Sindicales

13/1/2025

Docentes de Santa Cruz solicitan paritarias y Vidal “patea la pelota” para adelante

Claudio Vidal.

A poco de asumir, la nueva conducción de Adosac (sindicato docente de Santa Cruz) ya solicitó en dos oportunidades la apertura de paritarias y una reunión con el gobernador Claudio Vidal. Los tres pedidos aún no tienen respuesta a pesar de que desde el gobierno dicen estar “trabajando”.

La urgencia de las paritarias, entre otras cosas, se debe a la necesidad de avanzar en la recomposición salarial para el sector docente. Lejos de que los sueldos estén bien, la realidad es que los cargos de base del sistema están todos bajo la línea de la pobreza: alrededor de $850.000 de salario de bolsillo contra $1.010.000, si tomamos el Indec al 30 de noviembre, o $1.220.000 si tomamos la estimación de la UNPSJB (Universidad San Juan Bosco).

En porcentajes necesitaríamos un aumento superior al 20% para alcanzar la medición del Indec y de un 45% para llegar a la medición de la Universidad de la Patagonia SJB. La diferencia es tan importante que no se arregla con una conversación de último momento antes del 24 de febrero.

Recordemos que en 2015 esos salarios estaban por encima de la medición del Indec, luego Alicia Kirchner hundió nuestro salario a menos de la mitad de su valor. Gracias a las inmensas luchas de nuestro gremio con las huelgas de 2023 y algunos paros claves en 2024, se ha logrado una todavía muy insuficiente recuperación salarial.

Nuestra pelea no ha sido en vano, sino que ha sido muy importante e incluso influyó en la caída de un gobierno que había tomado a los docentes como enemigos. Entre los logros cuenta el reconocimiento de algunos reclamos largamente postergados (anulación del presentismo en los listados, recuperación del 3×1 en el escalafón, entre otros). Alicia siempre quiso quebrar a la Adosac y ahora Vidal la continúa con una multa absurda de $1.700 millones, para intentar liquidar económicamente a la asociación.

Las solicitudes no solo se relacionan a lo salarial sino también a la inversión en los edificios escolares de toda la provincia. Y es que a pocas semanas de iniciado el plan de mantenimiento estival no se sabe qué escuelas se están reparando. En 2024 hubo más suspensiones de clase por problemas de calefacción, agua, cloacas y conexiones eléctricas que por paros docentes, es decir, que si el gobierno no ejecuta los arreglos pronto, tendremos un 2025 similar.

En lo pedagógico, volvió de pronto el 075 en secundaria, que con pocas predicciones en cuanto a la repitencia que conlleva a la superpoblación de las aulas por la escasez de edificios escolares, será el gran problema en 2025. Es que recién hacia fines de año el CPE se dió cuenta de que podrían repetir en el nivel secundario más del 60% de estudiantes por escuela. La “solución” fue un parche vergonzoso: tres días antes del comienzo del receso lanzaron la Escuela de Verano. Nada indica que vaya a tener resultados favorables, no solo porque se pretende que los estudiantes aprueben en dos semanas lo que desaprobaron en todo un año y sin los docentes que conocen sus trayectorias, sino también por la falta de proyectos que contemplen todas las áreas en cada escuela.

Otro tema es la crisis de la “inclusión” forzada: una inclusión sin recursos pedagógicos adecuados, ni apoyo suficiente de docentes especializados, ni designación de parejas pedagógicas para afrontar ese nuevo desafío.

La otra cuestión que urge es la CSS, que no está brindando servicio adecuado en relación con medicamentos, derivaciones, coseguros excesivos y falta de prestadores médicos, particularmente sobre las especialidades. En 2024 se recortó el Vademecum y hacia finales de año se fijó un monto de hasta $500.000 diario para que los y las afiliadas accedan a sus remedios; esto quiere decir que si la farmacia supera ese monto a determinada hora la persona debe ir al otro día para adquirir sus medicamentos.

La CSS de una vez por todas debe ser manejada por los y las trabajadoras del estado. Hemos tenido 35 años de intervención y ahora tenemos una Intervención encubierta porque el control absoluto de las decisiones lo mantiene el Poder Ejecutivo, dejando a los vocales electos una minoría sin poder. Los aportes de más de 90.000 trabajadores del estado deben bastar para brindar un mejor servicio.

Apenas comienza el año y ya se puede visibilizar que los mismos problemas afectan a todos los sindicatos de la provincia. El salario, lo edilicio, la CSS y la Caja de Previsión Social son temas del conjunto, y si el gobierno no abre el diálogo y aporta soluciones habrá que actuar en unidad y en las calles. Se avecina un 2025 para luchar y defender cada derecho.

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