El pasado viernes 20, los trabajadores de la línea 60 convocaron a una concentración frente a los Tribunales de CABA. Fue en repudio al pedido del fiscal Marcelo Retes de archivar la causa contra la patronal por el crimen laboral de David Ramallo, mecánico que falleció en 2016 aplastado por una unidad en reparación en los talleres mecánicos que la empresa posee en el barrio de Barracas. Una respuesta favorable del juez implicaría la impunidad de los responsables.

En la actividad hablaron miembros de la comisión interna, representantes gremiales de diferentes sindicatos, de la Coordinadora Sindical Clasista, de las agrupaciones Basta de Asesinatos Laborales (BAL) y Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral, familiares de Miguel Olmedo y la madre de David.

Acompañado por una importante movilización de trabajadores de la 60, Néstor Marcolín, de la interna, denunció que el fiscal “sin tener en cuenta pericias de la CNRT y la Policía Federal, responsabiliza a David por su muerte y pretende sobreseer a los responsables”.

También anunció que el primer fruto de la movilización fue que el juez convocó a declarar a los compañeros de Ramallo que habían sido ofrecidos en la causa por parte de la querella sin que fueran convocados en todo el desarrollo del proceso.

Omar Godoy, de BAL, llamó a participar a todos los familiares de la actividad que el próximo 9 de setiembre, como todos los años, convocan los trabajadores de la línea 60 en un nuevo aniversario del crimen laboral del compañero Ramallo.

Por parte de la Coordinadora Sindical Clasista hablaron Ileana Celotto, directiva de la Asociación Gremial Docente de la UBA, y Daniel Sierra, dirigente de Tribuna Docente, quienes denunciaron el agravamiento de la flexibilización del trabajo docente bajo la pandemia, el fallecimiento de colegas por la exposición de la presencialidad y el vínculo de la precarización y las muertes laborales con el ajuste que impone el gobierno en la búsqueda de un acuerdo con el FMI para refinanciar el pago de la deuda pública usuraria.

Nidia Olmedo, hija de Miguel Ángel, trabajador de Murata fallecido por Covid-19 por violación patronal de los protocolos de prevención, llevó su solidaridad con esta iniciativa y pidió la firma de todos los presentes a un petitorio para que el Ministerio de Trabajo responda un oficio judicial en la causa contra la empresa de seguridad.

En nombre de la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral, Hebe Sosa, madre de Matías Dimuro, planteó la necesidad de convocar a una movilización unitaria de todos los familiares de las víctimas de los crímenes laborales, representantes sindicales y partidos políticos para denunciar la complicidad de todos los poderes del Estado con la precarización laboral y con la impunidad empresaria.

El acto culminó con las conmovedoras palabras de Eva, madre de David, que reclamó justicia por su hijo e invitó a todos los presentes a acompañar las actividades del próximo 9 de setiembre