El gobierno de Alberto Fernández se apronta a mandar una nueva fórmula de movilidad a ser aprobada por el Congreso que tendría vigencia desde marzo 2021.

La fórmula será en base al 70% del Ripte (promedio de variación salarial) y al 30% de recaudación impositiva (aportes, IVA, Ganancias e impuestos). Descarta la variación inflacionaria en momentos en que se encuentra en marcha una enorme crisis económica con la perspectiva de una megadevaluación y sus consabidas consecuencias sobre precios y tarifas.

No es nada nuevo. Se asemeja a la utilizada durante el kirchnerismo entre el 2009 y el 2017 que generó un enorme retroceso en las jubilaciones, pensiones y Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Y, en general, replica la recesión, la caída del poder adquisitivo del salario y la evasión patronal.

El RIPTE, basado en la variación salarial, es insignificante en medio de paritarias a la baja allí donde se convocan y está en retroceso constante debido al crecimiento del trabajo precario, a los despidos y a la rebaja salarial de los trabajadores suspendidos pactada entre las patronales y los sindicatos.

La recaudación también se encuentra afectada por la moratoria resuelta por el gobierno que perdona las deudas de las patronales y por las eximiciones de aportes con la excusa de la pandemia. Se desvincula por completo la jubilación del aporte del trabajador tomado a moneda constante, que es lo que reflejaría una actualización por IPC (precios al consumidor).

La “nueva” fórmula, una señal al FMI

La presentación de la nueva fórmula de movilidad forma parte de las “señales de auxilio de Guzmán al FMI” (Clarín, 18/10), por las cuales “el aumento del haber medio del gasto de jubilaciones y prestaciones previsto en el Presupuesto 2021 supone un aumento del haber medio de 25%, 4 puntos porcentuales inferior al 29% de inflación promedio implícita en el Presupuesto 2021”. Todos los analistas coinciden en que el partido fundamental con el FMI se juega en el tema jubilaciones.

Con la nueva fórmula pretenden asegurarle al FMI la baja del “gasto” del Estado, para llevar el déficit fiscal a la mitad del 2020. Claro, a costa de los más vulnerables, los jubilados.

Los jubilados de la mínima no han sido privilegiados, sino hundidos

El proyecto en curso no plantea una recomposición de la mínima que hoy se encuentre en $18.124 mientras la canasta básica jubilatoria calculada por la Defensoría de la Tercera Edad la lleva a octubre 2020 a $ 49.614.

El decreto previsto en diciembre, que seguirá regido por el dedo presidencial, redondeará una pérdida récord para los jubilados en un solo año. En marzo el ajuste que debía ser de 12,8% fue de 2,3% más un plus de $1.500 para la mínima y menor porcentaje para las mayores a la mínima. En junio debía ser de 10,9% y dieron 6,12%. En septiembre debía ser de 9,88% y dieron 7,5%.

Según Silvia Stang de La Nación del 16/10, durante el año de vigencia de la movilidad por decreto los aumentos fueron entre el 18,4% y el 28,9% (por la diferenciación entre el aumento de la mínima y del resto en marzo), cuando por la fórmula del 2017 hubiera implicado el 35,9%.

Esto se suma a que en tres años la pérdida ha sido entre 14, 8 y el 21, 8% (Dra A. Falcone, Infobae 17/10), integrando la pérdida durante Macri y la actual. Lo cual marca una continuidad estratégica en cuanto a jubilaciones se refiere.

Ahora, la nueva fórmula no solo implicará una pérdida respecto a la inflación porque no se la tiene en cuenta (salvo que esta sea mayor que los resultados de la fórmula ante lo cual se daría un plus fuera del haber a los de la mínima), sino que además se calcula con enorme atraso. Concretamente, para el aumento de marzo 2021 se tomará el trimestre correspondiente a septiembre/diciembre 2020.

Salimos a luchar

Mientras el gobierno hambrea a los adultos mayores, con el apoyo de la CGT y la CTA que avalan las tratativas con el FMI y las políticas patronales, los jubilados vienen ganando las calles y luchando aún en medio de los estragos del coronavirus.

La consigna de “Los jubilados financian al Estado y no al revés” toma enorme vigencia porque continúa el vaciamiento y desfinanciamiento de la Anses con el uso de los fondos previsionales para subsidiar a los capitalistas con el pago de los ATP, liquidando bonos previsionales dolarizados para evitar la corrida bancaria y con el uso del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) para obra pública mientras siguen postergando el pago de las deudas que tienen las provincias, eximen de aportes a las patronales y establecen moratorias de impuestos que no tributaron a la Anses. Con las cajas provinciales el manejo es equivalente. Los gobiernos incluyen los fondos jubilatorios en el presupuesto y en el manejo de las finanzas provinciales promoviendo todo tipo de negociados con los capitalistas amigos.

Con la consigna de “Los jubilados financian al Estado y no al revés”, la reunión de organizaciones de jubilados del 9 de octubre resolvió convocar a una Jornada Nacional de Lucha Jubilatoria continuando con las medidas tomadas durante la pandemia que fueron desde un Plenario Nacional Virtual con cientos de participantes el 25 de agosto, la Audiencia Pública por los derechos jubilatorios y en defensa de la movilidad realizada en el Congreso el 4 de septiembre y la gran jornada de lucha del 23 de septiembre.

El acuerdo entre el Plenario de Trabajadores Jubilados, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, los Jubilados de Izquierda, el Frente que coordina a los Jubilados en Lucha de Córdoba, los Jubilados en Lucha de Chubut, la Comisión jubilatoria de Amsafe y el apoyo de las organizaciones de Misiones, Neuquén y Entre Ríos, consiste en ganar las calles con caravanas, marchas, actos, carteleadas tomando en cuenta la situación de Covid en cada localidad.

Lamentablemente quedó fuera del acuerdo por el momento UTJEL, de Izquierda Socialista, que volvió a manifestar su oposición a ganar las calles, tal como lo hicieron el 23 de septiembre, cuestión sin fundamento ya que los adultos mayores no se pueden quedar en casa tanto porque los $18.250 los obligan a salir a changuear o a comer en comedores comunitarios como porque hay luchas jubilatorias callejeras en varias provincias, desde los cortes y marchas de docentes y jubilados en Misiones, Córdoba, Chaco, de los Multicolor en Buenos Aires y Neuquén, hasta las caravanas sistemáticas en Chubut.

Esta nueva jornada del 4 de noviembre empalma con la luchas por el pago de las jubilaciones que tiene tres meses de atraso de Chubut; la de Córdoba que reuniéndose en Cabildo Abierto enfrenta la reforma de Schiaretti resuelta en medio de la pandemia; con Entre Ríos también en el camino exigido de liquidación de la cajas provinciales y armonización con Anses; con las luchas en Chaco, Misiones y Santa Fe por el cumplimiento del 82% móvil y con las luchas de docentes y estatales junto con jubilados por la defensa de las cajas y de las obras sociales que recorre el país. Las luchas provinciales se unen con los jubilados de la Anses obligados a enfrentar al FMI, al gobierno y a la contención que ejercen los sindicatos y las centrales obreras que no toman la lucha jubilatoria y se reúnen a confraternizar con el FMI, nuestro enemigo número uno.

Todas las organizaciones coincidieron en que la Jornada debe plantear el rechazo a las negociaciones y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, defender la actualización de la mínima, el 82% móvil, la devolución de todo lo adeudado por la suspensión de la movilidad y de todos los fondos saqueados de Anses y de las cajas provinciales junto con la restitución de los aportes patronales. Se plantea la dirección de la Anses y de las Cajas, del Pami y de las obras sociales, por parte de directorios electos por los trabajadores y jubilados y un plan estatal de viviendas para trabajadores y en especial para los adultos mayores.

Se invita a formar parte de la Jornada de lucha a los sindicatos recuperados, comisiones internas y agrupaciones en lucha en el camino de defender la unidad de trabajadores activos y jubilados y de imponer la lucha por la movilidad y los derechos jubilatorios en la CGT, en la CTa y en sus sindicatos, exigiendo su ruptura con el gobierno y sus planes de ajuste.

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