El 9 de diciembre se desarrollarán las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la Capital Federal. Armando Cavalieri será reelegido al frente de una lista única que cuenta con el apoyo de todas las secretarías del gremio. La novedad es que el moyanismo, que presentó una lista de oposición en 2011, vuelve al redil.

La reconciliación entre Cavalieri y Moyano no está dictada por los intereses de los trabajadores, sino que forma parte de los ensayos para una reunificación de la CGT que le permita a la burocracia sindical posicionarse en la transición política que vive el país. Como expresión de dicha transición, Cavalieri tiene un pie en cada lado: mantiene una línea de diálogo con el gobierno nacional (más o menos entusiasta en función del desembolso de los fondos para Osecac) y es, a la vez, hombre de consulta de Sergio Massa. La relación de Cavalieri con el gobierno nacional es casi un reflejo de las tensiones y distensiones de las cámaras supermercadistas con el gobierno.

Para tratar de convencer a sus bases de la necesidad de apoyar a Cavalieri, los sectores del gremio que posan de combativos desarrollaron la 'tesis' de la conquista de 'posiciones' al interior del aparato, cuando ese procedimiento mezquino priva a la masa de trabajadores del comercio y los call center de una referencia de oposición y de lucha, en un año que conoció una reactivación de procesos organizativos. Quien se fortalece más que nadie con este tipo de planteos es Cavalieri. La construcción de un sindicato que pelee por los derechos de los trabajadores es incompatible con el apoyo electoral a uno de los emblemas -desde el menemismo- de la burocracia sindical argentina.

Combativos Mercantiles y Telemarketers en Lucha desarrollan una agitación en las principales concentraciones del gremio y un debate con los cuerpos de delegados combativos para no votar el 9 de diciembre por la lista única y desarrollar una alternativa a la conducción burocrática en base a un pliego urgente de reivindicaciones: por un bono de fin de año de 4.000 pesos, aprobación de la ley del teleoperador para los call centers, elecciones democráticas de delegados, abajo la tercerización y precarización laboral.