El 14 de julio, entre gallos y medianoche (como de costumbre) y sin debate previo que involucre al conjunto de las y los judiciales bonaerenses, se desarrollaron los Congresos Ordinarios y Extraordinarios de la AJB. El hecho de que se lleven adelante en el mismo momento dos congresos de naturaleza distinta es, en sí mismo, una típica maniobra de cualquier burocracia para limitar el debate y cerrarlo entre 4 paredes. Un rápido recorrido por la página web alcanza para advertir que no dieron a conocer los temas a tratar ni el informe de balance de la conducción. Todo en las sombras, como ocultándose de forma clandestina.

Ante lo acontecido, no quedan dudas de que el Congreso fue, una vez más, pura formalidad. En lugar de discutir y preparar iniciativas para frenar el brutal ajuste que el gobierno provincial de Kiciloff está descargando contra el empleo público, se limitó a señalar las diferentes presentaciones que realizó la conducción provincial (JUB –Azul y Blanca y la lista Celeste) para “monitorear el seguimiento de la inflación”. Es decir, puro papelerío vastamente demostrado inútil, aun cuando pertenecen al mismo signo político. El salario básico de la categoría más baja es hoy de $62.129, mientras que el básico promedio de los cargos administrativos ronda los $77.500.

Más allá de este cuadro, de por sí grave, la nota destacada fue la resolución de incorporar a la AJB a la CTA-T, conducida por Yasky, bajo el argumento de “fortalecer la acción gremial en unidad con otros gremios para avanzar colectivamente en las grandes luchas por las condiciones de trabajo, salarios, ley paritarias” (Ajb.org, 19/7). Es decir que, para la burocracia de Hugo Russo, las y los judiciales podríamos encarar las grandes luchas por el salario con Baradel, un firmador serial de paritarias docentes por debajo de la inflación (y, dicho sea de paso, el organizador del fraude en la seccional Suteba de La Matanza).

La oposición, nucleada en la lista verde, denunció esta maniobra basándose en que no se cumplieron los plazos previstos por el Estatuto para la convocatoria al Congreso. Y, como superación de esta maniobra, exhorta a una mayor participación gremial y objetan que Yasky forma parte del gobierno de Alberto Fernández como diputado nacional. Formalidades que intentan encubrir su propia responsabilidad por el vaciamiento del gremio y la desafiliación creciente durante sus más de 15 años como conducción. Además, si bien es cierto que la CTA-T integra el gobierno, no es menos cierto que la CTA Autónoma apostó todas sus fichas para que Oscar de Isasi (ATE) integrara las listas del Frente de Todos (Politicadelsur.com, 29/07/2021). Aunque finalmente no lo consiguió, su apoyo fue manifiesto, como lo demuestra su publicación de Twitter: “Felicito y reconozco a los candidatos y candidatas a diputados nacionales del @FrenteDeTodos de la Provincia de Buenos Aires que integrarán la lista en las próximas elecciones legislativas”. Además, Victor De Gennaro, otro de los líderes históricos de la CTA Autónoma, fue candidato a concejal en Lanús por una de las listas internas del FdT (Zonales.com, 25/08/2021). Es decir que ambas camarillas forman parte, de una u otra forma, del gobierno nacional y provincial.

Lo que está ausente en uno y otro posicionamiento es el balance político de ambas CTAs. Es claro que ambas facciones de la burocracia judicial, la Celeste-Azul y Blanca por un lado y la Verde-Anaranjada por el otro, intentan posicionarse de la mejor manera de cara a las elecciones legislativas de 2023. Tampoco se nos escapa que esta maniobra del kirchnerismo se da un mes antes de las elecciones en la CTA-A, donde la oposición verde-anaranjada participa del oficialismo.

La división de la CTA, en 2010, obedeció a una disputa de poder al interior de la central y a los realineamientos de las facciones como consecuencia del conflicto con el campo. Las elecciones de ese año terminaron con la central quebrada y acusaciones cruzadas de fraude entre el yaskismo y el degennarismo.

Pero lo que no se puede ocultar es que ambas CTAs funcionaron y funcionan como válvula de contención frente al actual escenario político y social. Ninguna de las dos facciones sindicales se ha puesto a la cabeza de las luchas obreras, sino que han maniobrado en sintonía aceptando mansamente el acuerdo con el FMI cuyo saldo es hoy la inflación por las nubes y trabajadorxs empobrecidxs. Y no solo eso, sino que todas estas variantes de las burocracias kirchneristas apoyaron la prórroga del presupuesto de Vidal durante el 2020 y encubrieron el pacto del Frente de Todos con Juntos por el Cambio, que parió el presupuesto provincial 2021 y 2022 de ajuste.

Denunciamos estas maniobras clandestinas de la conducción provincial. A esta permanente fractura “por arriba” le oponemos la unificación “por abajo”, a través de un congreso de delegadxs de base de todas las CTA y sus sindicatos, para poner a las y los estatales, judiciales, docentes, trabajadores de la salud, docentes universitarios, trabajadores del subte, aeronáuticos y neumático, entre otros, en un plan de lucha para derrotar los ataques al bolsillo y condiciones de trabajo de los gobiernos nacional y provincial y reorganizar la central.

Judiciales en Lucha forma parte de la lista Multicolor encabezada por Ileana Celotto (AGD-UBA) para las elecciones de la CTA-Autónoma del 11 de agosto. Llamamos a votar a la Multicolor bajo esta perspectiva, para superar la disputa entre camarillas y recuperar la CTA como canal de organización de las y los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/la-cgt-respaldo-al-gobierno-y-le-da-la-espalda-a-los-salarios

https://prensaobrera.com/sindicales/se-agudiza-el-plan-de-lucha-del-sutna