La confirmación del fracaso de la pauta inflacionaria oficial del 29% arrastra consigo a la burocracia sindical que firmó paritarias “confiando” ciegamente en el gobierno y contra todo pronóstico económico. Con un 21,5% de inflación anual y un 48,8% interanual (periodo junio-mayo), más un cuarto de los asalariados bajó la pobreza, la situación demanda una acción colectiva de los trabajadores, más que la “buena voluntad” de un gobierno ajustador.

El reclamo surge de los acuerdos firmados recientemente y de la reapertura de algunas paritarias, como la de bancarios, que obtuvieron acuerdos salariales de entre el 40 y 45%, tras la primera tanda de negociaciones salariales que cerraron entre el 30 y 35%.

En el pelotón de los “actualizados” se encuentran Camioneros (45,5%), trabajadoras de casas particulares (42%), Anses (45,5%) y bancarios (43%). Mientras que los tres primeros cerraron a la baja, contra una inflación para el mismo periodo del 48,8%, el último tuvo que negociar un plus para que la paritaria no resulte escandalosa. Aunque ya se vaticina que llegarán a fin de año perdiendo.

Los que se jugaron prematuramente por la paritaria oficial y quedaron “fuera de juego” son ATE (35%), UOM (35%), Comercio (35%), Construcción (33%), Sanidad (paritaria vencida 36,1%), Docentes (34,6%), entre otros. Son los sectores que acataron inmediatamente el “acuerdo de precios y salarios” del gobierno, que resultó en una estafa para los trabajadores y una vía libre para que las patronales liberen precios y maximicen ganancias.

La “revisión” permanente

Tanto unos y otros sectores -algunos al frente de la CGT y otros en la contienda por el liderazgo- sellaron acuerdos que al tiempo de firmarse “superaban” levemente las estimaciones oficiales actuales (año calendario), escondiendo el ajuste real en los periodos vencidos. Solo unas pocas paritarias, y no justamente estas, superan a los precios en la comparación con el mismo periodo o con los pronósticos.

Por este mecanismo se continúa acumulando una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, que se encubre bajo cláusulas de revisión que se incumplen o que son el pretexto para incorporar sumas no remunerativas, extraordinarias o bonos que “dibujan” acuerdos más altos de lo que en verdad son.

Según las cifras aportadas por el Indec, en promedio, los salarios reales del conjunto de los trabajadores cayeron un 20,1%, en los últimos tres años, en relación a la inflación.

Las cláusulas de revisión que firma la burocracia son solo formales y por lo general no integran ningún término vinculante. Y cuando están condicionadas a un eventual traspaso de un umbral inflacionario, solo establecen la posibilidad de “hablar” con las patronales, sin ningún compromiso previo de aumento.

El método del clasismo

El contraste con la política entreguista de la burocracia sindical es la del sindicalismo clasista y combativo.

Un caso paradigmático es el del Sutna (neumático), que firmó en abril (cuando todos cerraban por el 30-35%) una paritaria del 54% y una cláusula que garantiza 5 puntos por arriba de la inflación. El acuerdo no es resultado de la bonanza patronal, el Sutna se caracteriza por librar distintas luchas por los reclamos de sus trabajadores en las tres plantas centrales del gremio (Fate, Pirelli y Bridgestone) y contra la política ajustadora del gobierno nacional, integrando el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Otro es el caso de los trabajadores vitivinícolas, quienes conquistaron un aumento del 57%, tras una intensa lucha, con un paro nacional y bloqueo en las principales fincas y puertas de bodegas. O los y las trabajadoras de la salud de Neuquén, quienes obtuvieron el 53% de aumento, luego de dos meses de paro, piquetes y movilizaciones que conmovieron a la provincia y el país, enfrentando a la propia dirección de sus sindicatos (ATE y UPCN) que habían firmado a la baja.

Se trata de procesos que, partiendo de una correcta caracterización de la política del gobierno y el ajuste de las patronales, desenvolvieron la fuerzas de los trabajadores para evitar que se consume un recorte sobre sus salarios y garantizar aumentos que recuperen el poder adquisitivo de los trabajadores. Muy lejos de los “pedidos” de la burocracia cegetista al gobierno, sin mediar ningún atisbo siquiera de paro dominguero.

El mecanismo de actualización que propone la burocracia sigue el camino de la pérdida del poder adquisitivo, cuando la inflación ronde el 50% al terminar el año y cuando se precipite la situación económica una vez vencidas las elecciones de medio término, con más ajuste desde el gobierno.

Las cláusulas truchas de revisión, que sirven para cubrir las espaldas de los dirigentes sindicales ante cada una de las entregas, deben ser reemplazadas por cláusulas de indexación salarial. No existe razón que impida adecuar los salarios a la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor, partiendo de una recomposición salarial que ubique los ingresos obreros por arriba de la canasta familiar de casi $100.000. Esto, junto al seguro universal al desocupado y la jubilación mínima por arriba de la canasta básica, debe conquistarse con los métodos de la clase obrera y su acción colectiva. Ni pidiendo permiso al gobierno del FMI y el ajuste.

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