El comienzo de clases se ha dado con miles de docentes despojados de sus horas y cargos. Al 2 de marzo, había 15.000 horas cátedras sin cubrir en nuestra provincia, situación que se repite con los cargos y en todos los niveles educativos. A un mes del comienzo del ciclo lectivo, no está resuelta la cobertura de vacantes y no lo estará en las próximas semanas, debido a que quienes están encargados de cubrir esas horas y cargos- las secretarías escolares y el sistema CIDI- están colapsados.

Sin embargo, el dato más preocupante es que muchas de las asignaturas se cubrirán de forma precaria y a término a pesar de que las horas tengan carácter permanente y titular. Esto quiere decir que al enorme universo de trabajo precarizado que hoy tenemos en educación, planes socioeducativos, coordinadores de curso, ProA, etcétera, se suma una nueva montaña de horas en el nivel medio, superior y en las modalidad adultos.

Esta reforma laboral y educativa tiene la pluma de la conducción del sindicato docente Uepc, que se la atribuye como propia, y fue sacada de los manuales de los organismos multilaterales como el BID y Banco Mundial quienes desde los ’70 le han dictado a los distintos gobiernos las políticas que mercantilizaron y empobrecieron la educación pública de Argentina y Latinoamérica.

Una reforma a la medida de las privadas

El 16 de diciembre de 2020 se aprobó en la legislatura provincial la modificación del Estatuto Docente mediante la Ley 10.729 que establece que  solo podrán designarse horas “en carácter titular a aquellos agentes que posean título docente. Quienes no cumplan con dicho requisito deberán ser designados con carácter interino”. Esto quiere decir que cada 28 de febrero las horas deberás ser concursadas nuevamente.

Si bien el Ministerio de Educación y la conducción de Uepc se niegan a dar datos de la masa docente que quedará precarizada, se estima que, por ejemplo, un 60% de las y los docentes de Lengua y Literatura que tomen horas a partir de este año lo harán de forma precaria. La situación con el resto de las materias troncales y de las especialidades no es muy distinta y se acentúa en las escuelas técnicas donde durante décadas las asignaturas fueron dictadas por profesionales.

Esta reforma, a su vez, da continuidad al decreto 257/19 que bajo el mote de “profesionalización de la carrera docente” y la tan mentada “educación de calidad”, elimina de un plumazo y para siempre la puntuación de una parte sustancial de la capacitación de aquellos docentes con más de 10 años de trayectoria. Sumado a esto, pasa a reconocer solo las formaciones habilitadas por la Red de Formación Docente Continua provincial y con resolución ministerial; un coto de la provincia, donde Uepc tiene incidencia, que desconoce el esfuerzo y la inversión de tiempo y dinero de miles de compañeros y compañeras.

Como establece un comunicado presentado por diversos colectivos docentes, “bajo la sentencia de caducidad de saberes o trayectos formativos pedagógicos se configura un mecanismo extorsivo de incentivos a favor de sostener un mercado de oferentes y docentes cautivos para acceder al puntaje. Es una imposición de un ‘modelo docente excluyente’ que orienta al consumo de ciertos cursos en general, asistemáticos-dispersos-reproductivos-mecanicistas, alejados de las realidades educativas”.

No hay privatización sin vaciamiento

Si hay algo que aprendimos con la dictadura militar y los gobiernos que le sucedieron es que para armar un negocio en educación, previamente hay que desmantelar lo público y destruir cualquier órgano de contralor. Esa receta es la que se aplica a pie juntilla en Córdoba.

En primer lugar, se cierran o vacían los Institutos, Terciarios y Profesorados provinciales. La mayoría de los y las docentes son precarizados porque las carreras son a término o se establecen distintas medidas, como el cupo por curso, para cerrar carreras. La educación superior que hoy ofrece la provincia, en gran medida, existe por el trabajo precario y la movilización que ha establecido la comunidad educativa. La capacitación pública es casi inexistente o con cupos limitados y en gran parte está gestionada por la misma conducción del sindicato. Actualmente cualquiera que quiere capacitarse gratuitamente, no lo puede hacer.

Intervención y destrucción de la Junta de Clasificación

Por otro lado, la Junta de Clasificación secundaria (ente que clasifica el puntaje docente y genera las Listas de Orden de Mérito) no recambia a través del voto de las y los docentes a sus vocales  desde el 2012. La razón es simple: en las últimas elecciones de Junta, la conducción Celeste perdió 10 de los 22 vocales.

Luego de esta derrota, Daniel Zalazar, secretario gremial de Uepc declaró que “el pleno y correcto funcionamiento de esta entidad forma parte del engranaje del sistema educativo, ya que es la Junta de Clasificación la que evalúa y da la valoración de cada docente”. Tres años más tarde, con un vocal de Junta Celeste, que no había ganado las elecciones, y un sinnúmero de funcionarios, desconocidos para la docencia, pusieron en pie la Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos, un organismo dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba que clasifica de acuerdo a criterios arbitrarios que son absolutamente ignorados, inclusive por los vocales de Junta que antes desempeñaban estas funciones.

Este ente se traza como principal función abrir el negocio millonario y privatizador de la “formación docente continua”, que no es otra cosa que el ataque directo a la trayectoria de formación continua y situada frente al aula y la carrera docente. Se le aumenta puntaje a la sobrecarga laboral que debería ser remunerada (salidas pedagógicas, Jefatura de departamento, etc.), pero se le niega puntaje a la labor diaria de la docencia. Una docente puede haber cubierto una suplencia en un mismo curso durante 15 años y de un día para otro, con la nueva ley, deja de ser “idóneo”.  ¡Una locura!

La docencia ya tiró abajo en el 2015 una reforma similar pero dirigida particularmente al alcance de títulos de los Comunicadores Sociales. Ahora, la lucha es común a toda la docencia afectada por esta avanzada. El martes 29 de marzo tenemos la primera parada: nos movilizamos contra la reforma laboral y educativa.