Sindicales
6/10/2025
Chubut ART: espejitos de colores, negociados y trabajadores estatales sin cobertura
La operadora es Río Varadero S.A., de oscura trayectoria.
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Legislatura de Chubut.
En Chubut se instaló un régimen de “autoseguro público provincial" respecto a riesgos de trabajo para así, “terminar con el curro de las aseguradoras”, según anunció el gobernador Ignacio Torres. Se contrató una empresa prestadora de servicios médicos con un oscuro historial, a pesar de que una de las premisas era la eliminación de intermediarios. A dos meses del inicio de la “autocobertura”, comienzan las denuncias de trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado provincial por la falta de cobertura, la falta de respuestas y la derivación de los asuntos de ART a la obra social provincial. ¿Qué hay detrás del sistema de autoseguro provincial? ¿Cuál es la empresa contratada? ¿Quiénes son las personas vinculadas en este entramado?
Allanando el camino
En diciembre del 2024, en la misma sesión en que se votó el presupuesto de ajuste para el ejercicio 2025 -que aumentó ilegalmente el porcentaje de aportes a la obra social provincial- se aprobaron dos proyectos de adhesión a leyes nacionales, relacionadas con el tema ART, que allanó el camino para un nuevo negociado del gobierno provincial.
El primero, el proyecto de ley 248/24 (ahora Ley XIV N° 3) adhiere a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la 24.557 sobre Riesgos de Trabajo. (sancionada en 2017 por el macrismo, que fue un tema bastante controversial e instaló los famosos dichos de “la industria del juicio” en relación a juicios laborales y a las ART). Una reforma laboral antiobrera y de hecho: a los efectos prácticos, elimina la doble vía imponiendo la obligatoriedad al trabajador de haber agotado la vía administrativa antes de acceder a la vía judicial. Para eso, crea comisiones médicas como instancia previa, obligatoria y excluyente.
Ante la necesidad y la amenaza de estar años litigando ante la Justicia, el trabajador termina aceptando lo que la instancia administrativa ofrece, por más que le parezca injusto. Además, las comisiones pueden declarar como “cosa juzgada” el asunto en cuestión, y no dar la oportunidad de litigar ni siquiera en última instancia. Desde diferentes sindicatos y organizaciones, se enviaron comunicaciones a la Legislatura solicitando el retiro del proyecto, o, en su defecto, participar en las comisiones, advirtiendo sobre la gravedad de este avance en el atropello a los derechos laborales. Sin embargo, la normativa fue dictaminada y aprobada sin mayores sobresaltos.
El segundo, el proyecto de ley 276/24 (actual XXII 50), planteó, en el marco de las mismas leyes nacionales, dar al Estado provincial la posibilidad de autoasegurarse, facultando al Ejecutivo a instrumentar técnicas y presupuesto para llevarlo a cabo, sin designar autoridad de aplicación ni mecanismos específicos. Con tratamiento exprés y con el acompañamiento de todos los bloques con excepción del Frente de Izquierda Unidad, se instrumentó el Autoseguro Público Provincial para Riesgos de Trabajo.
La fantasmal Chubut ART
Mediante el Decreto 881/25, el gobierno de Chubut adjudicó a la empresa Río Varadero S.A. la contratación como operadora de las prestaciones médicas en referencia a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por considerarla “económicamente conveniente a los intereses del Estado provincial” respecto de otras ofertas presentadas en la licitación pública 02/25, por un monto del 1,10% mensual de la masa salarial equivalente a $2600 millones mensuales. Por otro lado, se creó la Unidad Ejecutora Chubut ART dependiente del Ministerio de Economía, que se haría cargo de las pólizas de seguro del personal con vigencia a partir del 1° de agosto del 2025 y sería la encargada de las prestaciones dinerarias de corresponder, siendo la Fiscalía de Estado la que intervendrá en caso de demandas que pudieran surgir.
Sin embargo, ninguno de estos actos fue publicado en el Boletín Oficial y existe un gran hermetismo sobre el tema en el Gobierno de Torres; lo más importante es que ya existen los primeros casos testigos de empleados estatales que, ante un accidente de trabajo, se encuentran con una oficina vacía, no solamente de estructura sino de respuestas en las que solo se termina derivando la atención médica por cobertura de la obra social y a licencias ordinarias. Mientras que lo que son prestaciones dinerarias e indemnizaciones estaría completamente descubierto.
Esta gravísima situación generó la presentación de tres pedidos de informe en la Legislatura provincial. Uno de ellos, a pedido del mismo frente de pasivos y activos en defensa del Issys y otro, por la banca de Santiago Vasconcelos, diputado provincial por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, a pesar de la última tendencia del ejecutivo provincial de no enviar las respuestas correspondientes pese a jactarse de la supuesta transparencia de su gestión de gobierno y de constituir un deber de funcionario público.
Qué y quién es Río Varadero S.A.
Es un conglomerado empresarial de múltiples servicios (droguerías, prestamistas, consultoría, oil and gas, entre otras) dentro de la cual se encuentra “Colonia Suiza”, la prestadora de servicios médicos a la ART pública de Chubut y contaría con una oscura trayectoria en sus vínculos con la política de turno, ya que se habría especializado en hacer negocios en simultáneo con el Estado y con funcionarios, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Nación, Vaca Muerta, entre otros.
Su propietario es Marcos Podestá (aportante de campaña del PRO mediante “Resonancia ART”, otra empresa del mismo grupo), vinculado en carácter de prestamista a Diego Santilli (referente del PRO, vicejefe de gobierno de Larret, flamante candidato de La Libertad Avanza después del escándalo de Espert) y a Edgardo Cenzon (multifuncionario de rápido ascenso de Larreta y luego de Vidal, administrador de la campaña de Macri en 2015, escándalo “Panamá Papers” de por medio, emparentado con Boca y director de algunas de las empresas de Río Varadero como “Treaters”, en contrato con Vaca Muerta y con denuncias por desastres ambientales en el tratamiento de residuos del fracking)
Dentro de las denuncias públicas en diferentes medios de comunicación, se señalaría a Rio Varadero como artífice de un mecanismo mediante el cual se blanquean fondos de campaña al PRO y vuelven retornos a los bolsillos de los funcionarios mediante préstamos y otras prestaciones al Estado como las consultorías. Se alertan sospechas de vínculos con el tráfico de efedrina. También con el vaciamiento y apropiación de empresas como el caso del Laboratorio Roux Ocefa, cuyos trabajadores resistieron hasta el final y lograron la recuperación de la empresa mediante una cooperativa de trabajo. Y en particular, hay una denuncia concreta en Entre Ríos por la tercerización de servicios al Instituto Autárquico de Seguros de esa provincia y aseguran que provocó un “enorme daño a la economía de la Institución”, además de gasto excesivo se denuncian mayor cantidad de multas de la SRT por incumplimientos
Este mismo organismo de Entre Ríos, terciariza para la provincia de San Juan y San Luis mediante “convenios millonarios secretos firmados con la firma gerenciadora de riesgos Rio Varadero/Colonia Suiza”
El “ahorro millonario” de Torres
En medio de un panorama de paritarias docentes, no solamente a la baja sino sino sin la participación del gremio con mayor representatividad, el gobernador anunció un bono de 200 mil a docentes y 150 mil pesos a auxiliares en dos cuotas (otra de las medidas extorsivas que, al igual que la ley de profesionalidad docente, castiga al trabajador que hace paro e incluso al que hace uso del régimen de licencias por enfermedad, atención familiar, violencia de género, entre otras). El anuncio se da a partir de un supuesto ahorro millonario en las arcas provinciales producto de la adhesión al autoseguro provincial que serían destinada a fortalecer la educación.
Sin embargo, ese costo extra, que según dicen vuelve a las arcas del Estado, recae sobre el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) y agrava la situación de crisis deficitaria. El ente autárquico administra los aportes previsionales y además gestiona la obra social estatal Seros. El instituto viene sufriendo un vaciamiento atroz: producto de una deuda multimillonaria de diferentes organismos y municipalidades durante el gobierno de Mariano Arcioni, que no es regularizada y tampoco investigada ya que los descuentos a los trabajadores nunca fueron suspendidos y, producto de los salarios de miseria que perciben los estatales y otros entes descentralizados, los aportes terminan resultando insuficientes. Todo esto repercute de manera negativa en los servicios de la obra social, que no abona en tiempo y forma a médicos y clínicas por lo que la cobertura es intermitente, y en los bajos ingresos de los pasivos provinciales que vienen movilizándose incansablemente en defensa de la caja provincial.
Gremios estatales como ATE y Atech están realizando presentaciones sobre este tema y las respuestas son contundentes: no existe en este momento una afiliación vigente o una ART en funcionamiento para los empleados públicos. Desde algunos sectores advierten que comenzarán a llover los juicios al Estado, pero no olvidemos que, dada la eliminación de la doble vía, los damnificados deberían agotar primero la vía administrativa, donde el gobierno será juez y parte, antes de poder litigar.
Es urgente que se esclarezca este entramado y se garantice la cobertura total y real por riesgos de trabajo a todos los docentes, no docentes, trabajadores de la salud, judiciales, viales y a todos los empleados estatales. No más vaciamiento del ISSyS: defendamos los aportes, la caja y la obra social. Luchemos por paritarias reales que alcen los salarios y signifiquen el fortalecimiento previsional para los trabajadores y trabajadoras de la provincia del Chubut.
