El matutino La Voz del Interior publicó una nota señalando el pedido de la secretaria general del Suoem (sindicato municipal) de “audiencia inmediata” para conocer los planes de descentralización operativa en el municipio, a cargo del secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola. Según la reseña, el pedido de audiencia es “con la finalidad de tratar la descentralización administrativa y operativa anunciada en medios de prensa”, en alusión a las declaraciones que a este mismo medio hiciera el secretario a cargo de los CPC (Centros de Participación Ciudadana) reconociendo que en el municipio hay diferentes relaciones laborales: desde personal de planta, becas, pasantías y servidores urbanos. Si bien ese reconocimiento no es exhaustivo (hay también contratados, monotributistas y trabajadores de empresas tercerizadas) al reconocer este “universo diverso” de modalidades laborales, Viola utiliza el argumento de la descentralización para profundizar el ataque al estatuto municipal y liquidarlo como conquista histórica de los trabajadores.

¿Por qué decimos que la descentralización de Llaryora ataca el estatuto municipal?

La precarización del trabajo municipal no es novedad ni absoluta responsabilidad de la actual gestión, aunque durante el año 2020 mostró un salto cualitativo con el escandaloso e ilegal ataque que experimentamos en nuestros salarios, no solo con una paritaria tardía y a pérdida, sino con las condiciones en las que se desarrollan las tareas que son incumbencia del municipio. En tal sentido, la visibilización del ejército de precarizados pintando cordones en las calles, la contratación de monotributistas para reemplazar tareas y funciones de áreas municipales completas, los recortes de jornada y las sumas no remunerativas del salario forman parte de un mismo cuadro.

Esa precarización ha estado ligada a la falta de inversión en las áreas operativas: se vació sistemáticamente de insumos y equipamiento cada repartición, delegando en empresas ligadas al COyS (ex ESyOP: Ente de Servicios y Obras Públicas) principalmente de limpieza, bacheo, de desagote, de mantenimiento y poda, etc. que a su vez subcontrataban personal de manera temporaria, sin que nadie controlara las condiciones de contratación. De ninguna manera esta política significó un ahorro: por el contrario, garantizó un negocio descomunal–con un costo infinitamente mayor al que le representaría al propio municipio si obrara con su planta- de empresarios ligados al poder, utilizando con discrecionalidad los dineros públicos.

A la vez fue acompañada de una campaña mediática centrada en el “privilegio” de los empleados, “que cobran y no laburan”. Apoyada en ella, en plena pandemia aplicó una reducción de la jornada laboral en los trabajadores de 7 horas, reduciendo en un solo golpe el 15% del salario, ya afectado por la eliminación de horas extras y prolongaciones de jornada.

Hoy el municipio publicita que ha comprado una flota de camiones para dotar de insumos y operativizar el trabajo desde los CPC. Sin embargo, menciona que se valdrá de todas las formas y condiciones en las que actualmente se desempeñan los trabajadores para avanzar en la descentralización. Eso implica que la tarea específica del municipal será desarrollada de aquí en más por trabajadores fuera del convenio. Se trata de la misma política de vaciamiento, esta vez aplicada directamente sobre los trabajadores bajo convenio.

Cada trabajador precarizado es la muestra de un sistema que precariza. Bajo condiciones que exhiben una inestabilidad permanente, con salarios que no superan la línea de indigencia, sin aportes personales ni contribuciones patronales, son la variable de ajuste con la cual se plantea una extorsión permanente al salario y las condiciones laborales de los trabajadores bajo convenio. Y los funcionarios precarizadores se valen de ello para disciplinar al conjunto de trabajadores.

El caballito de batalla utilizado por el ejecutivo municipal para semejante ataque es el argumento de “acercar el municipio a los vecinos”, refuncionalizando los CPC que se encuentran en un total estado de abandono desde hace años. Se trata de una verdadera estafa a los cordobeses. Décadas de desmantelamiento y privatización de las áreas operativas han dejado sin mantenimiento los barrios de la ciudad llevándolos a un estado calamitoso. La “descentralización” de Llaryora, viene a dar el golpe final a estas dependencias municipales eliminando virtualmente el servicio que prestaban, y abriendo nuevas fuentes de negociados.

Un planteo de salida

Hemos llegado a esta situación fruto de un ataque sistemático de un ejecutivo municipal precarizador y de la falta de un planteo organizativo para enfrentarlo. En ese sentido, es indispensable que cada repartición sea un espacio de deliberación, que se replique en la convocatoria al cuerpo de delegados municipal, ya que no se trata de un problema de las áreas operativas sino del conjunto de los municipales.

La defensa de todo el articulado de nuestro convenio que establece garantizar las condiciones laborales y el pase a planta de los trabajadores que cumplen tareas necesarias para el desarrollo de las funciones municipales cuando superan los dos años de contratación debe ser nuestro objetivo.

Ningún trabajador municipal por fuera del convenio.

Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza.

Abajo la flexibilización que pretende imponer mediante la descentralización Viola y Llaryora.

Para esa defensa sea efectiva es necesario que hasta el último trabajador de cada repartición delibere en asamblea y se sume a un plan de lucha que defienda el convenio y el salario municipal. Exijamos que las decisiones respecto de un plan de lucha del conjunto de las reparticiones sean resultado de las asambleas de las y los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/como-enfrentamos-la-desocupacion-y-la-miseria-salarial/