El conflicto que vienen protagonizando los autoconvocados de Garbarino, quienes reclaman el pago de la deuda salarial (4 sueldos, bonos y aguinaldo), adquiere nuevos elementos para caracterizar la naturaleza podrida y antiobrera de la patronal y la clase capitalista que integra. Desde que Carlos Rosales y Mariana Casares compraron en junio del 2020 Garbarino no han hecho más que vaciar la empresa. Accedieron a la compra fruto de sus aceitadas relaciones tanto con el gobierno nacional como con la burocracia que dirige Cavalieri. Al mes siguiente del inicio de su gestión se dejaron de pagar aportes jubilatorios, obras sociales y prepagas. En enero de este año, Swiss Medical anunció la suspensión de la cobertura por falta de pago y Omint anunció lo mismo ahora en julio.

Además de la condena al hambre que implica dejar de cobrar el salario en un contexto inflacionario donde son los alimentos los que más aumentan, se condena al conjunto de trabajadores a la falta de cobertura médica ¡en medio de una pandemia! Los autoconvocados han denunciado ante el Ministerio de Trabajo en sus movilizaciones que hay trabajadores que son pacientes oncológicos o tienen familiares con tratamientos de esta índole, muchos también dependientes de medicaciones costosas para otro tipo de tratamientos.

También denunciaron la situación de trabajadoras embarazadas que se quedaron sin cobertura. Nos interesa desarrollar la situación de estas mujeres. Aunque se ataca al conjunto de los trabajadores en lo que respecta al acceso a la salud, en el caso de las trabajadoras este ataque impacta de una manera particular porque además se vulnera su derecho a una gestación segura.

En un comunicado que compartimos abajo, Soledad Barzola, trabajadora de la empresa que se encuentra cursando un embarazo de riesgo, denuncia el peloteo entre la patronal y la obra social. Lejos de garantizar su integridad física, es obligada a realizar personalmente trámites burocráticos para intentar asegurarse alguna cobertura cuando debería hacer reposo.

Al recibir un petitorio de los autoconvocados exigiendo una solución a su situación, el gobierno se comprometió a devolver la cobertura en una semana. Promesa que hasta el día de la fecha no se cumplió. A este caso se suma el de Marina, otra trabajadora embarazada que se quedó sin cobertura a menos de un mes de la fecha de parto. Es relevante señalar el cinismo de Armando Cavalieri, quien en 2018 emprendió junto al resto de burócratas dirigentes de la CGT una campaña contra la legalización del aborto que se discutía en el parlamento nacional. Mucho alarde de su “defensa de la vida”, pero no se pronunció ni movió un pelo para garantizar a estas compañeras lo que necesitan para transitar el resto de su gestación en buenas condiciones y con cobertura médica.

El impacto particular sobre las mujeres da cuenta de la discriminación estructural que sufrimos en el mercado laboral. En casi todos los gremios persiste una brecha salarial en donde por las mismas tareas las mujeres cobramos un 30% menos, además de ser quienes sufrimos en mayor medida el acoso laboral o quienes somos increpadas sobre nuestra vida personal (si tenemos pareja o hijos que mantener) cuando acudimos a una entrevista de trabajo. Somos a su vez las más precarizadas y las primeras en caer en la desocupación, algo que reflejan las estadísticas y la realidad en los barrios donde aparecemos a la cabeza de la lucha contra el hambre. En este caso, las trabajadoras de Garbarino luchan con la solidaridad de sus compañeros, no solo por el derecho a la cobertura médica sino también por el derecho a una gestación y maternidad segura.

En este vale denunciar la impostura del gobierno. La gestión de Alberto Fernández hizo alarde del flamante Ministerio de Mujeres, sin embargo, lejos de intervenir sobre los problemas reales su conformación no frenó la epidemia de femicidios y mucho menos interviene con políticas que apunten a desarticular las desigualdades que sufrimos en el trabajo, como sucede con las trabajadoras de Garbarino.

Como señalamos antes, los funcionarios del Ministerio de Trabajo prometieron soluciones que nunca llegaron, cuando los días de gestación siguen pasando. El gobierno nacional tiene que intervenir, no solo para “exhortar” al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que pague la deuda de 440 millones que retiene la AGIP garantizando con ella el pago de los salarios adeudados. También debe garantizar a todos los trabajadores la continuidad de la cobertura médica, lo que implicaría en el caso de estas trabajadoras una gestación segura. Y por supuesto, asegurar los puestos de trabajo y frenar el vaciamiento. Los compromisos del gobierno son con las patronales y no con los trabajadores, y, por lo tanto, le da la espalda a los reclamos que ponen sobre la mesa los autoconvocados.

Desde la Naranja de Comercio y el Plenario de Trabajadoras, acompañamos la lucha de las y los compañeros, y reclamamos: basta de atropellos a la salud e integridad de los trabajadores. Que se garantice una gestación y maternidad segura para las trabajadoras embarazadas. Cobertura médica urgente para las compañeras y compañeros de Garbarino.

Pago inmediato de los salarios adeudados en su totalidad. Por la salud y la continuidad de los puestos de trabajo. No al vaciamiento.

Compartimos el comunicado de la compañera:

Mi nombre es Soledad Barzola, tengo 41 años, curso un embarazo de riesgo y trabajo en Garbarino. Soy una más de los tantos damnificados por el atroz desmanejo de esta empresa.

Hoy, cuento 15 semanas de gestación y el día 1° de julio fue mi última visita a la obstetra. Al día siguiente me levanté con síntomas extraños y me dirigí a la guardia de la Clínica San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Ahí comenzó mi calvario. Me negaron la atención por tener la obra social impaga por la patronal desde junio de 2.020. Hable con mis jefes y con el responsable de RR LL, pero no me dieron respuesta. Peregrinando por los vericuetos burocráticos de la obra social me dijeron que podía pasarme a un plan básico con un certificado emitido por mi empleador que, después de pasearme por su enorme decidía y la de sus secuaces, me la terminó dando y ahora es la obra social la que me demora el alta de la prestación. Ambas empresas me dejaron a mi suerte.

El día 8 de julio, fui a la guardia del Hospital de Morón, con los mismos síntomas, pero no me atendieron. No tengo dinero para movilizarme, mi familia me ayuda con lo que puede desde que vengo pasando por esta situación de vulnerabilidad extrema y la patronal me dejo a mi suerte. El día 9 llegue al Hospital Posadas a las 15:30 horas, con dolor y dureza en el bajo vientre. Sali de hacerme estudios a las 22hs. Y una hora más tarde, llegue a mi casa con pérdidas.

Hoy sigo de acá para allá, Sin cobertura, sin plata, con toda la incertidumbre, en medio de una pandemia y poniendo en riesgo mi embarazo. Espero un llamado de alguien que se comunique conmigo, aunque sea que me expliquen por qué tengo que pasar por esto. Pero no se inmutan por la vida de mi bebé. Ni siquiera cuento con la asignación familiar por prenatal, porque cuando cumplí las 12 semanas correspondientes me quedé sin cobertura. Estoy totalmente desamparada después de haberle dado a esta empresa mis últimos cinco años.

Sigo preguntándome ¿qué será del Sr. Rosales?, ¿qué sentirá al decidir sobre la vida de mi hijo?, ¿sentirá algo? ¿Qué clase de persona deja a la deriva así a otra, será humano? Pero no es por mi derecho que pido o ruego, sino por el de mi hijo”.

Para contactarse:

Soledad Barzola 1138093030