Sindicales
2/12/2025
El fallo contra Piegari y el verso patronal de la "industria del juicio" para defender la precarización
La empresa debe pagar una indemnización por despedir a un trabajador en riesgo durante la pandemia, tras 26 años de vulnerar sus derechos.
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Restaurante Piegari.
Las presiones patronales para imponer una reforma laboral antiobrera están al orden del día, con todo tipo de campañas y operaciones mediáticas, como la que ocupó gran parte de los periódicos y noticieros en los últimos días, con el propietario del restaurante porteño Piegari S.A. lamentándose de tener que pagar una indemnización laboral por arriba de los 100.000 dólares, por dejar en la calle a un trabajador con 26 años de antigüedad en medio de la pandemia de Covid-19, con una condición médica de alto riesgo (Epoc) e intentando hacer pasar el despido como “justificado”.
El caso ocupó gran parte de los titulares mediáticos, intentando mostrar una supuesta “interpretación desproporcionada” de la Justicia, alimentando la construcción teórica-patronal de la “industria del juicio”, con un fallo que vino a sancionar la conducta negrera, expulsiva y criminal de la patronal de Piegari, que no solo vulneró durante un cuarto de siglo los derechos del trabajador injustamente despedido, sino que además intentó deshacerse de él en circunstancias de alta vulnerabilidad y luego especuló durante cinco años de juicio para que la inflación licuara cualquier reclamo indemnizatorio.
La campaña de las patronales alrededor de este casó integró incluso la amenaza de cierre del establecimiento y el supuesto despido de 100 trabajadores por "responsabilidad del trabajador" víctima de la actividad negrera de la patronal. Esto fue utilizado para alimentar un falso relato de la "industria del juicio", con patronales que ponen de manifiesto que su negocio consiste en precarizar al máximo a los trabajadores y sus condiciones laborales.
El fallo de la Justicia condenó a la demandada (Piegari) al pago de $9.429.176 más intereses (IPC más 3% anual), reconociendo el despido indirecto de un mozo con 26 años de antigüedad en la empresa, con la indemnización agravada por tratarse de un despido bajo la pandemia y tomando como base para el cálculo un salario que reconocía las sumas no “blanqueadas” por la patronal, que hacían a más del 50% de los ingresos del trabajador.
El trabajador tuvo que recurrir a la Justicia como resultado de la negativa de la empresa a pagarle salarios adeudados y el dudoso requerimiento de la patronal para que el empleado se presente a trabajar durante la pandemia estando licenciado por razones de salud, siendo una de las personas perteneciente a los grupos de riesgo por padecer Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).
La patronal se valió de estas circunstancias de mayor vulnerabilidad del trabajador para intentar su desvinculamiento, evitándose así pagar la indemnización correspondiente por la amplia antigüedad en servicio para la empresa, más los agravantes ya señalados (reconocimiento íntegro del salario, aportes, etc.).
Tras el fallo, el empresario Isaac Alberto “Tito” Chinkies, a cargo del establecimiento, salió a despotricar contra la decisión judicial argumentando que la deuda que supera los 200 millones de pesos serían “como si le tuviéramos que pagar al mozo 8 millones de pesos por mes de sueldo”, ocultando que dicho monto final viene a compensar (deficientemente) 26 años de salarios mal pagados y derechos desconocidos.
El mozo en cuestión trabajaba una jornada laboral de seis días a la semana con un franco, 10 horas por día, por un salario reconocido de $40.000 y otros $60.000 no reconocidos, pagados en efectivo.
La patronal de Piegari se benefició durante un cuarto de siglo de pagar aportes patronales, salarios e impuestos por debajo de lo que correspondía, vulnerando derechos salariales y previsionales del trabajador. Ahora tras el fallo patalean para no pagar los intereses correspondientes para que la indemnización del trabajador no pierda poder adquisitivo, tras cinco años con saltos inflacionarios en los que el trabajador se vio privado de todo ingreso y montos adeudados por la patronal.
Las patronales comparten las pretensiones de Piegari de explotar a los trabajadores a su antojo, vulnerando todos los derechos habidos y por haber, para luego deshacerse de los mismos y en caso de que la Justicia falle “en favor” del trabajador –pocas veces falla realmente reconociendo todos los derechos vulnerados o reincorporando al trabajador a su puesto- ponen el grito en el cielo, negándose a pagar las sumas adeudadas y presionando por una rebaja ante los estrados superiores: una política que tiene a los trabajadores de rehenes durante años sin ver un peso y presentados ante la sociedad como victimarios de sus explotadores.
Los partidos políticos patronales, y entre ellos los "candidatos progresistas" como Juan Grabois, impulsan planteos similares a los de los capitalistas explotadores, con propuestas para las pymes contra la "industria del juicio", y en favor de una reforma laboral que habilite una mayor productividad del trabajo a costa de una mayor explotación laboral, por fuera de toda inversión de capital que las patronales se rehúsan a hacer.
La reforma laboral de Milei viene a consolidar esta orientación patronal, formalizando el trabajo no registrado y suprimiendo derechos laborales para que siquiera exista la posibilidad de litigar ante la Justicia en busca de alguna compensación por los derechos vulnerados. No hay que dejarse engañar, ningún trabajador se hace rico trabajando toda la vida para la patronal por dos pesos y terminando en la Justicia reclamando por una parte de lo sustraído. Son las patronales las que se llevan todas las ganancias y apelan hasta el último recurso para seguir robando a los trabajadores.
