Cerrando julio, y en plena escalada inflacionaria y devaluación del peso, Axel Kicillof  y su  ministra de trabajo bonaerense, Mara Malec, siguen sin dar señales de una reapertura de las paritarias cuando la inflación anual (proyectada) supera largamente los aumentos en cuotas pactados por las direcciones de los gremios estatales, docentes y judiciales.

La canasta básica ya trepó por encima de los 100.000 pesos y pegará otro salto en julio cuando se conozca la inflación del mes. En rigor, ni  los sindicatos estatales de Ate, UPCN, Salud Pública; del Suteba y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ni la Asociación Judicial Bonaerense piden una reapertura inmediata de las paritarias,  sino un 10% extra por sobre los tramos ya acordados que se extienden hasta diciembre, y que las conducciones burocráticas presentaron en su momento como un 60% (dibujado) para ganarle a la inflación.

Las burocracias de la CGT y las dos CTAs quieren rescatar y sostener este pacto fracasado enunciando un 70% (60% anterior en cinco tramos más un 10% nuevo) que sigue a la baja de la inflación. Este cuoteo es la política seguida por todas las burocracias, que aceptan un salario inicial por debajo de la canasta de pobreza y cuya cuota final terminará de pagarse en enero de 2023. La “actualización” se reduce a un improbable adelantamiento de la última cuota de diciembre y al 10% mencionado y todavía verde, que podría trocarse por una suma fija. De prosperar esta última variante, está también por verse si el 10% se trasladaría o no a las jubilaciones bonaerenses.

El silencio de radio de Kicillof es acompañado por la inacción y parálisis de las conducciones gremiales integradas y disciplinadas al gobierno del Frente de Todos. No hay ni un asomo de plan de lucha en su “haber” y, descartando cualquier medida de fuerza que afecten el inicio del segundo semestre, el FUDB se atribuye haberle enviado una nota a la ministra Malec para que sean convocados “de inmediato”. Puro humo, porque ni siquiera fijan un monto de reclamo salarial ni mucho menos convocan a asambleas para sostenerlo. Por lo pronto, Ctera y Suteba se aprestan a convalidar la extensión de la jornada laboral en la primaria como prueba de fe a los ministros de educación de la nación y la provincia. Tendrán que lidiar con la docencia y los paros de no inicio en distintas provincias.

La CTA Yasky tiene como toda respuesta a la crisis social y derrumbe de los ingresos de los trabajadores, una marcha de antorchas en el aniversario de la muerte de Evita y su participación en la marcha del 17 de agosto. Como la CGT, Yasky también aclaró que la movilización no es contra el gobierno de Alberto Fernández sino contra los ” formadores de precios”. Sobre el salario, nada.

Para disimular la inacción y encubrir a la Ctera, que va a elecciones a fines de septiembre, el secretario general de Suteba y también adjunto de Ctera, Roberto Baradel, pidió una “actualización” según el índice de crecimiento de los precios de los alimentos, que subieron un 20% en los últimos días y pulverizan el salario de los trabajadores. El “reclamo” y la carta a Malec no mueven el amperímetro ni rompen la integración al gobierno de Kicillof. El piso para la reapertura de la paritaria docente debe ser fijado por las asambleas docentes y no puede ser inferior al costo de la canasta básica y  los 110.000 pesos por cargo.

Kicillof patea la discusión paritaria en línea con la profundización del ajuste anunciada por Silvina Batakis, que tendrá otra vuelta de tuerca con el viaje de la ministra a los EEUU para darle mayores garantías de “recorte fiscal” al FMI. El complemento de la prohibición de nuevos ingresos de empleados al Estado, dispuesto por la ministra Batakis, es la desvalorización en picada de los salarios y jubilaciones nacionales y provinciales. En línea, Alberto Sileoni dio de baja el programa ATR en el que trabajaban 2200 docentes precarizados y con contratos.

El 10% extra, por el que no mueven un dedo las burocracias en la provincia de Buenos Aires, no excluye la aceptación de una suma como “compensación salarial”. Oficialmente, la suma fija (sin monto) es lo que piden Ctera, Suteba y la CTA Yasky, siguiendo el libreto de Cristina Kirchner quien rechaza la reapertura de paritarias en el Estado y gremios privados. El kirchnerismo hace un aporte fundamental al programa fondomonetarista de Alberto y Batakis atacando los planes sociales y convalidando el ajuste a los salarios.

La lucha por la reapertura inmediata de las paritarias y por un salario que cubra el costo de la canasta familiar choca de plano con la política ajustadora del peronismo y de todos los gobernadores que le hacen pagar la crisis a los trabajadores a cuenta del FMI. Una nueva cuota del 10% prolongaría la adaptación de las burocracias de la CGT y las CTAs al ajuste, cuando la inflación anual se acerca a los tres dígitos y en julio rondaría el 8%. El Plenario de la Coordinadora Sindical del Partido Obrero apuntalará la campaña por el paro nacional y plan de lucha, y por las asambleas para imponer la reapertura inmediata de las paritarias.

En la provincia de Buenos Aires, y todo el país, el clasismo debe ponerse a la cabeza de la agitación por las asambleas, plenarios y autoconvocatorias para romper el candado de Kicillof al salario de los estatales, docentes y de la salud. El plan de lucha de la Unidad Piquetera, por el aumento del salario mínimo y un bono de emergencia, es una palanca de apoyo fundamental para que la clase obrera intervenga con un programa propio uniendo las reivindicaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

Salario y reapertura de paritarias son puntos centrales en la campaña de las listas Multicolor hacia las próximas elecciones de la CTA Autónoma, de la Ctera y de los delegados de oposición para la Junta Interna del Astillero Río Santiago.

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