El gobierno nacional anunció que extendió la resolución de prohibición para los despidos sin causa y las suspensiones hasta el 31 de diciembre próximo, ante la persistencia y profundización de la pandemia. Sin embargo, se trata de una decreto que no ha logrado evitar el reguero de despidos que se ha producido desde su sanción a esta parte.

El decreto, además, es restrictivo para un amplio porcentaje de los trabajadores hoy en actividad, porque no se aplica ni para el sector público nacional ni para las contrataciones posteriores del Decreto 34/19, cuya vigencia se amplía por la resolución que se aplica a partir de la fecha indicada (más de 3 millones de trabajadores). Tampoco vale para los obreros de la construcción (300 mil, según los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Una farsa festejada por la burocracia

Antes de conocerse la resolución del gobierno de Alberto Fernández, Héctor Daer, secretario general de la CGT, la anunció como un cuasi vocero presidencial. “Terminamos de acordar y se confirmó la resolución de sostener los empleos hasta el 31 de diciembre -declaró varios días antes Daer- , cosa que no es poco, prorrogando la prohibición de despidos y la doble indemnización”.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, porque las patronales literalmente le pasan como alambre caído a la disposición gubernamental. Adelantan que como no funcionó nunca ahora tampoco ocurrirá. Justamente, “la Unión Industrial Argentina (UIA) envió una carta al gobierno en protesta por la prohibición de despidos” (Clarín, 28/06). Más todavía, amenazaron con mayores cesantías, señalando que las medidas del gobierno “van en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico e impactan sobre el objetivo de la formalización” (Carta de la UIA al gobierno). Es decir, sólo se toman operarios si se los puede despedir al libre antojo patronal.

Sí a los despidos, sí a la sobreexplotación laboral

Las patronales también aprovecharon para declarar que van por toda una reforma laboral, por “una política industrial que incorpore la agenda de la productividad” (ídem). El chantaje patronal va a fondo cuando reclama eliminar normas que “obturan la recuperación del empleo industrial y la recuperación genuina del mercado formal de trabajo, perjudicando especialmente a sectores que tienen potencial para demandar nuevos empleos pero no encuentran certidumbre para hacerlo”.

Así las cosas, el ultimátum patronal convirtió otra vez en papel mojado al decreto que prorroga una prohibición de despidos que los capitalistas no acatarán.

Alberto de rodillas ante los patrones de la UIA

“Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto, no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales” dice el texto oficial.

Muy por el contrario, durante todo el 2020 se sumaron 1 millón más de desocupados.

Hace apenas unos días, mientras el Ministerio de Trabajo rubrica esta norma, en la puerta de sus dependencias, los obreros de Bimbo están reclamando ante cientos de despidos ejecutados por la patronal para quebrar la organización sindical de su planta de San Fernando, cuando la producción de alimentos y el cuidado de los trabajadores involucrados fue decretado esencial en la demagogia del gobierno.

Lo mismo ocurre con las suspensiones, también supuestamente prohibidas. En un informe del Ministerio de Trabajo, “Panorama Mensual del Trabajo Registrado”, correspondiente a los meses de marzo-abril, el ministerio que defiende la burocracia reconoce que en el mes de marzo hubo más de 150 mil suspensiones, y en abril alrededor del 200 mil.

La defensa del empleo en manos del sindicalismo combativo

El decreto de Alberto Fernández y la fanfarria de la CGT son cortinas de humo que buscan desviar la tensión de los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo. La lucha contra los despidos la han asumido el Plenario del Sindicalismo Combativo y los trabajadores en lucha, como los mencionados compañeras/os de Bimbo, de los tercerizados de Ema y de diversos ferrocarriles, de Just, con huelgas, movilizaciones, acampes y ocupaciones.

 

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