Un artículo publicado el domingo 29/11 en La Voz del Interior expone que este año la Caja de Jubilaciones de Córdoba terminará con un déficit de $20.050 millones. Esto a pesar de haber avanzado este año con la reforma que implicó el mayor robo de la historia a la jubilación de la provincia, que fue la sanción de la ley 10.694, en plena pandemia. El déficit de este año equivale a una cuarta parte de lo que la provincia ha debido pagar en concepto de jubilaciones. La cifra se agita con el objetivo evidente de avanzar en un nuevo ajuste contra la jubilación provincial, llevándola hacia la línea de indigencia que se establece en el sistema nacional.

El déficit

El déficit de la Caja se ha esgrimido muchas veces en la provincia para avanzar contra las jubilaciones. La especie sostenida en el artículo mencionado de que los contribuyentes financian la Caja para sostener jubilaciones altas sólo pretende encubrir que la realidad es la opuesta: tanto la Anses como la Caja provincial financian a los Estados nacional y provincial, que meten mano en los aportes de los trabajadores para subsidiar al capital y sostener sus gastos.

Los sucesivos gobiernos de Córdoba mantienen la Caja intervenida hace 25 años, expropiada a sus legítimos dueños que son los trabajadores aportantes y jubilados, violando el estatuto de la Caja y toda la legislación vigente sobre el punto. De esta manera, el gobierno cuenta con el aporte de los trabajadores y el dinero que corresponde a las jubilaciones y pensiones como parte de las finanzas de la provincia. Es decir, los jubilados y los trabajadores aportantes financian los gastos del Estado.

Los responsables del déficit de la Caja han sido los sucesivos gobiernos que no sólo sostuvieron esta situación sino que han profundizado el robo contra los fondos previsionales. El propio gobierno desfinancia la Caja con los pagos en negro que cierra en paritarias y con la proliferación de trabajo precarizado en las dependencias estatales que evaden el aporte previsional. Incluso en los últimos años ha reducido el aporte personal de docentes y empleados públicos, incluyendo esas sumas en la oferta salarial. Esta reducción, además, implicaba avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de armonización e ir adecuando la jubilación provincial al régimen nacional. El aporte patronal que debería suplir esa diferencia (según la ley provincial 8.024) es un mero pase de manos del propio gobierno, que promueve y profundiza el déficit para negociar sobre esa base los aportes de Nación.

En efecto, por acuerdos de armonización, dos terceras partes del déficit previsional lo aporta la Nación. La presión por la transferencia de la Caja, resistida en numerosas oportunidades por los trabajadores, ha tomado la forma de una armonización de los términos de la jubilación provincial con el régimen nacional. El gobierno, que inventó el déficit, lo utiliza para avanzar contra las jubilaciones y nutrir sus finanzas a costa del ajuste mancomunado de Nación y provincia contra los derechos previsionales de los trabajadores.

La reforma jubilatoria: de la pobreza a la indigencia

La sanción de la ley 10.694 ha generado una situación de desigualdad: los trabajadores que más aportan son los que se jubilaran con un haber menor. Efectivamente, esta ley establece que el cálculo del haber (el 82%) se realice no sobre el salario bruto del trabajador, sino sobre su remuneración una vez deducido su aporte previsional. Es decir que el trabajador que aporta más porcentualmente tendrá un salario menor para calcular su haber jubilatorio.Es lo que ocurre con los trabajadores municipales, por ejemplo.

Pero además, esta reforma de Schiaretti ha provocado que los trabajadores docentes, que han perdido ya los aportes extraordinarios que realizaron hace años, tengan la peor jubilación del país, puesto que no se jubilan con el 82% que establece el régimen especial docente, sino con aproximadamente el 73% (un 82% del 89% del salario bruto). La última reforma previsional de Schiaretti significó que los trabajadores, sobre todo los que más aportan, han empeñado sus aportes para tener una jubilación menor y que los docentes de Córdoba estén en una situación de discriminación, incluso con respecto al resto de los docentes del país, en cuanto a la cuestión previsional. Como se ve, el desfinanciamiento no proviene de los trabajadores y jubilados, sino de las manos y la política del gobierno, que a la vez que roba a los jubilados sostiene jubilaciones de privilegio como las de los jueces que superan en diez veces a las del resto de los trabajadores.

El artículo periodístico en cuestión menciona que el gobierno ya no tiene más tela para cortar para avanzar contra las jubilaciones, porque con la última reforma está en el mínimo permitido por la Corte: el núcleo duro del 82% del salario que efectivamente percibe el trabajador en actividad. Sin embargo, se pone sobre la mesa que la Nación, que financia dos tercios del déficit de la Caja provincial, paga una jubilación que en promedio es la mitad de la jubilación en Córdoba. Todo indica que la provincia deba adecuar esos montos para evitar que la nación deje de enviar los fondos. Es decir que la traba jurídica para avanzar contra la jubilación encontrará su resolución en la política. El gobierno provincial apunta en el mismo sentido que el gobierno nacional: achatar la jubilación y llevarla de la línea de pobreza en la que se encuentra ahora hacia una mínima de indigencia.

La posibilidad del default de la deuda de la provincia, que según el artículo de La Voz el gobierno prefiere antes de dejar de pagar a los jubilados, no es más que la confesión del ajuste que se avecina. En primer lugar porque ni default ni reestructuración sirven para sacarse de encima una deuda ilegal e ilegítima contraída para intereses que no son los de los trabajadores. Pero además porque no está claro que la deuda sea reducida y un default sólo implicará renegociar después y asumir desventajas. Es decir que el ajuste contra trabajadores y jubilados viene hoy o viene mañana, pero siempre viene. No hay otro plan para el gobierno.

La burocracia sindical y el plan de lucha

Tamaño ajuste contra las jubilaciones procede no sólo sobre la base de la pasividad de la burocracia sindical, sino con su abierta complicidad. El apoyo de la burocracia al ajuste de Fernández con la nueva fórmula de cálculo y el mísero aumento del 5% es la cara nacional del acompañamiento que tuvo Schiaretti con la reforma provincial. Las conducciones del SEP (empleados públicos) y Uepc (docentes) entregaron los aportes unos meses antes de que procediera la reforma. Incluso el titular de la CGT y legislador oficialista José Pihén se jubiló unos días antes de que se sancionara la ley.

El compromiso de la burocracia con los gobiernos nacional y provincial y con su política fondomonetarista está destrozando los salarios, las condiciones de trabajo y las jubilaciones y derechos previsionales de los trabajadores. La sumisión de las conducciones gremiales, que han visto pasar la reforma jubilatoria sin amagar siquiera la convocatoria a un paro y un plan de lucha, es la base sobre la que se apoya el gobierno para avanzar en el ajuste, el robo a la Caja y el ataque a los trabajadores. Para evitar que esta política pase es necesario defender la independencia política de los sindicatos, tanto de los gobiernos nacional y provincial como de los planes del FMI y convocar al paro y al plan de lucha.

Este es el camino que están desarrollando organizaciones de jubilados y de trabajadores activos con un proceso de movilización nacional que lleva ya dos jornadas de lucha sin el apoyo de las burocracias sindicales y que ha colocado en la calle el programa y el método de los trabajadores. El 2 de diciembre se desarrollará en Buenos Aires una jornada de lucha que estaba convocada para el pasado jueves 26, pero fue pospuesta y el próximo viernes 11 iremos a una nueva instancia de movilización en todo el país contra el ajuste previsional, en la que tienen que estar presentes los trabajadores activos y jubilados, tanto provinciales como nacionales. Si no quieren ser cómplices del robo, las conducciones sindicales deben convocar a movilizar y a preparar con asambleas en todos los gremios la movilización, el paro y el plan de lucha.

 

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