El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, ha pedido que los directivos de escuela informen el listado de huelguistas que participaron de los paros del 3 y 4 de octubre convocados por las seccionales multicolores del Suteba y por el plenario provincial de delegados, con más de 5.000 docentes que los votaron con pliego escrito. Un verdadero apriete.

“La Provincia busca que los directivos avisen qué docentes se sumaron al paro”, tituló Infocielo (4/10) y agregó: “El titular de Educación bonaerense dijo que el paro del Suteba disidente es ilegal y pidió colaboración de las escuelas para saber quiénes se adhirieron”. La información del apriete está publicada en todos los diarios y portales informativos.

La patronal tiene la facultad de controlar el ausentismo, pero el reclamo del gobernador Kicillof y de Sileoni está absolutamente direccionado a las y los docentes que ejercen su derecho a huelga. Es una lista negra reclamada a cielo abierto, lo que constituye una acción de persecución sindical y de práctica desleal, es decir, un accionar ilegal.

La ofensiva contra el paro, su calificación de ilegal y las declaraciones públicas sobre que se va a descontar son un claro reconocimiento de que las medidas multicolores son paros y no faltas injustificadas. Pero a Sileoni y Kicillof les da letra la burocracia celeste de Baradel, que, por boca de María Laura Torre, secretaria adjunta del Suteba, señaló públicamente que como su sector no lo convocaba, la gente que iba al paro “faltaba a la escuela por faltar”.

Sileoni también declaró públicamente que “las banderas del paro tienen que ver con la mejora salarial, pero el viernes van a cobrar un 25 por ciento de aumento; con la construcción de escuelas, y acabamos de inaugurar la 201… No amerita para un paro de 48 horas” (ídem). Le cabe el derecho a no estar de acuerdo, como a nosotros, los docentes, el de disentir con él. Pero no el derecho de desconsiderar y perseguir el reclamo.

Sileoni ratifica que se trata de un conflicto laboral, lo cual legalmente debe ser atendido por el Ministerio de Trabajo que, por orden de Kicillof y su ministro de Educación, se niega a recibir las presentaciones. Obviamente, el ministro no busca resolver los problemas de la educación, sino hacer lobby con la dirección de Suteba, cuyos integrantes prácticamente son funcionarios sin cartera de su gobierno.

La reacción “ofuscada” del ministro, señalada por el periodista que le hace la nota, al igual que la inquina y persecución desatada también por la burocracia celeste de Suteba, política que repudiamos, son directamente proporcionales al impacto, la fuerza y la repercusión alcanzada por los paros multicolores, algo que los hace no sólo justos, sino también dueños de la legalidad que emana de una acción colectiva mayoritaria de la docencia.

Denunciamos a Kicillof y Sileoni, que, mientras se hacen los duros con maestras y maestros que luchan para defender la educación pública, no tomaron ninguna medida disciplinaria cuando el jefe de gabinete de Kicillof se fue de garufa sin siquiera avisarles –como el mismo gobernador declaró a los medios– ni luego de que se convierta en vox populi el escándalo del despilfarro de fondos públicos de parte de Martín Insaurralde, que renunció por voluntad propia, no porque el gobernador –que sabía perfectamente quién era y cómo actuaba su jefe de gabinete– se lo hubiera exigido.

Llamamos a la docencia a rechazar las listas negras, la arbitrariedad de considerar falta sin justificación hacer una medida de paro que el mismo gobierno denuncia que existió, rechazar los descuentos y seguir luchando por todos los medios, inclusive legales, para enfrentar la acción de persecución sindical y práctica desleal del gobierno. Redoblemos la lucha en defensa de la educación pública.

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