de salud es tan aguda que ni siquiera en un contexto de disminución de casos, como el actual, pueden tomarse un respiro. Vale mencionar que dicha disminución se da de manera lenta, debido al alto amesetamiento, y que hay provincias que aún cursan con una ocupación de camas mayor al 80%, como Neuquén (100%), Santa Fe (94%), Corrientes (92%), Río Negro (90%), Salta (86%), San Juan (85%), Catamarca (80%) y Tucumán (80%).

En el informe anterior, la SATI había hecho hincapié en el agotamiento de los profesionales. De allí surgió el estremecedor dato de que el 88% de los profesionales “muestra signos de agotamiento”, acompañados de irritabilidad (61,46%) y trastornos del sueño (57,81%).

El hecho de que esta información sea brindada por los propios trabajadores y sus asociaciones, y no por los organismos de control nacional, habla de la extrema descoordinación del sistema sanitario y sus efectores. Si se hubiera avanzado en la centralización del sistema sanitario en su totalidad, podríamos conocer cuál es la situación en cada uno de los centros de salud y los recursos con los que se cuentan. Sin embargo, cuando el gobierno tuvo la oportunidad prefirió mantener sus lazos con el sector privado y desmanteló rápidamente cualquier iniciativa al respecto.

Lo mismo aplica para el reforzamiento del sistema de salud. Cuando tuvo la oportunidad de aumentar el presupuesto de salud y dotarlo de recursos previo a la segunda ola, prefirió no hacerlo en pos de mantener el ajuste en curso expresado en el presupuesto 2021. El presidente Alberto Fernández solo atinó a improvisar un bono de $3.500 para los trabajadores del sistema que no compensa ni de cerca la pérdida salarial, producto de las paritarias de miseria, ni el agotamiento del último año y medio.

Ahora, en vistas de una posible tercera ola y la llegada de la variante Delta, la única estrategia sanitaria que el gobierno ofrece es la vacunación, dependiente de los ritmos de producción internacional y la llegada de más dosis, dos cuestiones que el gobierno no puede controlar, y que encima está siendo cuestionada en tanto la inmunidad disminuye con una sola dosis. La estrategia no puede recaer solo en la vacunación, sino que debe ser acompañada del reforzamiento del sistema de salud, el aumento de su presupuesto y de los salarios de los trabajadores, además de la contratación de más personal y el pase a planta de todos los profesionales.