La conducción de Uepc, el sindicato docente de la provincia de Córdoba, comenzó a negociar con el gobierno una paritaria de miseria, ajena a las necesidades de la docencia. Buscan un acuerdo conjunto con el sindicato de empleados públicos dirigido por el oficialista Pihén, titular de la CGT cordobesa. Apuntan a una negociación semestral, según un acuerdo establecido entre los gremios de la CGT regional, de una recuperación de lo perdido el año pasado que ubican en el 8%. No toman en cuenta el costo de vida o lo que necesita un trabajador para sostener a su familia. La burocracia de Uepc está negociando sobre esas bases y sin mandato, jugando con las mismas cartas del gobierno.

El salario docente hoy está en $39.700, incluyendo los fondos y el bono extraordinario del Incentivo Docente, muy lejos de los $56.459 que necesita una familia para no ser pobre, según los datos del Indec. Y si a esto se suma que la inflación en Córdoba viene creciendo, incluso por arriba de la media nacional, se evidencia un panorama desolador.

El aumento de los precios al consumidor de enero en Córdoba fue del 5,82%, pero en lo relativo a alimentos y bebidas el incremento fue aún mayor y llegó al 6,05%. El dato es relevante porque con salarios absolutamente empobrecidos la mayor parte del ingreso de los docentes va a parar a necesidades básicas de alimentación. Incluso siguiendo la lógica que adopta la conducción sindical, de negociar lo perdido -considerando sus propios números-, deberíamos arrancar por un aumento mínimo de 14% en una sola cuota, para arrancar y recuperar lo que fue extirpado de nuestro salario. Incluso eso nos dejaría debajo de la pobreza.

Mientras dicen que la inflación pronosticada para este año del 29% será la que guíe la discusión en cómodas cuotas a lo largo del año, pretenden ignorar que ese 29% es un dibujo que rápidamente será superado por la realidad y dan por enterrado un reclamo que parta de la realidad actual del salario y del aumento del costo de vida. Han desplazado de la negociación las necesidades salariales, materiales y concretas de la docencia y evitan establecer como horizonte alcanzar, al menos, la línea de pobreza. Esto requiere un aumento de, por lo menos, un 45 o 50% en los salarios docentes. La burocracia acepta que se puede educar en la pobreza y le da la derecha al gobierno para negociar la miseria.

Además de negociar sin mandato (no han llamado a una sola asamblea o plenario de delegados ni nada), en cuotas, e ignorando el programa y las necesidades de la docencia, la burocracia cacarea con que no aceptará las sumas fijas. Pero a la par anuncia que habrá $1.500 pesos (suma fija y en negro) para que sean los propios docentes quienes compren de su salario los barbijos y las máscaras necesarios para volver a clase y que el gobierno no provee. Una fantochada miserable que no solamente promueve la miseria y la fragmentación del salario, sino que además multiplica los riesgos sanitarios, que significa el regreso a clases presenciales, en escuelas que no cumplen las condiciones.

Muchas escuelas ya han empezado a realizar asambleas y reuniones y a establecer mandatos que orientan y definen un programa para intervenir. Un masivo plenario docente resolvió además un plan de acción que incluye una movilización el día 24, que haga oír y ponga en la calle el programa de las escuelas, y un nuevo plenario con toda la comunidad educativa para el próximo 6 de marzo. Este programa parte de la exigencia al gobierno de todas las garantías sanitarias, edilicias y de condiciones de trabajo para la vuelta a clases presenciales, y el reclamo de un aumento salarial de 50% que lleve el salario docente por arriba de la línea de pobreza. No hay escuela, educación o presencialidad “cuidada” posible si la sostenemos en la pobreza.

El Congreso Nacional de Tribuna Docente de este 20 y 21 de febrero será una instancia para organizar y preparar la intervención de la docencia con un programa propio, independiente del gobierno y la burocracia sindical y tomará en sus manos la tarea de desarrollar una dirección para el activismo docente de todo el país.