Se estima que los jubilados que interpusieron recursos judiciales a partir del fallo “García”, en el que la Corte Suprema ordenó a AFIP no retener el tributo, llegará al millar de beneficiarios. Cabe recordar que el máximo órgano del poder judicial ya declaró inconstitucional el impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales, tal cual quedó expuesto en el mencionado fallo judicial. En ese marco, la cautelar que hace que por 6 meses 23 jubilados municipales no paguen el impuesto es un revés para el ajuste previsional.

Con el precedente del fallo “García”, los fallos judiciales que impiden a la AFIP la retención de ganancias, se aproximan al millar. “La Caja de Jubilaciones contabilizó hasta noviembre pasado 820 pasivos que dejaron de pagar el impuesto a las Ganancias luego de interponer recursos de amparo ante la Justicia Federal”, publicó Comercio y Justicia.
El crecimiento de los recursos judiciales expresa la necesidad de defensa de las y los jubilados frente a una burocracia sindical que se cruzó de manos, dejando pasar el ajuste jubilatorio. Por eso se destaca que en el caso concreto antes mencionado, la actora en el 2015 al iniciar la demanda tenía 79 años y con problemas de salud, con lo cual la aplicación mecánica de la norma al caso concreto «… convierten a la tipología originaria del legislador, carente de matices, en una manifestación estatal incoherente e irrazonable, violatoria de la Constitución Nacional».

En este escenario, se confirmó la sentencia y se le ordena a la AFIP reintegrar las sumas retenidas desde la demanda y hasta su efectivo pago, y que tampoco se puedan descontar suma en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional, ello «hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto».
En Córdoba, se falló favorablemente a la solicitud de una medida cautelar presentada por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y 23 jubilados de ese gremio quedaron eximidos por seis meses o hasta tanto se dicte sentencia de pagar Impuesto a las Ganancias, respondiendo a un pedido más amplio de inconstitucionalidad realizado por el sindicato sustentado en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

“Mientras tanto el juicio debería continuar, pero como hay receso en Tribunales, para lo único que habilitaron la feria es para el otorgamiento de esa medida cautelar”, detalló “actualidad jurídica” en junio de este año.
Lo señalado representa un revés a las políticas de ajuste contra los jubilados y jubiladas, pero que no deja de ser totalmente insuficiente, teniendo en cuenta el “aumento” miserable que ha desenvuelto Alberto Fernández, y el último robo histórico que perpetró el gobierno de Juan Schiaretti, que fue la sanción de la ley 10.694, en plena pandemia, en total sintonía con la reforma fondomonetarista del gobierno de los Fernández.

A la postre, las burocracias sindicales, cómplices del plan de ajuste, utilizan todo su aparato para desmovilizar y frenar la lucha por las jubilaciones, el PTJ (Plenario de Trabajadores Jubilados) está tomando la iniciativa de organización y han exigido en las últimas acciones la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha, que es el camino que debemos tomar trabajadores activos y pasivos para romper el pacto entre las conducciones burocráticas gremiales y los gobiernos de turno.

El próximo 18 de diciembre las y los jubilados volverán a salir en la calle, junto al clasismo en defensa de las jubilaciones, por el salario, y contra el ajuste al servicio del FMI.