Si bien el gobierno decretó la continuidad del aislamiento social obligatorio por otras dos semanas, es inminente la necesidad de una apertura de los bancos, al menos de forma parcial para atender la demanda de sectores puntual de la población. Sobre cómo llevarlo a cabo no hay menciones oficiales, aun cuando previo a la cuarentena no estaban dadas las condiciones básicas de seguridad e higiene para continuar con la atención al público en las sucursales bancarias, y cuando existen ya situaciones preocupantes en los cajeros automáticos que generan riesgo para trabajadores y usuarios.

Las normativas emitidas por el Banco Central carecen de claridad en referencia a cuál sería la cobertura mínima y cuáles las funciones que están alcanzadas en el servicio de emergencia presencial, lo que da lugar a todo tipo de manipulaciones de las patronales bancarias. ¿Incluye Tesorería, Clearing, Gerencia? Los únicos que tienen garantizado el derecho a cumplir con la cuarentena son los de rangos jerárquicos, como los responsables regionales o zonales, que se lavan las manos en medio de esta situación.

La Bancaria no acusa recibo de esta problemática. Deja librados a su suerte a los trabajadores que ven expuesta su salud. La decisión de evitar cualquier confrontación con la arbitrariedad patronal quedó en evidencia con su renuncia a defender el salario de los bancarios, cuando aceptó la suma fija establecida por decreto presidencial comprando el discurso ajustador de que los trabajadores deben poner su parte de la "solidaridad".

El argumento que se esgrime ahora para proceder a la apertura de sucursales es la necesidad de los jubilados. Sin embargo esto también es responsabilidad de las patronales, ya que muchas entidades no se dieron los mecanismos para entregar las tarjetas de débito a más de cien mil jubilados, exponiendo tanto a ellos como a los empleados al contagio del virus.

Desde Tribuna Bancaria consideramos que para una reapertura parcial las patronales deben garantizar una serie de medidas elementales, empezando por la desinfección de los recintos tanto antes de la apertura y como al cierre de cada jornada, junto con el incremento de las tareas de limpieza contando con los insumos y el personal necesario.

Como pate de las medidas tendientes a minimizar el flujo de clientes en las sucursales, planteamos el derecho a que todos puedan ser atendidos en cualquier entidad bancaria, y que se dispongan mecanismos para el cobro de los beneficios previsionales a través del CBU de un allegado determinado por el usuario. Los riesgos operacionales de esta flexibilización deben correr por cuenta de las patronales y el Estado.

En las sucursales debe garantizarse el distanciamiento preventivo y la provisión de alcohol en gel y elementos de higiene. Antes del ingreso deben hacerse sistemáticamente controles de temperatura. El orden de las filas, con sillas fuera de las sucursales, tiene que ser garantizado por autoridades públicas municipales y provinciales.

Todos los trabajadores (voluntarios y guardia mínima) que vayan a prestar tareas de pago de jubilaciones y AUH a las sucursales deben tener a disposición un transporte privado (chárter, remisse o taxi) a cargo de las patronales, o el pago del combustible en caso de utilizar autos particulares para movilizarse sin exponerse al contagio. Además, reclamamos que estas horas de trabajo sean pagadas bajo la modalidad de horas extras, o que se asigne un plus salarial por actividad esencial, desde ya exceptuados del impuesto a las ganancias.

Para garantizar estas medidas es fundamental la conformación de comisiones de seguridad e higiene compuestas por las comisiones internas y delegados de base, reconocidas por las patronales y con derecho a interrumpir la atención en caso de que no se cumplan con las demandas mencionadas. Para eso el Estado debe contemplar la emisión de certificados de permiso de circulación para los representantes gremiales, ya que actualmente la actividad gremial no se incluye como esencial y se deja a los trabajadores de todos los gremios a merced de los abusos patronales.

En cuanto a los trabajadores que se encuentran prestando tareas mediante home office reclamamos que los gastos de servicios involucrados para llevar adelante estas tareas (internet, luz, etc.) sean asumidos por las patronales bancarias bajo la modalidad de un bono extraordinario, no sujeto al impuesto a las ganancias. Planteamos también que toda reasignación circunstancial de tareas que no estén comprendidas por el puesto de trabajo debe ser aprobada por la comisión de seguridad e higiene, observando el respeto del convenio colectivo de trabajo para evitar la polifuncionalidad o la sobrecarga de tareas en el trabajo remoto. También en estos casos exigimos el pago de horas extras bajo declaración jurada del empleado.

Por último, deben establecerse sanciones a las entidades bancarias que no garanticen las condiciones de higiene y seguridad requeridas, que no respeten las licencias para aquellos trabajadores incluidos en los grupos de riesgo o que se encuentren al cuidado de sus hijes, y también a aquellas que retengan tarjetas de débito o no garanticen las condiciones técnicas para disminuir el flujo de usuarios.