En las últimas horas trascendió que el boleto de pasajeros vuelve a subir en Córdoba, a $69,5. Este tarifazo significa otro golpe a nuestro bolsillo, puesto que las trabajadoras de casas particulares cobramos por 40 horas semanales un salario mensual de entre 38 y 43 mil pesos, es decir, en la línea de la indigencia.

Este aumento en el transporte significaría un 20% del valor de esa hora laboral. Costos que en muchos casos los patrones no cubren. Incluso, en los momentos más álgidos de la pandemia y la cuarentena estricta fuimos consideradas un servicio esencial, lo cual nunca se tradujo en derechos laborales ni subsidios para nuestros bolsillos, solo para los empleadores como fue el Plan Registradas.

Las trabajadoras de casas particulares somos uno de los sectores que más sufrimos los costos de la crisis y el ajuste. El pacto con el FMI, que acordaron tanto el gobierno como la oposición patronal, trae como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo.

En plena pandemia presentamos en el Consejo Deliberante de la ciudad un proyecto por la gratuidad del boleto para trabajadoras de casas particulares, a través de la banca que ocupa Cintia Frencia. Somos consideradas esenciales como otros trabajadores que sí tienen la gratuidad del boleto. Existe incluso una discriminación hacia nuestro sector. Seguimos exigiendo ese derecho y cada una de nuestras reivindicaciones.

Venimos de recorrer un camino de lucha que contó con presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación por el aumento del 100% del salario sin mayor respuesta que un aumento miserable del 30% que acordó la burocracia sindical y el gobierno. La “suba” salarial ya se diluyó por la inflación del cuatrimestre pasado. Es por esto que exigimos la reapertura de la mesa de negociación salarial.

Debemos reforzar el camino de la movilización con un plan de lucha que prepare el camino hacia un paro nacional. Seguimos diciendo: ¡Somos trabajadoras, no esclavas! Y nos seguimos organizando por el 100% de aumento salarial, la reapertura de la mesa de negociación salarial, las moratorias a cargo del Estado y las patronales, la registración de todas las trabajadoras, un sindicato que realmente nos defienda y todos nuestros derechos laborales.